Ej¨¦rcito constitucional

En Espa?a existen problemas de pol¨ªtica militar, como los hay de pol¨ªtica educativa o sanitaria, pero no lo que en los dos ¨²ltimos siglos se conoc¨ªa como el problema militar; es decir, el de la interferencia de los militares en la vida pol¨ªtica. Por eso resulta antes que nada anacr¨®nico el discurso con el que el general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Jos¨¦ Mena Aguado, irrumpi¨® ayer desde Sevilla en la conmemoraci¨®n de la Pascua militar. Mientras el Rey, en el acto central de la tradicional celebraci¨®n, apelaba en Madrid al "esp¨ªritu de reconciliaci¨®n, concordia y consenso" que expresa la Constituci¨®n, y el ministro Bono hablaba de pol¨ªticas de Defensa, el general Mena sembraba el desconcierto con una extempor¨¢nea y confusa apelaci¨®n a la obligaci¨®n del Ej¨¦rcito de intervenir si la reforma de alg¨²n Estatuto de autonom¨ªa -en impl¨ªcita referencia al catal¨¢n- rebasaba los l¨ªmites de la Constituci¨®n.

El art¨ªculo 8 de la Constituci¨®n atribuye a las Fuerzas Armadas la misi¨®n de "garantizar la soberan¨ªa e independencia de Espa?a, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". No se trata, como a veces se ha pretendido desde sectores nacionalistas, de un planteamiento excepcional determinado por las circunstancias de la transici¨®n. Con esos u otros t¨¦rminos, las misiones asignadas a los ej¨¦rcitos de la mayor¨ªa de los Estados democr¨¢ticos son esas mismas, y ello marca una diferencia crucial con las dictaduras, en las que es esencial su papel en tareas de orden p¨²blico y control del territorio.

El principio de supremac¨ªa del poder civil que preside la Constituci¨®n se aplica tambi¨¦n al art¨ªculo 8, en el sentido de que no son los militares sino las instituciones representativas, el Gobierno y el Parlamento, las que determinan que existe una situaci¨®n de peligro para la soberan¨ªa, independencia o integridad nacional que requiera el eventual recurso a las Fuerzas Armadas. Y el ordenamiento constitucional a que se refiere ese art¨ªculo es evidentemente el que reconoce y garantiza el derecho a la autonom¨ªa, incluyendo el de modificar con arreglo a los procedimientos establecidos los respectivos Estatutos. La propia Constituci¨®n atribuye al Gobierno la direcci¨®n de la pol¨ªtica militar (art¨ªculo 97), por lo que es absurdo suponer que los militares puedan por s¨ª mismos decidir cu¨¢ndo y de qu¨¦ manera han de cumplir su misi¨®n constitucional.

Resulta incomprensible que un general desaf¨ªe unas normas elementales que se imparten en las academias militares. Y es incoherente que quien afirma que los militares no deben "entrar en disquisiciones pol¨ªticas" lo haga de la peor manera, enturbiando lo que debi¨® haber sido un d¨ªa para la reflexi¨®n sobre los problemas de las Fuerzas Armadas y no para convertir a las Fuerzas Armadas en un problema. La mejor forma de solventarlo es que el Gobierno decida el cese inmediato que propone la Junta de Jefes de Estado Mayor.