Paradojas de Ibarretxe

El 'lehendakari' solicit¨® ayer ante el Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco el archivo de la querella presentada contra ¨¦l por el Foro Ermua con relaci¨®n a su entrevista con dirigentes de Batasuna, en abril pasado. Ibarretxe defendi¨® su postura con apelaciones apasionadas a sus propias convicciones, pero tambi¨¦n con la invocaci¨®n, mucho m¨¢s s¨®lida, del antecedente de un auto reciente del Tribunal Supremo en el que se considera fraude constitucional la pretensi¨®n de sustituir el control parlamentario de los Gobiernos por una especie de control judicial mediante la interposici¨®n de querellas.

No es un argumento de peso afirmar que en su discurso de investidura ya figuraba su intenci¨®n de hablar con todos, ni lo es mostrar su certeza de que el di¨¢logo es el ¨²nico camino para resolver el conflicto vasco. La propia conciencia nunca podr¨¢ ser juez neutral de las propias actuaciones. Y es parad¨®jico que declarara su disposici¨®n a seguir hablando con Batasuna poco despu¨¦s de indicar que "por dignidad" se hab¨ªa negado a contestar a las preguntas del Foro Ermua porque es un movimiento "que genera odio y crispaci¨®n". Hablar con el brazo pol¨ªtico de una organizaci¨®n terrorista puede tener diversos objetivos, por lo que quiz¨¢s no est¨¦ de m¨¢s que Ibarretxe haya precisado ante el tribunal cu¨¢les eran los suyos al hablar con Otegi.

Los que indic¨® son respetables, aunque tambi¨¦n discutibles. Parad¨®jicamente, es el hecho de que lo sean (y no obligados, como parece pensar ¨¦l mismo) lo que ampara su posici¨®n. Los asuntos pol¨ªticamente discutibles se debaten en el Parlamento, y no en los tribunales. Que algo sea criticable (por inoportuno o contraproducente) no significa que sea un delito. Y es eso lo que se juega en este asunto. La Ley de Partidos, cuya supuesta vulneraci¨®n est¨¢ en el origen de la querella, establece que la disoluci¨®n de un partido implica "el cese de toda actividad" del mismo, y que el incumplimiento de esa disposici¨®n dar¨¢ lugar a responsabilidades penales (art¨ªculo 12). No hay en la ley nada que indique que esa responsabilidad pueda extenderse a las personas que se re¨²nan con miembros del partido disuelto. Y resulta muy artificioso considerar que el delito es de cooperaci¨®n, dado que si nadie hablase con Batasuna, sus dirigentes no podr¨ªan desobedecer esa norma.

El argumento principal es que el Supremo acaba de establecer unos criterios que, aunque referidos a un asunto algo diferente, son aparentemente aplicables al del lehendakari. En su auto relativo a una querella contra el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros por haber autorizado el encuentro de Patxi L¨®pez con Batasuna, el Supremo argumenta que ir¨ªa contra la l¨®gica de la divisi¨®n de poderes la sustituci¨®n del Parlamento por los tribunales como instituci¨®n de control de la actuaci¨®n del Ejecutivo. Y que una pr¨¢ctica de ese tipo mediante la interposici¨®n de querellas (a trav¨¦s, por ejemplo, de la acci¨®n popular) ser¨ªa una forma fraudulenta de interferir en la acci¨®n de gobierno. No se trata de una mera opini¨®n del tribunal, sino de una consideraci¨®n vinculante como criterio de jurisprudencia.

Con lo que el mejor argumento del lehendakari habr¨ªa sido la existencia del Tribunal Supremo de Espa?a como ¨²ltima instancia jurisdiccional; algo que el plan Ibarretxe propon¨ªa modificar de manera que las sucesivas instancias procesales, incluidos los recursos de casaci¨®n, se agotaran ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. Una ¨²ltima paradoja del caso.