Despedido antes de trabajar

Un empresario de la construcci¨®n ha sido condenado a un total de tres a?os de c¨¢rcel por obligar a sus empleados a firmar en blanco su despido y el finiquito antes de formalizar el contrato. En dos casos en los que encargados de obras se negaron, el empresario falsific¨® su firma y acudi¨® a un tribunal para defender que los hab¨ªa despedido legalmente. La Audiencia Provincial le ha condenado a un a?o y nueve meses de c¨¢rcel por falsedad en documento privado y estafa procesal, y a un a?o y tres meses por un delito contra los derechos de los trabajadores.

"Es una de las sentencias m¨¢s contundentes de los ¨²ltimos a?os contra empresarios que abusan de sus empleados y en las que la juez mejor ha defendido la legalidad vigente contraria a estas pr¨¢cticas", afirm¨® Enrique Lillo, el abogado de CC OO que ha llevado el caso.

Antonio Garde, de la federaci¨®n de construcci¨®n del sindicato CC OO, hizo ayer un llamamiento "a todos los trabajadores que sufren presiones ilegales como ¨¦stas para que denuncien la precarizaci¨®n a la que est¨¢n siendo sometidos por empresarios sin escr¨²pulos".

"En este caso, el empresario se dedicaba a las subcontratas, donde hemos denunciado cientos de veces que se est¨¢n creando grandes bolsas de precarizaci¨®n y explotaci¨®n laboral", a?adi¨®.

La sentencia considera probado que Carmelo L¨®pez S¨¢nchez oblig¨® a dos empleados de sendas empresas en las que ¨¦l constaba como representante legal -Logasan SL y Torre Losan SL- a firmar en blanco varios documentos (la carta de aviso de despido, el recibo del finiquito...). "Firmaron impresos que estaban sin rellenar", recoge el fallo.

"Era una pr¨¢ctica habitual en las empresas de este se?or", explic¨® ayer Garde. "Si quer¨ªas trabajar con ¨¦l, lo ten¨ªas que firmar todo en blanco. Y si te negabas, le daba igual, porque entonces cog¨ªa los documentos y falsificaba en ellos las firmas de los trabajadores".

Esta exigencia afectaba a los peones y alba?iles, pero tambi¨¦n a los encargados de obras. Las pr¨¢cticas ilegales del empresario quedaron de manifiesto en 1999, cuando un tribunal de lo social estudiaba el despido improcedente de cuatro empleados de L¨®pez S¨¢nchez.

El empresario aport¨®, para defender que hab¨ªa actuado legalmente, las cartas de despido y el recibo de finiquito de los cuatro empleados firmados por ellos. Asegur¨® que hab¨ªa cumplido todos los plazos legales y que los trabajadores hab¨ªan cobrado el dinero de la liquidaci¨®n del contrato.

Los trabajadores mostraron su sorpresa e indignaci¨®n. "Dos de ellos ni tan siquiera los hab¨ªan firmado y los otros dos admitieron que hab¨ªan suscrito impresos en blanco por coacci¨®n, pero que nunca hab¨ªan visto los documentos cumplimentados ni tampoco hab¨ªan cobrado el finiquito", explica Garde.

El juez de lo social, sospechando la existencia de delito en la actuaci¨®n del empresario, suspendi¨® el proceso y concedi¨® a los trabajadores ocho d¨ªas de plazo para interponer una querella criminal, sobre la que ahora ha sentenciado la Audiencia Provincial.

La juez ponente de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Provincial, la magistrada Blanca Mar¨ªa Rodr¨ªguez Velasco, considera probado que "abusando de la situaci¨®n de necesidad de quienes le demandaban trabajo, el acusado les exig¨ªa firmar el documento de preaviso de despido y el finiquito, sin constar en ellos los datos sustanciales, como condici¨®n indispensable para contratarles", relata la sentencia.

La juez llega a esta conclusi¨®n tras escuchar el testimonio de una administrativa de la empresa, que corrobor¨® la versi¨®n de los trabajadores.

La juez tambi¨¦n considera acreditado, tras conocer el informe de la polic¨ªa cient¨ªfica, que "el acusado intent¨® enga?ar al tribunal laboral con la presentaci¨®n de documentos falsificados".

Por todo ello, el empresario ha sido condenado a "un a?o y nueve meses de c¨¢rcel por los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal, en concurso con abuso de firma en blanco", pena que se ve incrementada por 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (5.472 euros en total).

A esta pena, la juez suma otra de "un a?o y tres meses como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores", por obligarles a firmar en blanco sus despidos.

Adem¨¢s, tres de los cuatro trabajadores recibir¨¢n una indemnizaci¨®n de 9.000 euros, mientras un cuarto no lo har¨¢ porque "se jubilaba y manifest¨® su deseo de no seguir adelante con el proceso por v¨ªa penal porque dijo que no quer¨ªa l¨ªos", lamentan fuentes del sindicato CC OO.