Independientes

La Constituci¨®n establece como principio la independencia de los jueces. Si los jueces han de ser independientes se supone que sus ¨®rganos de gobierno tambi¨¦n. No en vano la democracia se funda en la divisi¨®n de poderes. Y, sin embargo, llevamos a?os asistiendo al deprimente espect¨¢culo del nosotros y el vosotros, la mayor¨ªa conservadora y la minor¨ªa progresista, en la toma de decisiones del Consejo General del Poder Judicial, que reproduce en su seno, permanentemente, las querellas partidistas propias del debate pol¨ªtico.

Hace tres meses que el Consejo tiene que cubrir 12 vacantes en el Tribunal Supremo y renovar tres presidentes de sala. Ha sido incapaz. Los conservadores quieren las tres presidencias. Nadie cede. Cuando el mal funcionamiento se hace cr¨®nico, o el mecanismo es inadecuado o las personas fallan en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La elecci¨®n de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento pretend¨ªa colocar la legitimidad democr¨¢tica por encima de la legitimidad corporativa. Pero, inmediatamente, se instaur¨® entre los partidos el sistema de cuotas, con lo cual el Consejo se convirti¨® en una prolongaci¨®n del Parlamento, sujeto al juego de las mayor¨ªas y minor¨ªas pol¨ªticas. Naturalmente, una mayor¨ªa absoluta es una oportunidad muy tentadora para cualquier Gobierno en su inevitable af¨¢n -el poder siempre quiere m¨¢s poder- de controlar el poder judicial. En cualquier caso, el resultado de la experiencia ha sido la abrumadora politizaci¨®n de un poder judicial en que las personas de fiar elegidas por los partidos entran en el Consejo con el compromiso de votar a un determinado presidente. Y cualquier persona que vaya por libre se convierte inmediatamente en sospechosa. El Gobierno socialista ha ampliado las mayor¨ªas necesarias para los nombramientos para contrarrestar el rodillo conservador que hered¨® del PP. Pero todo sigue igual. A corto plazo cabr¨ªa exigir un mayor grado de transparencia, con debate abierto en el plenario sobre los nombramientos y argumentaci¨®n del voto, para acabar con esta imagen de compadreo y conspiraci¨®n de pasillo que el Consejo da. A medio plazo cada vez son m¨¢s los que piensan que ser¨ªa razonable volver a un sistema mixto para la elecci¨®n de los miembros del Consejo, en que adem¨¢s del Parlamento intervinieran los propios jueces, como ya se hizo en el pasado, e incluso alg¨²n otro estamento.

Con todo, los mecanismos no son el ¨²nico problema. El problema de fondo, que permanecer¨¢ sea cual sea el procedimiento escogido, tiene que ver con las personas: la falta de cultura de la independencia que hay en este pa¨ªs. Y eso no s¨®lo concierne al poder judicial, sino a todas las instancias de la vida p¨²blica. Por sentido de la responsabilidad, por autoestima, por dignidad, se deber¨ªa dar por supuesto que cuando una persona accede a un cargo, y especialmente si lleva la marca constitucional del principio de independencia, lo ejercer¨¢ con plena autonom¨ªa de criterio, conforme a una idea del servicio p¨²blico entendido como contribuci¨®n al bien com¨²n (y perd¨®n por utilizar una expresi¨®n tan lejana de las modas ideol¨®gicas imperantes) y no como sumisi¨®n a los intereses de grupo. Pero esta idea republicana del Estado y sus instituciones no tiene tradici¨®n en este pa¨ªs. No est¨¢ integrada en los h¨¢bitos de los jueces, pero tampoco abunda entre los dem¨¢s servidores del Estado. ?Qu¨¦ independencia podemos reclamar a los jueces cuando los comisionados del 11-M, por ejemplo, son incapaces de buscar la verdad de los hechos con autonom¨ªa y se limitan a repetir los relatos partidistas?

Vivimos una cultura de lo p¨²blico en que la independencia de criterio es un lastre, no un valor. En cualquier nombramiento prima la fidelidad por encima de toda otra consideraci¨®n. As¨ª es dif¨ªcil que cualquier instituci¨®n, el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, pueda actuar con autonom¨ªa y elegir sistem¨¢ticamente a los mejores y no a los m¨¢s d¨®ciles. La asunci¨®n voluntaria de la sumisi¨®n en las ¨¦lites dirigentes espa?olas es uno de los lastres que limitan y limitar¨¢n la calidad de nuestra democracia. Quiz¨¢s, sea la pen¨²ltima herencia del franquismo.