El coste de la movilidad de los pacientes

Montones de formularios aguardan en los despachos de un hospital andaluz a que alguien los rellene. Cuando sean cumplimentados y tramitados, si acaban si¨¦ndolo, permitir¨¢n al Estado espa?ol cobrar el coste de la atenci¨®n prestada por la sanidad p¨²blica a ciudadanos del resto de la UE.

Magda Rosenmoller, autora de un estudio europeo sobre movilidad de pacientes, Europe for patients, coordinado por la escuela de negocios IESE, pudo observar en Andaluc¨ªa como los profesionales sanitarios a menudo ni siquiera piden los datos a los pacientes extranjeros, pero esta situaci¨®n se da en todos los centros sanitarios p¨²blicos de las ¨¢reas m¨¢s tur¨ªsticas de Espa?a (Catalu?a, Baleares, Valencia y Canarias), de manera que el Estado espa?ol ingresa s¨®lo una m¨ªnima parte del dinero que el resto de pa¨ªses de la UE deber¨ªan pagarle por prestar atenci¨®n sanitaria a sus ciudadanos.

En 2004 s¨®lo consta que fueran atendidos en Espa?a 182.921 turistas europeos

S¨®lo 113.839 jubilados comunitarios han transferido su derecho de asistencia a Espa?a

"Los profesionales sanitarios espa?oles no est¨¢n acostumbrados a cobrar por la atenci¨®n m¨¦dica porque se trata de un sistema universal y gratuito. Cuando les viene un paciente extranjero muchas veces ni se ocupan de pedir sus datos y si lo hacen, los documentos a menudo quedan arrinconados porque no hay tiempo para tareas administrativas", explica Magda Rosenmoller.

La "desidia" de los hospitales o los centros de atenci¨®n primaria p¨²blicos se debe en gran medida a que estos centros no gestionan la caja sanitaria, que su esfuerzo no se traducir¨¢ en que los gastos ocasionados por los pacientes extranjeros reviertan en el centro como ingresos adicionales.

"El pa¨ªs al que pertenece el usuario extranjero paga el importe al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que destina una cantidad al denominado Fondo de Cohesi¨®n, por el que el Gobierno espa?ol compensa econ¨®micamente a las comunidades aut¨®nomas, y no a los hospitales, por la atenci¨®n que prestan a pacientes de fuera de su territorio", explica Rosenmoller, quien particip¨® la semana pasada en Barcelona en el F¨®rum Euromed Salud, donde se congregaron responsables sanitarios de 38 pa¨ªses de la UE y de la cuenca mediterr¨¢nea.

Seg¨²n los datos facilitados por Isabel de la Mata, representante del Ministerio de Sanidad en la UE, en el a?o 2004 Espa?a factur¨® a otros pa¨ªses de la UE el coste de la atenci¨®n prestada a 182.921 viajeros comunitarios que pose¨ªan la Tarjeta Sanitaria Europea (documento que permite a un turista de la UE recibir atenci¨®n sanitaria en el pa¨ªs al que acude como si fuera uno m¨¢s de sus ciudadanos). De estos turistas que enfermaron o tuvieron alg¨²n accidente durante su paso por Espa?a, casi la mitad fueron atendidos en Valencia (71.000), 32.000 lo fueron en Catalu?a, 23.000 en Canarias y 13.000 en Andaluc¨ªa.

La cifra de 182.921 extranjeros atendidos en Espa?a contrasta con la de turistas espa?oles que recibieron asistencia en alg¨²n pa¨ªs de la Uni¨®n Europea: 53.625. La atenci¨®n m¨¦dica de estos ciudadanos espa?oles fue facturada a Espa?a por los pa¨ªses que prestaron el servicio.

Isabel de la Mata reconoce que la cifra real de europeos atendidos en los centros sanitarios de Espa?a, pa¨ªs que recibe a unos 43 millones de turistas al a?o, es mucho mayor de la que consta oficialmente, aunque no se dispone de datos al respecto.

Tampoco puede cuantificarse el coste que representa para la sanidad espa?ola el denominado turismo de larga estancia. Se sabe que es un fen¨®meno creciente y alimentado b¨¢sicamente por jubilados de otros pa¨ªses de la UE que deciden fijar su residencia por largas temporadas o de manera definitiva en Espa?a, atra¨ªdos no s¨®lo por la bondad del clima, sino tambi¨¦n por un sistema sanitario accesible y de calidad. Magda Rosenmoller explica que no es raro que a la hora de elegir la ubicaci¨®n de su segunda residencia en Espa?a, los jubilados extranjeros tengan muy en cuenta la proximidad de un centro sanitario. Baleares, las costas andaluza y la valenciana, y la Costa Brava, en Catalu?a, han visto como en los ¨²ltimos a?os el asentamiento de jubilados extranjeros aumenta sin cesar.

Seg¨²n datos facilitados por la representante del Ministerio de Sanidad en la UE, un total de 113.839 jubilados comunitarios (ingleses, alemanes y franceses, principalmente) han optado por transferir sus derechos de pensionista, de manera que sus pa¨ªses pagan a Espa?a una cuota anual de 2.092 euros para que el anciano tenga los mismos derechos de asistencia sanitaria y de prestaci¨®n farmac¨¦utica que cualquier ciudadano espa?ol.

El problema, seg¨²n Magda Rosenmoller, es que muchos jubilados extranjeros no transfieren su derecho de pensionista a Espa?a porque no quieren renunciar a las prestaciones que les ofrece el sistema sanitario de su pa¨ªs, al que no descartan volver si su estado de salud se deteriora. Estos jubilados, que normalmente no se empadronan en los municipios donde pasan largas temporadas, tienen derecho a recibir cualquier tipo de atenci¨®n urgente y no es raro que, dada su avanzada edad, requieran alg¨²n tipo de intervenci¨®n quir¨²rgica durante sus estancias en Espa?a. El traspaso de sus derechos de pensionistas a Espa?a permite a estos jubilados extranjeros tener derecho, como cualquier jubilado espa?ol, a los medicamentos gratuitos, un privilegio que no suelen tener en sus pa¨ªses.

Pero el precio que Espa?a debe pagar por tener uno de los sistemas sanitarios m¨¢s accesibles y universales del mundo tambi¨¦n traspasa las barreras de la Uni¨®n Europea. Marina Geli, consejera de Salud de la Generalitat de Catalu?a, admite que la reagrupaci¨®n familiar de la que gozan muchos inmigrantes extracomunitarios permite que sus allegados, a los que tambi¨¦n da cobertura la tarjeta sanitaria, se beneficien de la sanidad espa?ola incluso cuando a¨²n no se han instalado en Espa?a. En muchos casos se trata de tratamientos caros a los que no tienen acceso de manera gratuita en sus respectivos pa¨ªses. Algunos de trasplantes realizados recientemente se han hecho en pacientes extranjeros que han acudido a un hospital en estado muy grave. Otras veces, los inmigrantes han tra¨ªdo a parientes para ser tratados de dolencias raras que en sus pa¨ªses no recib¨ªan atenci¨®n.

La consejera catalana de Salud se?ala que se trata de una pr¨¢ctica totalmente legal, pero admite que los Gobiernos estatal y auton¨®mico deben estar preparados para afrontar esta nueva realidad y tenerla en cuenta a la hora de planificar los recursos y decidir los presupuestos sanitarios.