Maragall y el PSOE

"El PSC no tiene miedo de poner en un compromiso a Zapatero en el Congreso; s¨®lo teme fallarle colectivamente al pueblo de Catalu?a", declar¨® el viernes pasado Miquel Iceta, viceprimer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes. "El Estatuto -remach¨®- no es para hacer feliz al PSOE, sino a los catalanes" (EL PA?S, 24-9-05). Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de la votaci¨®n de ma?ana, sus consecuencias pol¨ªticas afectar¨¢n al conjunto del PSOE. Si hay un acuerdo in extremis con CiU merced a una cesi¨®n que desborde los l¨ªmites de la Constituci¨®n, el PSC habr¨¢ pasado al PSOE el tiz¨®n ardiente de tener que corregir o rechazar en las Cortes un texto refrendado por la mayor¨ªa cualificada del Parlamento catal¨¢n. Y si no hay acuerdo, gran parte de la potencialidad que Zapatero atribu¨ªa a la reforma catalana como espejo de la Espa?a plural y modelo alternativo al plan Ibarretxe, habr¨¢ deca¨ªdo.

Hace dos veranos, en Santillana, los socialistas hicieron un esfuerzo por integrar en su discurso general las propuestas de Maragall. Se acord¨® que las condiciones para aprobar reformas de los Estatutos ser¨ªan su constitucionalidad, que contasen con un amplio consenso y que fueran "congruentes con nuestro propio proyecto pol¨ªtico", identificado con el objetivo de "conseguir m¨¢s cohesi¨®n social e igualdad de derechos". Esta ¨²ltima cautela fue decayendo luego. Sin embargo, fue recuperada, en el debate del pasado d¨ªa 20 sobre el Estatuto valenciano, por la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega, que habl¨® del "inter¨¦s para la ciudadan¨ªa" -y no s¨®lo para las clases pol¨ªticas de cada autonom¨ªa- como tercer requisito de las reformas. La v¨ªspera, varios ministros hab¨ªan advertido de que no es suficiente que el texto no incurra en inconstitucionalidad para contar con el respaldo del PSOE. "Lo que sea malo para Espa?a -dijo el de Administraciones P¨²blicas- no lo apoyaremos, aunque sea constitucional". El del Interior critic¨® la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n en el Estatut.

?Resulta compatible con los objetivos de cohesi¨®n e igualdad el proyecto que se vota ma?ana? No, si se asumiera el criterio, al que no renuncia CiU, de que sea la Generalitat la que decida la aportaci¨®n catalana a la Hacienda central. Ese criterio es contradictorio con la responsabilidad espec¨ªfica del Gobierno central como garante de la solidaridad interterritorial. No tiene l¨®gica (ni f¨¢cil encaje en la Constituci¨®n) que sean las comunidades las que decidan el alcance de las pol¨ªticas redistributivas del Estado. Es dudoso que el hecho de que la cantidad se negocie en la comisi¨®n mixta, como ahora plantea el tripartito, baste para esquivar esa dificultad. De otro lado, el paulatino vaciamiento de competencias del Estado (o de medios para ejercerlas) supone tambi¨¦n limitar su funci¨®n como responsable de garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos, con independencia de la comunidad de residencia.

Los socialistas dejaron claro que no admitir¨ªan la inclusi¨®n de la autodeterminaci¨®n, pero han aceptado la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n. Ya se ver¨¢ si ello tiene o no efectos pr¨¢cticos, o s¨®lo de reconocimiento simb¨®lico. Los inspiradores intelectuales del plan Ibarretxe han argumentado que, con independencia de que lo reconozca o no la Constituci¨®n, el "derecho a decidir" (eufemismo de autodeterminaci¨®n) es inherente a cualquier comunidad que mayoritariamente se considere naci¨®n.

El nuevo Estatut establece tambi¨¦n el deber de conocimiento del catal¨¢n, como la Constituci¨®n hace con el castellano. Pero si se considera un error esto ¨²ltimo, no se corregir¨¢ extendi¨¦ndolo ahora al catal¨¢n en Catalu?a. ?Qu¨¦ utilizaci¨®n de ese precepto podr¨ªa hacer en el futuro un Gobierno presidido por un pol¨ªtico independentista? Hay s¨ªntomas inquietantes. Las sanciones a comercios por infracciones ling¨¹¨ªsticas fueron en 2004 cinco veces m¨¢s que el a?o anterior, y se han intensificado las denuncias de ciudadanos contra otros ciudadanos (?de tenderos contra tenderos, por no rotular en catal¨¢n?) en las oficinas establecidas al efecto por el actual Gobierno de la Generalitat, seg¨²n criticaba F. de Carreras en La Vanguardia (5-5-05).

Es seguro que los socialistas no pensaban en algo as¨ª cuando aprobaron en Santillana promover reformas para "conseguir un Gobierno m¨¢s cercano a la gente y capaz de proporcionar m¨¢s justicia social y m¨¢s igualdad de derechos".