La auditor¨ªa sobre la gesti¨®n de CiU desvela anomal¨ªas seg¨²n un informe desaparecido

La gesti¨®n de Adigsa durante los ¨²ltimos Gobiernos de CiU estaba absolutamente fuera de control. La auditor¨ªa realizada por el Gobierno tripartito desvela que las obras destinadas a reformas en los barrios de vivienda social se efectuaban "sin proyecto, sin previsi¨®n de coste, sin plan de financiaci¨®n y sin fecha de finalizaci¨®n". Por esta v¨ªa se gastaron 191,5 millones de euros de 1997 a 2004. La auditor¨ªa se apoya en un "informe de la direcci¨®n financiera de Adigsa, nunca hecho p¨²blico", que nadie ha logrado localizar. O no existi¨® o ha desaparecido.

La auditor¨ªa relata la existencia de convenios entre Adigsa y las asociaciones de vecinos -de los que la izquierda siempre sospech¨®- y dice: "Estos convenios eran una retah¨ªla de actuaciones que no dispon¨ªa de proyecto ni de estimaci¨®n de coste [un informe de la direcci¨®n financiera de Adigsa, nunca hecho p¨²blico, hablaba de 45.000 millones de pesetas, es decir, 270 millones de euros], ni de financiaci¨®n para ser llevados a cabo". Pero este informe no aparece por ninguna parte.

Un portavoz de Adigsa asegura que nunca ha existido, mientras que el Departamento de Econom¨ªa, responsable ¨²ltimo de la auditor¨ªa y cuyo titular es Antoni Castells, remiti¨® al de Presidencia. Una nota del Gobierno en respuesta a preguntas de este diario no hace referencia al informe y afirma: "Esta estimaci¨®n [los 270 millones de euros] fue facilitada verbalmente por la direcci¨®n financiera de la empresa".

Adigsa es una de las empresas sobre las que se han posado los ojos de la ciudadan¨ªa y, especialmente, de la fiscal¨ªa. Sobre todo tras la denuncia puesta por un empresario, seg¨²n la cual ten¨ªa que pagar el 20% del coste de las obras en concepto de comisiones. El empresario, Juan Antonio Salguero, asegur¨® a la fiscal¨ªa que ese 20% se a?ad¨ªa al importe final de la factura y que el intermediario era Josep Maria Pen¨ªn, familiar lejano del ex consejero de Obras P¨²blicas, Felip Puig. Pen¨ªn y Puig han coincidido en el Departamento de Bienestar Social (Puig era director general y Pen¨ªn, empleado interino); en el partido (Puig como secretario de organizaci¨®n y Pen¨ªn como ch¨®fer del entonces secretario general, Pere Esteve) y en Pol¨ªtica Territorial, departamento al que fue transferida Adigsa cuando fue nombrado Puig. La auditor¨ªa se?ala que el plan de esos supuestos 270 millones de inversi¨®n previstos nunca se ejecut¨®, pero s¨ª se han hecho obras con criterios de dif¨ªcil comprensi¨®n. Criterios que la izquierda, cuando estaba en la oposici¨®n, siempre atribuy¨® a sectarismo pol¨ªtico. En concreto, Iniciativa per Catalunya Verds hab¨ªa denunciado repetidamente en el Parlament que las inversiones en barrios hechas por Adigsa no respetaban prioridades, sino que estaban directamente vinculadas a la intenci¨®n de Converg¨¨ncia de penetrar en un tejido social mayoritariamente dominado por la izquierda. La persona que estaba en el punto de mira de la izquierda por estas pr¨¢cticas era Felip Puig, de quien depend¨ªa Adigsa en su etapa de alto cargo (director general, primero, y luego secretario) en el Departamento de Bienestar Social.

Breve y demoledor

El informe sobre la gesti¨®n de Adigsa durante las ¨²ltimas Legislaturas de CiU es demoledor, pese a su brevedad. Adem¨¢s de rese?ar que dispon¨ªa de casi un millar de viviendas vac¨ªas, apunta a que el plan de obras previsto, que supuestamente hubiera tenido que contar con esos 270 millones de euros, nunca ha sido ejecutado. En su lugar, la empresa ha realizado una serie de actuaciones sin criterios claros cuyo importe suma 191,5 millones de euros. Y lo que es m¨¢s grave, este dinero s¨®lo ha servido para hacer la mitad de las obras que habr¨ªa que llevar a cabo en los pol¨ªgonos de vivienda social que gestiona Adigsa. El resto de actuaciones pendientes supone un desembolso no inferior a 208,5 millones de euros m¨¢s, con los precios de 2004.

La desaparici¨®n del informe sobre Adigsa arroja sombras sobre la auditor¨ªa realizada por el tripartito. Dentro del propio Gobierno que preside Pasqual Maragall se han elevado voces lamentando la escasa perspicacia a la hora de analizar las cuentas de la ¨¦poca de CiU y lamentando que esta falta de transparencia pueda acabar manchando al propio tripartito.

Adem¨¢s del caso de Adigsa, algunos consejeros se?alan como incongruente que no se haya auditado el conjunto de obras p¨²blicas del Gobierno de CiU y, sobre todo, que no se haya auditado al completo a la empresa GISA, que gestionaba y adjudicaba la mayor parte de las obras. La auditor¨ªa s¨®lo examin¨® los proyectos financiados con fondos europeos entre 2001 y 2003 por un importe de unos 102 millones, cuando las obras realizadas por GISA en este periodo suman casi 2.370 millones, menos del 5%.