Naufragio en Uruguay

La aventura de un consorcio de empresas vascas en el negocio del agua en Uruguay camina hacia un desenlace muy deslucido. Seis a?os despu¨¦s de su desembarco al otro lado del Atl¨¢ntico, los tribunales parecen ser el destino final de la empresa Uragua, participada por la el¨¦ctrica Iberdrola (49% del capital), la BBK (25%), la SPRI, sociedad de promoci¨®n industrial del Gobierno vasco (13%), y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (13%). Ya hace dos a?os, la firma decidi¨® plegar velas e iniciar las gestiones para desprenderse de la concesi¨®n del abastecimiento y el saneamiento de aguas de amplias ¨¢reas urbanas de Uruguay que obtuvo para un periodo de 30 a?os.

El consorcio vasco, que se sum¨® al descubrimiento del Cono Sur por otras empresas espa?olas en los a?os noventa, considera que el contrato debe rescindirse, con el pago de la correspondiente indemnizaci¨®n a su favor, tras el refer¨¦ndum celebrado en octubre en Uruguay, que aprob¨® que servicios esenciales como el agua deben ser gestionados por la Administraci¨®n. El Gobierno del pa¨ªs suramericano replica que Uragua ha incumplido los t¨¦rminos de la concesi¨®n y debe ser multada por ello.

Ni la empresa ni los cuatro socios vascos ofrecen datos sobre sus p¨¦rdidas

Uragua fue constituida para participar en 1999 en el concurso internacional convocado para otorgar la concesi¨®n del saneamiento y el abastecimiento de las zonas tur¨ªsticas uruguayas de Punta del Este, Maldonado y Piri¨¢polis, donde residen cerca de 375.000 personas. La concesi¨®n era por 30 a?os y supon¨ªa el pago anual al Gobierno uruguayo de un canon que ascend¨ªa a m¨¢s de medio mill¨®n de euros.

Las buenas perspectivas del negocio comenzaron a truncarse en 2002, con la crisis econ¨®mica que sacudi¨® Uruguay y supuso la devaluaci¨®n de su moneda. Aqu¨ª naci¨® el problema, ya que Uragua cobraba a sus abonados en pesos, pero pagaba al Gobierno en d¨®lares. El cambio, cifrado hasta entonces en 17 pesos por d¨®lar, se dispar¨® hasta los 35.

Ni la empresa como tal ni los cuatro socios que la integran han ofrecido datos sobre las p¨¦rdidas que les ha supuesto ya la aventura fallida: s¨®lo figuras referencias en un informe del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas, que hace tres a?os cifr¨® en cerca de un mill¨®n de euros las p¨¦rdidas atribuidas al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, uno de los socios minoritarios.

El nuevo panorama llev¨® al consorcio vizca¨ªno a iniciar en 2003 las negociaciones para vender su parte de la compa?¨ªa, ya que la concesi¨®n inclu¨ªa el pago de una penalizaci¨®n de 20 millones de euros que Uragua habr¨ªa que abonar al Ejecutivo de Uruguay en caso de una rescisi¨®n por parte de la empresa vasca. Sin embargo, las gestiones no fructificaron. As¨ª las cosas, se abri¨® una oportunidad imprevista: en octubre pasado, coincidencia con las elecciones uruguayas que dieron la presidencia a Tabar¨¦ V¨¢zquez, los ciudadanos aprobaron en refer¨¦ndum una propuesta que establece que servicios esenciales como el suministro de agua no pueden ser gestionados por la iniciativa privada. Con este imperativo se soslayaba la complicada tarea de venta y se abr¨ªa la posibilidad de una salida menos problem¨¢tica. Uragua reclama una indemnizaci¨®n, que cifra en 14 millones, por la ruptura de la concesi¨®n, a la que le restan otros 25 a?os de vigencia.

La soluci¨®n se ha complicado porque el Gobierno uruguayo aduce que el refer¨¦ndum no tiene car¨¢cter retroactivo, rechaza cualquier indemnizaci¨®n y amenaza con multar a Uragua por, seg¨²n un informe de su Administraci¨®n, incumplimientos en el contrato sobre la ejecuci¨®n de obras de saneamiento por parte de la concesionaria. "Han cometido atrasos en la construcci¨®n de obras de infraestructura. Desde 2002 dejaron de invertir", ha asegurado Carlos Colacce, presidente de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado.

La respuesta de Uragua ha sido anunciar que acudir¨¢ a los tribunales, inicialmente con una demanda de conciliaci¨®n, por "la ausencia de una actitud proactiva y ajustada a derecho" de la Administraci¨®n uruguaya. La empresa asegura que el refer¨¦ndum declara "extinguida" la concesi¨®n, por lo que el servicio debe ser prestado por el Estado, que debe proceder "al pago de la indemnizaci¨®n que se establece en la propia reforma constitucional". La firma vasca asegura que hasta el pasado mes de octubre ning¨²n organismo p¨²blico cuestion¨®, "t¨¦cnica ni formalmente", incumplimientos en la concesi¨®n del servicio de agua.