El Gobierno subir¨¢ el impuesto a los coches potentes para frenar las emisiones de CO2
Hacienda bloquea las iniciativas de Medio Ambiente para gravar residuos, agua y electricidad
La reforma fiscal verde que desde hace un a?o anuncia el Gobierno se centra en un cambio en el impuesto de matriculaci¨®n para que los todoterreno y los coches m¨¢s potentes -los que m¨¢s contaminan- paguen m¨¢s. El resto de las iniciativas
(como gravar los residuos, el agua y la electricidad) acordadas por cuatro grupos de trabajo de los ministerios de Econom¨ªa y Medio Ambiente no saldr¨¢n adelante por las pegas de Hacienda. Y ello pese a que el PSOE ha votado en el Congreso por una fiscalidad ecol¨®gica.
"El Gobierno est¨¢ preparando una reforma fiscal del autom¨®vil para combatir el cambio clim¨¢tico", seg¨²n explic¨® el viernes en el Congreso Nacional de Medio Ambiente el secretario general para la Prevenci¨®n del Cambio Clim¨¢tico de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri. El proyecto del Gobierno, pactado entre Hacienda y Medio Ambiente, es crear un nuevo tramo m¨¢s alto en el impuesto de matriculaci¨®n para los todoterreno y los coches m¨¢s potentes.
Actualmente, el impuesto de matriculaci¨®n de los coches depende de la cilindrada. Los coches di¨¦sel con menos de 2.000 cent¨ªmetros c¨²bicos pagan un 7% del precio inicial y los mayores, un 12%. La intenci¨®n del Gobierno es crear un tercer tramo para los todoterreno y los coches de m¨¢s de 2.500 cent¨ªmetros c¨²bicos, que pagar¨¢n el 17%. Para un todoterreno de 21.000 euros, el aumento de precio ser¨ªa de 1.200 euros.
El Gobierno pretende reducir las emisiones de di¨®xido de carbono (CO2) del transporte, que est¨¢n disparadas y no sujetas a ninguna restricci¨®n. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte han crecido m¨¢s del 80% desde 1990 y son responsables en gran medida de que Espa?a sea el pa¨ªs industrializado que m¨¢s se aleje del Protocolo de Kioto. La intenci¨®n del Gobierno es desincentivar la compra de estos autom¨®viles muy contaminantes o, al menos, que el que contamine, lo pague. Adem¨¢s, pretende dificultar la importaci¨®n de estos coches muy potentes y todoterreno, que mayoritariamente se fabrican fuera de Espa?a.
El Gobierno tambi¨¦n subir¨¢ el impuesto de los coches di¨¦sel y lo igualar¨¢ al de gasolina. Tradicionalmente, el di¨¦sel estaba favorecido por el uso profesional de estos veh¨ªculos. Ahora, Hacienda considera que no es necesario favorecerlo tras pactar la creaci¨®n de un gas¨®leo profesional con menos impuestos. Las ventajas fiscales del di¨¦sel han disparado la venta de estos veh¨ªculos, que han pasado de suponer el 12,8% del total en 2001 al 65,1% en 2004. Esto ha causado que las importaciones de gas¨®leo se hayan multiplicado y que las refiner¨ªas no den abasto mientras sobra gasolina. Adem¨¢s, el di¨¦sel emite m¨¢s part¨ªculas y contamina m¨¢s en las ciudades que la gasolina. Al igualar el impuesto de matriculaci¨®n, el Gobierno pretende igualar poco a poco las ventas. Tambi¨¦n estudia, aunque no est¨¢ decidido, rebajar algo el tramo menor para que no todo sean subidas de impuestos.
Tasas seg¨²n la poluci¨®n
La patronal del autom¨®vil se opone a esta reforma y pide que los coches paguen impuesto en funci¨®n del CO2 que emitan. ?sta ser¨ªa la situaci¨®n m¨¢s justa, porque actualmente dos coches con la misma cilindrada pagan el mismo impuesto aunque uno emita mucho m¨¢s que otro. El Parlamento Europeo ha pedido que los impuestos dependan de las emisiones, porque es la forma de incentivar m¨¢s el desarrollo tecnol¨®gico de ahorro de emisiones. El Ministerio de Industria se ha sumado a la tesis de los fabricantes, pero Hacienda ha contestado que no es posible. El problema que esgrime es que la recaudaci¨®n del impuesto de matriculaci¨®n est¨¢ cedida a las comunidades aut¨®nomas. Para cambiarlo de la cilindrada a las emisiones habr¨ªa que pactarlo con las autonom¨ªas, algo dif¨ªcil, ya que esa reforma podr¨ªa bajar la recaudaci¨®n. Sin embargo, al crear un nuevo tramo m¨¢s alto para los todoterreno, la recaudaci¨®n ser¨¢ siempre mayor, por lo que las comunidades deber¨ªan apoyar el cambio. La reforma tambi¨¦n gravar¨¢ las motos de agua y los quads (motos de cuatro ruedas), que actualmente est¨¢n exentos.
El grupo de trabajo formado por Hacienda y Medio Ambiente recomend¨® todos estos cambios hace ya un a?o, pero Hacienda guard¨® sus conclusiones en un caj¨®n. Y eso pese a que el PSOE se comprometi¨® en su programa electoral a elaborar "una Ley de Bases de Fiscalidad Ecol¨®gica". Adem¨¢s, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2007 introducida por Izquierda Verde y votada por el PSOE exige al Gobierno que "a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007 incorpore, a trav¨¦s de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras".
Sobre el papel est¨¢ clara la intenci¨®n del Gobierno de aplicar el principio de quien contamina paga. Pero en la pr¨¢ctica es otra cosa. Como explica el subdirector de Impuestos Especiales de Hacienda, Alberto Cornejo, "no ser¨ªa la primera vez que el Gobierno incumple un mandato del Congreso". Cornejo hizo una exposici¨®n sobre el tema en el Congreso Nacional del Medio Ambiente en el que, quiz¨¢ pensando que no hab¨ªa prensa, se expres¨® con una claridad poco habitual: "La decisi¨®n es que no hay ninguna decisi¨®n, hacer estudios y esperar", "cuando se cambian los impuestos hay un coste pol¨ªtico", "la fiscalidad ecol¨®gica se defiende desde la oposici¨®n, pero desde el Gobierno se hace muy dif¨ªcil, por no decir imposible".
Pese a esta chocante exposici¨®n, que contradec¨ªa declaraciones previas, fuentes del Gobierno insisten en que hay acuerdo con Hacienda para cambiar la reforma del autom¨®vil en el primer semestre de 2007 y aplicarla en 2008. El diputado de Izquierda Verde Joan Herrera considera "muy insuficiente que la reforma fiscal verde tan anunciada se limite al impuesto de matriculaci¨®n, algo que ten¨ªa que estar hecho hace un a?o". Por el momento, la ¨²nica iniciativa del Gobierno ha sido suprimir las deducciones fiscales que ten¨ªan las empresas por inversiones en medio ambiente.
RESIDUOS. Sin ley de coordinaci¨®n
Hace un a?o, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunci¨® que la reforma fiscal verde iba a ser "la mejor herramiento en la lucha en favor del medio ambiente". Narbona afirm¨® que esta reforma paliar¨ªa el modesto incremento del presupuesto de su departamento en 2006. Medio Ambiente y Hacienda cerraron cuatro grupos de trabajo.
Uno de lo grupos "consider¨® viable" que el Gobierno hiciera una ley de coordinaci¨®n para gravar los residuos y que paguen m¨¢s las empresas que m¨¢s residuos generan. Como ya lo hacen algunas comunidades aut¨®nomas, la ley servir¨ªa para aunar criterios y que las autonom¨ªas lo pudieran imponer o no. Fuentes de Hacienda afirman que no habr¨¢ tal ley.
AGUA. No en esta legislatura
La directiva Marco del Agua obliga a que los consumidores paguen el precio real del agua, incluyendo los costes ambientales, a partir de 2010. Esto en Espa?a supondr¨ªa elevar el recibo dom¨¦stico un 30%, seg¨²n anunci¨® una economista del Ministerio de Medio Ambiente y seg¨²n recomend¨® el grupo de trabajo Econom¨ªa y Medio Ambiente.
Pero quedar¨¢ para otro momento. El precio del agua lo fijan los ayuntamientos y es muy complicado dirigirlo desde el Gobierno. Adem¨¢s, el agua desalada ya ha obligado a subir el precio en Murcia y Alicante, y el Gobierno no quiere m¨¢s reyertas pol¨ªticas por este motivo. Medio Ambiente ya intent¨® en 2004 imponer un canon por el uso de agua a agricultores, campos de golf, hoteles y consumo, y el Ministerio de Agricultura logr¨® pararlo.
ELECTRICIDAD. Tramos por obligaci¨®n
Otra propuesta de los expertos del Gobierno era establecer tramos en la tarifa el¨¦ctrica y, seg¨²n algunas fuentes, reducir la parte del recibo que va a subvencionar el carb¨®n. La idea es que no pague lo mismo el due?o de un palacete con calefacci¨®n el¨¦ctrica o una familia con consumo moderado, ya que la primera contribuye mucho m¨¢s al cambio clim¨¢tico.
Al final, Industria opta por un camino intermedio. El recibo subir¨¢ en 2006 lo mismo que la inflaci¨®n para los 135.600 consumidores con menos potencia instalada y m¨¢s para el resto. Adem¨¢s, las autonom¨ªas podr¨¢n imponer un recargo. Pero las razones que han llevado a tomar la decisi¨®n no ha sido el cambio clim¨¢tico, sino mitigar la deuda galopante del Gobierno con las el¨¦ctricas del llamado d¨¦ficit de tarifa.
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