Los docentes de Granada piden a la Junta que frene las agresiones
La Junta de Personal Docente de Granada solicit¨® ayer a la Junta de Andaluc¨ªa que se implique m¨¢s en las agresiones contra profesores, como la que tuvo lugar la semana pasada en un instituto de Ense?anza Secundaria de Las Gabias, donde el padre de un alumno retuvo en su despacho, peg¨® e insult¨® al director por castigar a su hijo. Los profesores, que han convocado una huelga provincial para el pr¨®ximo martes, quieren que Educaci¨®n se presente como acusaci¨®n particular cada vez que se produzca uno de estos incidentes.
La Junta de Personal de Granada asegura que uno de cada cinco colegios de Granada (el 20%) ha registrado una agresi¨®n f¨ªsica grave. Estos ataques afectan por igual a los centros privados, concertados y p¨²blicos, seg¨²n los sindicatos de ense?anza. Esa violencia "no es generalizada", seg¨²n dijo el representante de USTEA, Juan Miguel Garrido, sino que se da en "focos localizados" que requieren la intervenci¨®n de la administraci¨®n.
Los docentes consideran insuficiente la normativa disciplinaria prevista para estos casos. Dicen que no se aplica por igual en todos los centros y aseguran que estos actos violentos dan lugar a bajas laborales entre el profesorado que son dif¨ªciles de indentificar "al diluirse entre el resto de bajas", seg¨²n Juana Caballero, representante de CSI-CSIF.
Al paro del pr¨®ximo martes est¨¢n llamados unos 10.000 profesores (6.000 de Primaria y 4.000 de Secundaria). Los huelguistas se concentrar¨¢n ante la delegaci¨®n provincial de la consejer¨ªa de Educaci¨®n. Los docentes convocar¨¢n un claustro extraordinario, recoger¨¢n firmas y pegar¨¢n carteles en todos los centros educativos, seg¨²n el secretario de la Junta de Personal de Granada, Gerardo Salmer¨®n.
Los profesores aprovechar¨¢n tambi¨¦n para recordar algunas de sus reivindicaciones actuales, como la disminuci¨®n de alumnos por aula, el fin de la precariedad laboral y de los interinos y la estabilidad de la plantilla. "Las agresiones en el ¨¢mbito educativo son doblemente condenables y requieren una respuesta contundente por parte de la administraci¨®n", afirm¨® Diego Garrido, de CC OO.
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