Regularizaci¨®n irregular

Este fin de semana se han producido en Barcelona nuevos encierros de colectivos de inmigrantes para denunciar que el proceso de regularizaci¨®n, iniciado el 7 de febrero, puede dejar sin papeles a una parte importante del casi mill¨®n y medio de extranjeros que se encuentran en Espa?a en situaci¨®n irregular. Y pese a que en el pasado se haya podido criticar a alguno de los sectores impulsores de la protesta de alargar los encierros, poniendo en peligro de expulsi¨®n a sus participantes, lamentablemente en este momento los temores sobre las insuficiencias del proceso est¨¢n m¨¢s que justificados.

El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se encontr¨® con m¨¢s de un mill¨®n de extranjeros en situaci¨®n irregular. Y culp¨® de ello tanto a la pol¨ªtica de extranjer¨ªa del PP, como al efecto llamada la econom¨ªa sumergida, aunque parece que Zapatero olvidaba que la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa impulsada por el PP, realizada mediante las leyes org¨¢nicas 11 y 14/2003, fueron aprobadas con el voto del PSOE. Y as¨ª, el nuevo Gobierno decidi¨® que, sin modificar la ley, aprobar¨ªa un reglamento que pretender¨ªa legalizar a los irregulares que denunciaran a sus empresarios y, previamente, se abrir¨ªa un proceso de regularizaci¨®n para aquellos que estuvieran empadronados desde antes del 7 de agosto de 2004 y tuvieran una oferta de empleo del empresario.

Pese a que evidentemente con este proceso ser¨¢n cientos de miles los inmigrantes que se regularizar¨¢n, una parte importante, como han denunciado los impulsores de los encierros, ser¨¢ excluida. Muchos, por carecer del padr¨®n municipal. ?ste es el caso de aquellos que vinieron inicialmente como estudiantes y no se empadronaron dado que ya pose¨ªan el seguro m¨¦dico que se obliga a tener a los estudiantes extranjeros, o porque dorm¨ªan en barracas que les facilitaban o que les permit¨ªan construir los propietarios agr¨ªcolas para los que trabajaban y cuyo empadronamiento fue rechazado por los ayuntamientos al no considerar tales construcciones como viviendas. Otros muchos se van a quedar fuera del proceso por la dificultad de reunir documentos como los certificados de penales de su pa¨ªs en s¨®lo tres meses, sobre todo los originarios de pa¨ªses que no poseen una red consular para tramitar con diligencia las miles y miles de solicitudes.

Y otros muchos tampoco ser¨¢n regularizados por la negativa de los diferentes empresarios para los que han trabajado temporalmente desde que llegaron a Espa?a a firmar el documento por el que se comprometen a contratarlos en el futuro.

As¨ª las cosas, muchos extranjeros est¨¢n siendo despedidos o sujetos a una rotaci¨®n constante de empresas distintas para que no puedan denunciar a ninguna, dado que no podr¨¢n demostrar una continuidad con ninguna de ellas.

Y otros muchos est¨¢n siendo chantajeados a abonar un dinero por el precontrato de trabajo, imprescindible para la regularizaci¨®n.

El ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, con evidentes dosis de ingenuidad, piensa que terminado el proceso de la regularizaci¨®n -del que, como se hizo en los seis anteriores,tambi¨¦n se ha dicho que ser¨¢ el ¨²ltimo-, los extranjeros sin papeles podr¨¢n denunciar a sus empleadores consiguiendo que aflore la econom¨ªa sumergida.

Pero en un momento en que en muchos sectores productivos, incluidas las obras p¨²blicas y servicios hechos desde la Administraci¨®n, se recurre a la famosa subcontrataci¨®n en cadena, la eventualidad de la mayor parte del personal es una condici¨®n imprescindible para que salgan las cuentas.

Y ¨¦ste es un terreno que, para ser competitivo, necesita tantas veces mano de obra irregular que ahora deber¨¢, tan s¨®lo, acortar a unas semanas el tiempo de continuidad para evitar que se denuncie.

Y as¨ª, quienes no obtengan papeles en el proceso ahora iniciado continuar¨¢n en la econom¨ªa sumergida, pero en una situaci¨®n m¨¢s precaria que la actual.

Xavier Rius-Sant es periodista.