Las otras decisiones
Con tanto discurso ficci¨®n como florece en la pol¨ªtica vasca, rebosante de las vaguedades del proceso y de la capacidad de decidir, se agradecen reflexiones como las expresadas la semana pasada por el diputado general de Vizcaya, el peneuvista Jos¨¦ Luis Bilbao. Unas reflexiones referidas a cosas pr¨®ximas, que se pueden ver y tocar. Como la conveniencia de redefinir entre las instituciones de aqu¨ª una asistencia social que va a ser cada vez m¨¢s demandada debido al envejecimiento de la poblaci¨®n y, en funci¨®n de ¨¦stas y otras realidades, repensar la pol¨ªtica fiscal y el reparto vigente de los recursos tributarios entre el Gobierno vasco (70%) y las diputaciones (30%). Resulta refrescante, por raro, escuchar de un responsable pol¨ªtico planteamientos que se salen del monorrail y de la tendencia aut¨®ctona a superar el autocomplaciente eslogan aznariano del "Espa?a va bien" con el hiperb¨®lico de que "Euskadi (o Vizcaya) todav¨ªa va mejor".
Adem¨¢s de afirmar eso, el pasado mi¨¦rcoles, en Gernika, Jos¨¦ Luis Bilbao dijo otras cosas que son igualmente propias de su responsabilidad institucional; desde luego, m¨¢s propias que aquel compromiso suyo inicial de hacer del impulso del plan Ibarretxe el santo y se?a de su gesti¨®n. (Si as¨ª hubiera sido, se habr¨ªa quedado sin programa de actuaci¨®n en el primer tercio de su mandato). Y las dijo con menos ret¨®rica populista que en otras ocasiones, lo que es tambi¨¦n de agradecer. Seguramente, Bilbao trata de llevar los billetes a la cartera de la Diputaci¨®n cuando propone reducir el porcentaje de los recursos fiscales que van al Gobierno vasco, tras una revisi¨®n de las cargas asumidas por cada instituci¨®n en lo que a protecci¨®n social se refiere. Pero nadie podr¨¢ objetar la necesidad de abordar una redistribuci¨®n clara y racional de las competencias en esta materia, aplicando el principio de subsidiariedad y dando entrada en la discusi¨®n -y en el reparto del dinero-, a los ayuntamientos, los grandes ninguneados de nuestro autogobierno.
Pocos se sorprenden ya en Euskadi de que sean unas instituciones de ¨¢mbito provincial las que dise?en y ejecuten, a costa de endeudarse en sumo grado, autopistas y autov¨ªas de inter¨¦s claramente general; o de que, por poner otro ejemplo de signo contrario, los fondos de la renta b¨¢sica y otras ayudas sociales dependan de una instituci¨®n tan alejada f¨ªsicamente de sus beneficiarios como el Gobierno vasco. Porque no deja de ser curioso que, mientras se pone en solfa con toda ligereza el Estatuto de Gernika en lo que se refiere a las relaciones con el Estado, los equilibrios internos entre el Gobierno vasco y las diputaciones nacidos de aqu¨¦l tienden a convertirse en f¨®siles, por intocables. Es positivo, as¨ª mismo, que el diputado general de Vizcaya suscite un debate sobre la orientaci¨®n de la pendiente reforma fiscal y advierta de partida que no hay mago que obre el prodigio de obtener m¨¢s recursos con nuevas rebajas de impuestos. Y es estimulante que abra una discusi¨®n a la alemana sobre el sentido de algunas de las deducciones vigentes en el impuesto sobre la Renta y la eficacia de los incentivos a la inversi¨®n en el de Sociedades.
Efectivamente, habr¨ªa que hacer balance y repasar cu¨¢ntas inversiones realmente nuevas se han atra¨ªdo y cu¨¢ntos empleos fijos se han creado con las generos¨ªsismas ayudas fiscales ofrecidas desde 1995 a las empresas por las Diputaciones forales. Aunque ser¨ªa igualmente oportuno recordar el rasgado de vestiduras de las instituciones vascas cuando la Comisi¨®n Europea y los tribunales realizaron, en t¨¦rminos de reproche, ese mismo cuestionamiento de unos incentivos que han expuesto la cara m¨¢s regalada (y menos trascendente) del Concierto Econ¨®mico.
Bienvenido sea el debate, al fin, sobre aportaciones, servicios sociales, pol¨ªtica fiscal; sobre tantos asuntos que en Euskadi pasan desapercibidos, cuando no se escamoteados a la discusi¨®n p¨²blica, bajo el altar de la Gran Decisi¨®n. Porque es la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre esas peque?as decisiones lo que acredita la vitalidad y madurez democr¨¢ticas de una sociedad.
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