Camps presume de recaudar m¨¢s, cobrar menos y reducir el d¨¦ficit

Un exultante Gerardo Camps, consejero de Hacienda, monopoliz¨® ayer la comparecencia tras el pleno del Consell para celebrar los datos de d¨¦ficit que la Intervenci¨®n General del Estado atribuy¨® el mi¨¦rcoles a las comunidades aut¨®nomas para el ejercicio 2005. La Generalitat tuvo un d¨¦ficit de 271 millones en 2005, 480 millones por debajo de lo previsto. La "espectacular" reducci¨®n del d¨¦ficit entre 2003 y 2005 anticipa en dos a?os el objetivo de estabilidad presupuestaria pactado con el Gobierno. Camps presumi¨® de recaudar m¨¢s y cobrar menos.

La Generalitat ha recortado en 480 millones el desfase presupuestario

Sobre el papel, la evoluci¨®n de las cuentas de la Generalitat desde 2003 es sobresaliente. Vicente Rambla, predecesor de Camps al frente de Hacienda y actual portavoz del Consell, mantuvo el semblante mientras su colega explicaba que el d¨¦ficit de la Generalitat en 2003 era de 971 millones, "el 50% del d¨¦ficit acumulado por todas las autonom¨ªas", apunt¨® Camps.

S¨®lo dos a?os despu¨¦s de que tuviera que ce?irse a un programa de estabilidad presupuestario acordado en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) -el ¨®rgano que preside Pedro Solbes y agrupa a los consejeros de Hacienda de todas las autonom¨ªas-, la Generalitat ha recortado en 480 millones las previsiones y ha cerrado 2005 con el desfase presupuestario previsto en 2007. Mientras, Catalu?a o Galicia, tambi¨¦n sujetas a un programa de estabilidad, mantienen un d¨¦ficit similar al de 2003.

"El d¨¦ficit de la Generalitat en 2005 es el 11% del conjunto del d¨¦ficit auton¨®mico", subray¨® ayer Camps.

?La receta? "Hemos recortado los gastos y nos hemos visto beneficiados por una notable mejora de los ingresos presupuestarios", dijo Camps. Por un lado, se han disparado los ingresos generados por el impuesto de actos jur¨ªdicos documentados, que gravan la compra de vivienda. Por otro, la rebaja del impuesto sobre sucesiones ha provocado una avalancha de regularizaciones de herencias que no se hab¨ªan notificado en ejercicios anteriores.

Camps aprovech¨® la ¨²ltima reuni¨®n del CPFF para interpelar a Solbes sobre la posibilidad de extender a otras autonom¨ªas el alza de inversi¨®n estatal, de unos 400 millones de euros, prevista en Catalu?a para 2007.

Solbes aludi¨® a dos condiciones. Catalu?a ha recibido durante los ¨²ltimos quince a?os unas inversiones estatales inferiores a su aportaci¨®n a la riqueza nacional. Lo mismo que la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el Estatuto de Catalu?a, con rango de ley, establece que, en esas condiciones, el Estado destinar¨¢ a la regi¨®n una inversi¨®n equivalente a la aportaci¨®n de Catalu?a a la riqueza nacional.

La respuesta de Solbes, seg¨²n Camps, desat¨® un debate entre consejeros de Hacienda que plantearon distintas redacciones de sus nuevos estatutos. El extreme?o sugiri¨® que la inversi¨®n estatal sea inversamente proporcional a la aportaci¨®n regional al Estado; el gallego aludi¨® a la dispersi¨®n de la poblaci¨®n; el castellano leon¨¦s a la extensi¨®n del territorio; etc¨¦tera, etc¨¦tera.

"La decisi¨®n del Gobierno", sentenci¨® Camps ayer, "no se sustenta ni en condiciones econ¨®micas ni jur¨ªdicas, rompe con la solidaridad entre comunidades aut¨®nomas y supone la existencia de ciudadanos de primera y de segunda". S¨®lo la revisi¨®n del actual modelo de financiaci¨®n, desliz¨® el consejero, permitir¨ªa al Gobierno evitar que la financiaci¨®n auton¨®mica, que es competencia del Estado, venga fijada por los estatutos de las distintas comunidades aut¨®nomas.

Camps aprovech¨® para interpelar al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y sugerirle que debe censurar al Gobierno socialista antes que al presidente de la Generalitat.

Alicia de Miguel, consejera de Bienestar Social, disfrut¨® de un cuarto de hora para anunciar la aprobaci¨®n de dos anteproyectos de ley, el de renta garantizada y, en colaboraci¨®n con Infraestructuras, el de accesibilidad al sistema de transportes.

El anteproyecto de renta m¨ªnima deriva del nuevo Estatut y ha sido pactado con los agentes sociales. El Consell fija entre 350 y 560 euros al mes la cuant¨ªa de la ayuda a la que podr¨¢n acceder durante un plazo m¨¢ximo de tres a?os los residentes en la Comunidad Valenciana que vivan en condiciones de pobreza extrema. Bienestar Social carece de una estimaci¨®n sobre el posible n¨²mero de beneficiarios de la futura renta garantizada.

El Consell, seg¨²n una fuente oficial, tuvo conocimiento de una encuesta sobre intenci¨®n de voto de los valencianos que arroja para el PP unos resultados "similares o mejores" a los de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas.