Instrucci¨®n judicial en v¨ªa muerta

Los juzgados de Alicante acaparan siete de las investigaciones judiciales m¨¢s llamativas de la Comunidad Valenciana con el transfondo de la corrupci¨®n como hilo conductor. Una caracter¨ªstica com¨²n a este ramillete de sumarios estrella es el par¨®n en las diligencias tras el arre¨®n inicial a consecuencia del impacto medi¨¢tico. El cansino tiempo procesal se repite en cada una de las causas, desde la primera y m¨¢s voluminosa -la denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra el Consistorio de Orihuela por 16 casos de corrupci¨®n urban¨ªstica y contable- hasta la m¨¢s reciente y directamente relacionada con el Ayuntamiento oriolano, el supuesto soborno por la contrata de la basura, pasando por el sumario por un caso similar en la contrata de basura de X¨¤bia.

Los cargos imputados cuentan con equipos capaces de llevar al l¨ªmite el tiempo procesal

Fuentes judiciales consultadas por este peri¨®dico achacan la fatigosa instrucci¨®n de las causas en las que est¨¢n implicados cargos p¨²blicos, adem¨¢s de a la inercia de la burocracia judicial, a los potentes recursos de los encausados, respaldados por experimentados despachos de abogados capaces de exprimir al m¨¢ximo los vericuetos del procedimiento a base de recursos que dilatan sine d¨ªe los procesos. El supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante, en el que est¨¢ imputado el alcalde, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, es uno de los paradigmas de esta situaci¨®n: cinco a?os despu¨¦s, el sumario est¨¢ abierto. Y la reci¨¦n adquirida condici¨®n de aforado del regidor amenaza con devolverlo al punto de partida. La causa, por imperativo legal, tiene que pasar a la jurisdicci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Comunidad Valenciana. Otro lugar com¨²n a los sumarios con cargos p¨²blicos procesados ha sido con frecuencia la celebraci¨®n de la vista oral d¨¦cadas despu¨¦s de cometerse los hechos. Llegado ese momento, los acusados suelen conformarse, al rebajar el ministerio fiscal la pena por "dilaci¨®n indebida". Ejemplos de este tipo de resoluciones hay varios. El ¨²ltimo el del ex alcalde de Muro de Alcoi, Jos¨¦ Gos¨¢lvez, del PP, que hace unas semanas cerr¨® su procesamiento por prevaricaci¨®n a cambio de una multa de 600 euros.

- 16 causas y s¨®lo tres imputados. El 14 de marzo de 2006 el fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, present¨® una denuncia general contra el Consistorio de Orihuela por supuestos delitos de corrupci¨®n derivados de la gesti¨®n urban¨ªstica y contable. Un mes despu¨¦s, el ministerio p¨²blico desglos¨® la acusaci¨®n en una causa principal contra el ex alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, del PP, y 15 secundarias. Un a?o y dos meses despu¨¦s, en la causa principal s¨®lo ha declarado (septiembre de 2006) como imputado el ex regidor. Medina admiti¨® parcialmente la acusaci¨®n, es decir, que us¨® bienes (un Rolls Royce y un chal¨¦) propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones urban¨ªsticas municipales. No se ha practicado ninguna prueba testifical ni documental nueva, aparte de reclamar al Consistorio la documentaci¨®n sobre el plan general urbano. En las 15 causas secundarias, s¨®lo ha habido declaraciones de imputados en una de ellas. Ning¨²n imputado m¨¢s en el resto de 14 sumarios, donde los jueces se han limitado a pruebas testificales preliminares, es decir, el interrogatorio a los portavoces de la oposici¨®n, y del ex interventor de la Corporaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Espinosa, testigo de cargo del fiscal.

- Extorsiones de ida y vuelta. El segundo sumario que afecta de pleno al Ayuntamiento de Orihuela est¨¢ relacionado con el supuesto soborno por la contrata de basura del municipio recogido en una conversaci¨®n grabada entre el industrial af¨ªn al PP ?ngel Fenoll y el ex concejal del Centro Liberal, Jes¨²s Ferr¨¢ndez. El industrial difundi¨® la grabaci¨®n el 21 de marzo de 2006. Inicialmente, el concejal present¨® una denuncia en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante por supuestas injurias. La Fiscal¨ªa archiv¨® esa denuncia y abri¨® otra investigaci¨®n, en este caso por los supuestos delitos de extorsi¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias. El ministerio p¨²blico traslad¨® su escrito al juzgado el pasado mes de abril. La juez encargada de la investigaci¨®n, la magistrada Nuria Soler, titular del juzgado n¨²mero 3 de Orihuela, decret¨® el secreto del sumario. El 28 de mayo acord¨® las primeras diligencias: la detenci¨®n del industrial Fenoll y cinco personas m¨¢s de su clan empresarial por supuesta extorsi¨®n. Entre los detenidos estaba su gerente, y a su vez, edil electo del PP en Albatera, Javier Bru. El 2 de junio orden¨® el ingreso en prisi¨®n de tres de los arrestados (Fenoll, Bru y el hijo del empresario). El 29 de ese mismo mes accedi¨® a su excarcelamiento (medida que hab¨ªa rechazado una semana antes alegando posible obstrucci¨®n a la justicia y destrucci¨®n de pruebas) mediante el pago de una fianza. La magistrada mantiene secretas las diligencias y s¨®lo ha trascendi¨® la pr¨¢ctica de una nueva prueba: la petici¨®n al Ayuntamiento de la declaraci¨®n de bienes del ex edil Ferr¨¢ndez.

- Soborno de X¨¤bia. La instrucci¨®n por un supuesto soborno por la contrata de la basura de X¨¤bia de la constructora FCC denunciado por el PSPV a mediados de diciembre de 2006 sigue estancada medio a?o despu¨¦s. La juez del caso, la titular del juez del Juzgado n¨²mero 4 de D¨¦nia, se ha limitado a tomar declaraci¨®n el pasado mes de marzo, como imputados, a dos directivos de la mercantil, y tres semanas despu¨¦s al ex concejal socialista Pascual Codina, en calidad de testigo. El segundo testigo del supuesto intento de pago de comisiones ilegales (tambi¨¦n grabado en DVD), el ex asesor del grupo socialista Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Mantilla, todav¨ªa no ha sido interrogado por la juez. La magistrada no ha acordado ninguna diligencia sobre una segunda denuncia de los socialistas que afecta a la otra empresa aspirante a la contrata, la firma Cespa. El estado de la investigaci¨®n es una inc¨®gnita, dado que la juez y el secretario est¨¢n ahora de vacaciones, seg¨²n han se?alado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

- Caso Catral. La investigaci¨®n por la masiva construcci¨®n de casas en plena huerta del t¨¦rmino de Catral, en suelo no urbanizable y sin licencia de obras, presenta id¨¦nticos s¨ªntomas de par¨¢lisis que los tres casos anteriores. La juez del caso, Natividad Navarro, titular del juzgado n¨²mero 5 de Orihuela, archiv¨® primero una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociaci¨®n Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). A ra¨ªz de la pol¨¦mica suscitada por la intervenci¨®n de las normas urban¨ªsticas del municipio por parte del Consell, la magistrada reabri¨® el sumario a principios del pasado mes de enero. Desde entonces, la juez se ha limitado a tomar declaraci¨®n a principios de febrero como imputados al ex alcalde, Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Leal, y dos empresarios. La magistrada instructora no se ha pronunciado todav¨ªa sobre la nueva bater¨ªa de pruebas propuesta por la acusaci¨®n particular que ejerce el colectivo AECU, que demanda la imputaci¨®n de los cuatro ediles de la comisi¨®n de gobierno y nuevos constructores, entre ellos familiares directos del ex regidor.

- Multimillonaria plusval¨ªa en el limbo. Pedro ?ngel Mateo, alcalde de Torrevieja, del PP, compr¨® una finca r¨²stica en 2000 por 180.000 euros y la vendi¨® dos a?os m¨¢s tarde por 5,4 millones. A instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el juzgado n¨²mero 4 de Torrevieja inici¨® una investigaci¨®n por un supuesto delito de tr¨¢fico de influencias y uso privilegiado de informaci¨®n. El regidor declar¨® como imputado el 28 de octubre de 2005. Desde esa fecha est¨¢ pendiente la pr¨¢ctica de la prueba testifical que propone la acusaci¨®n particular, entre otros, el promotor que vendi¨® y compr¨® la finca al alcalde. Este caso sufrir¨¢ un par¨®n a?adido al tener que pasar al TSJ porque el alcalde es diputado auton¨®mico.

- Supuesto torturado a la fuga. Las supuestas torturas de agentes de la Polic¨ªa Local de Torrevieja a un inmigrante guatemalteco polarizaron la atenci¨®n informativa el pasado mes de agosto. La juez tom¨® declaraci¨®n como imputados a 13 agentes. ?stos siguen imputados. Mientras, la magistrada cit¨® el pasado d¨ªa 12 al denunciante para celebrar una prueba constitutiva. Y ello pese a la evidencia de que el denunciante est¨¢ en paradero desconocido. Otro juez, en este caso de Orihuela, lo ha citado sin ¨¦xito en el ¨²ltimo a?o hasta en seis ocasiones.

- El rey de los recursos. El sumario que amenaza con batir todas las marcas de dilaci¨®n de la instrucci¨®n es la causa abierta al ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, por un supuesto delito fiscal derivado de la contrataci¨®n de primas ¨²nicas. La investigaci¨®n comenz¨® en 1992 y 15 a?os despu¨¦s todav¨ªa no se ha superado la fase de la calificaci¨®n inicial. Parte de ese tiempo se ha agotado en recursos y contrarrecursos sobre qu¨¦ juzgado era el competente para instruir el caso. Tras decidirse que la oficina judicial competente era la n¨²mero 4 de Orihuela, el fiscal present¨® en noviembre de 2006 su escrito inicial con una petici¨®n de tres a?os de c¨¢rcel para el acusado.