El Constitucional dirime las guerras del agua y del Estatuto

El Tribunal Constitucional, int¨¦rprete supremo de la Carta Magna y cuyos magistrados son elegidos a propuesta del Gobierno (2), el Consejo General del Poder Judicial (2), el Congreso (4) y el Senado (4), navega estos d¨ªas por una de las peores tormentas de su historia a cuenta de la batalla pol¨ªtica desatada por el poder de distintas comunidades que han reformado sus estatutos.

El PP, que impugn¨® algunas de las principales leyes aprobadas por el Ejecutivo socialista durante esta legislatura (la de igualdad, la de matrimonios de homosexuales, la de Universidades, la del Poder Judicial) s¨®lo parece reclamar urgencia con el recurso que present¨® para anular por inconstitucional la mitad del Estatuto de Catalu?a.

La presi¨®n del PP para una resoluci¨®n r¨¢pida del recurso contrasta con los plazos habituales en el Constitucional, que ya ha dado un trato de favor a la tramitaci¨®n de la impugnaci¨®n contra el Estatuto catal¨¢n respecto a otras que llegaron antes y afectan a derechos fundamentales de la persona.

Sin embargo, el Constitucional no puede saltar por encima de otros recursos que tambi¨¦n afectan a un nuevo estatuto de autonom¨ªa, el valenciano. Su art¨ªculo 17 est¨¢ en cuesti¨®n al regular la gesti¨®n del agua, uno de los temas m¨¢s sensibles en la pol¨ªtica territorial: "Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribuci¨®n de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constituci¨®n y la legislaci¨®n estatal".

Castilla-La Mancha y Arag¨®n recurrieron este art¨ªculo y el Constitucional tiene que enfrascarse en la deliberaci¨®n de una cuesti¨®n capital para estos territorios. "Si para un art¨ªculo del Estatuto valenciano el Constitucional puede estar deliberando un mes o m¨¢s en sesiones de ma?ana y tarde, para 141 art¨ªculos, que son los recurridos por el PP en el Estatuto catal¨¢n, la discusi¨®n puede durar meses...", se?alan fuentes jur¨ªdicas. La soluci¨®n a la guerra del agua entre autonom¨ªas no llegar¨¢ antes de septiembre.

En el caso del Estatuto catal¨¢n, las prisas del PP y de algunos de los magistrados conservadores, as¨ª como las esperanzas, tanto del Gobierno catal¨¢n como del Gobierno central, de que el proceso se retrase, se pueden explicar en relaci¨®n con la situaci¨®n actual que vive el Constitucional.

- Un plenario amputado. Por primera vez en su historia, el Alto Tribunal dirimir¨¢ un recurso con un pleno amputado, debido a la impugnaci¨®n lograda por el PP contra Pablo P¨¦rez Tremps, magistrado propuesto por el Gobierno socialista. As¨ª se rompi¨® el equilibrio de fuerzas existente en el Constitucional y ser¨¢n cinco magistrados progresistas y seis conservadores los que deliberen sobre el futuro del Estatuto catal¨¢n.

En un pleno del Tribunal con mayor¨ªa conservadora, el recurso del PP contra la mitad del Estatuto catal¨¢n tiene muchas posibilidades de prosperar.

- Renovaci¨®n en diciembre. Si los plazos de renovaci¨®n del Constitucional se cumplen, la situaci¨®n actual favorable a la mayor¨ªa conservadora del Tribunal s¨®lo estar¨¢ vigente hasta diciembre. Entonces, el Senado deber¨¢ renovar un tercio del Tribunal (cuatro magistrados). Dos saldr¨¢n a propuesta del PP y los otros dos a propuesta del PSOE con sus aliados parlamentarios. Como entre los magistrados que deber¨ªan dejar su puesto en diciembre hay tres conservadores y una progresista, el nuevo Tribunal Constitucional que estrenar¨ªa el a?o 2008 estar¨ªa compuesto por siete progresistas y cinco conservadores. Ni siquiera con P¨¦rez Tremps fuera de las deliberaciones, los progresistas perder¨ªan la mayor¨ªa. Existe la posibilidad de que el PP intente bloquear la renovaci¨®n en el Senado -es necesaria una mayor¨ªa cualificada para aprobar los nombramientos- para mantener la situaci¨®n excepcional de mayor¨ªa conservadora en la deliberaci¨®n del Estatuto catal¨¢n.

- Incidentes de un recurso. El nuevo Estatuto catal¨¢n ha dado lugar a m¨²ltiples incidentes planteados por las partes -hay siete recursos, uno del PP, otro del Defensor del Pueblo y cinco de comunidades aut¨®nomas- y se han registrado cuatro recusaciones planteadas contra otros tantos magistrados (dos progresistas recusados por el PP y dos conservadores recusados por el Gobierno tripartito catal¨¢n), han obstaculizado la tramitaci¨®n de la impugnaci¨®n.

En medio de esta batalla jur¨ªdico-pol¨ªtica han irrumpido dos magistrados Roberto Garc¨ªa Calvo y Jorge Rodr¨ªguez Zapata -ambos elegidos a propuesta del PP- que se han convertido en las ¨²ltimas semanas en ariete contra la presidenta del Constitucional y contra todo lo que suponga una dilaci¨®n en la tramitaci¨®n del Estatuto catal¨¢n. Su discurso, a trav¨¦s de votos particulares, y el de los dirigentes del PP es mim¨¦tico.

Primero cuestionaron, con su firma y por escrito, la pr¨®rroga del mandato de la presidenta del Constitucional, aunque ninguno de sus compa?eros conservadores apoyaron en pleno su iniciativa. Pretend¨ªan que no se aplicara una Ley aprobada por las Cortes que permit¨ªa a Mar¨ªa Emilia Casas prolongar su mandato como presidenta -que finalizaba en junio- hasta que concluya su periodo de nueve a?os en el organismo, cosa que ocurrir¨¢ en diciembre. Descabalgar a Mar¨ªa Emilia Casas de ese cargo significaba volver a inclinar la balanza en los plenos a favor de los conservadores, que podr¨ªan colocar a uno de los suyos de presidente para dirimir posibles empates. El Gobierno se anticip¨® a esa posibilidad introduciendo una enmienda de ¨²ltima hora en la Ley del Constitucional que permite a Casas mantener su puesto.

Despu¨¦s, Calvo y Rodr¨ªguez Zapata plantearon una intensa batalla en el pleno donde se trat¨® sobre el escrito presentado por el Abogado del Estado en el que se planteaban las incoherencias del PP al recurrir 30 art¨ªculos del Estatuto catal¨¢n que estaban calcados en el Estatuto andaluz y que no s¨®lo no se hab¨ªan impugnado sino que los populares los hab¨ªan votado a favor. Hubo tres propuestas encima de la mesa. La intermedia, defendida por magistrados conservadores con el rechazo absoluto de Calvo y Zapata, aprob¨® dar traslado sin abrir plazo de alegaciones e incluir el escrito en las actuaciones. Calvo y Zapata volvieron a firmar un voto particular criticando a la Abogac¨ªa del Estado y defendiendo la necesidad de haber devuelto el escrito.

Los dos magistrados no quieren dilaciones al tramitar el Estatuto catal¨¢n y as¨ª lo manifiestan en sus escritos. Aunque nunca se han quejado de dilaciones cuando el PP recus¨® a la presidenta del Tribunal o a Pablo P¨¦rez Tremps o cuando el pleno se vio forzado a resolver la petici¨®n que ambos presentaron de dimisi¨®n de Casas.