Reducida y profesional

De entre todas las reformas econ¨®micas, pol¨ªticas o laborales, la de la Administraci¨®n debe ser la m¨¢s dif¨ªcil de ejecutar, porque todos los gobiernos desde 1976 vienen prometiendo una sin que ninguno haya tenido ¨¦xito. En 30 a?os s¨®lo se han aplicado cambios parciales, retoques insuficientes y retazos de ideas. La ¨²ltima experiencia, a cargo del PP durante su primera legislatura, borde¨® el rid¨ªculo, con sus promesas de reducir la administraci¨®n en nada menos que 5.000 altos cargos. Al final, Aznar y su ministro Arenas se olvidaron por completo de la reforma administrativa despu¨¦s de ejecutar de mala manera peque?os ajustes cosm¨¦ticos que, siguiendo su costumbre, fueron vendidos a la opini¨®n p¨²blica como una gran revoluci¨®n.

La administraci¨®n central es demasiado numerosa para menguantes funciones que desarrolla y est¨¢ ostensiblemente mal formada

Sin embargo, el problema al que debe enfrentarse cualquier reforma administrativa, est¨¢ perfectamente diagnosticado: la administraci¨®n central -es decir, la del Estado, no la de las autonom¨ªas o ayuntamientos- es demasiado numerosa para menguantes funciones que le permite un Estado cuasi federal y, sobre todo, est¨¢ ostensiblemente mal formada. Precisemos: salvo los cuerpos de ¨¦lite, que apenas representan el 7% del n¨²mero total de funcionarios, la formaci¨®n es inadecuada, por no decir p¨¦sima en los casos m¨¢s extremos. En t¨¦rminos coloquiales de los funcionarios, hay demasiados C y D y muy pocos A y B. Una distorsi¨®n a?adida es geogr¨¢fica: sobran funcionarios en la Administraci¨®n perif¨¦rica y faltan funcionarios en Madrid.

El gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero tiene, c¨®mo no, un plan propio para reformar la administraci¨®n. Las ideas directrices de esta propuesta, elaborada por el ministerio de Administraciones P¨²blicas que hoy dirige Jordi Sevilla, parten del diagn¨®stico mencionado y persiguen el objetivo de reducir el tama?o total y, adem¨¢s, conseguir que los servidores p¨²blicos sean t¨¦cnicos formados en consonancia con los servicios que deben prestar al Estado. Este sencillo esquema de objetivos exige recortes de plantilla, dicho sea en t¨¦rminos privados, y un nuevo sistema de captaci¨®n de funcionarios que, digamos, atienda m¨¢s a la formaci¨®n profesional de los reclutados. Naturalmente, la Administraci¨®n no va a despedir al modo privado; pero cuando se sugiri¨® que la Administraci¨®n podr¨ªa poner en marcha un plan de prejubilaciones, de inmediato se indic¨® la contradicci¨®n que supon¨ªa acudir al sistema de prejubilaciones desde el sector p¨²blico cuando se hab¨ªa criticado acerbamente el uso de tal procedimiento por parte de las empresas privadas, debido al coste que se traslada a la Seguridad Social.

Lo importante es si la sociedad acepta el diagn¨®stico y el objetivo -la Administraci¨®n central debe ser m¨¢s peque?a y contar con funcionarios m¨¢s profesionales y especializados-, m¨¢s que los procedimientos para lograrlo, que deben ser negociados con los agentes implicados (funcionarios, sindicatos, resto de ministerios, etc¨¦tera). La prejubilaci¨®n s¨®lo es uno de los procedimientos varios que pueden elegirse. Por ejemplo, otro m¨¦todo que se maneja es el de la llamada cesaci¨®n (el funcionario acepta menor trabajo y menor salario, y no hay coste a?adido para la Seguridad Social y las clases pasivas). Importa que de una vez por todas se consiga mejorar la calidad de la administraci¨®n y reducir su coste... si es posible.