Las heridas, todav¨ªa abiertas, del atentado de Hipercor

Jos¨¦ Vargas Rinc¨®n todav¨ªa conserva el recibo del aparcamiento de Hipercor de aquel macabro d¨ªa. Marca las 15.30 del 19 de junio de 1987; 38 minutos despu¨¦s estall¨® un coche bomba colocado por ETA con 30 kilos de amonal y cien litros de gasolina. Murieron 21 personas y 45 resultaron heridas en el atentado m¨¢s grave reivindicado por la banda. Cuatro etarras fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de casi 800 a?os cada uno en dos juicios celebrados en 1989 y 2003.

Aquellas sentencias son las ¨²nicas en la historia judicial espa?ola que reconocen la responsabilidad patrimonial del Estado por un atentado terrorista. En este caso, por la pasividad con que actu¨® la polic¨ªa, porque transcurrieron 35 minutos entre el aviso de bomba y la explosi¨®n. Ese ins¨®lito pronunciamiento implica el derecho de las v¨ªctimas o sus familiares a ser indemnizados.

"Los magistrados se han pasado las leyes por el lomo. No es serio decir que estamos fuera de plazo"

"Es m¨¢s f¨¢cil una nueva resurrecci¨®n de Jesucristo que el reconocimiento de un error por parte de los jueces"

La misma sentencia de la Audiencia Nacional que niega el derecho a unos afectados lo reconoce a otros

"Si es cierta la sensibilidad que tanto se pregona, esperamos una llamada del ministerio"

Ya han pasado 20 a?os del atentado. Vargas y otros 24 afectados no han cobrado. La Justicia entendi¨® que su petici¨®n se present¨® fuera de plazo y les neg¨® ese derecho. Primero fue la Audiencia Nacional, el 19 de enero de 2000, y despu¨¦s el Tribunal Supremo, el 8 de marzo de 2004. Otras 14 v¨ªctimas tuvieron m¨¢s suerte, sortearon el obst¨¢culo de la prescripci¨®n y en su d¨ªa ya fueron resarcidos por el Estado.

Vargas es un hombre que va de cara y que distingue lo justo de lo legal. Asegura que no entiende ni quiere entender de plazos judiciales ni de prescripciones. "Los se?ores magistrados se han pasado las leyes por el lomo. Ning¨²n juez serio puede decir que estamos fuera de plazo, porque cuando dictaron la primera sentencia todav¨ªa faltaban tres a?os para que juzgasen a Santi Potros y Rafel Caride", explica. Para ¨¦l, los apellidos o los apodos de los terroristas que pudieron matar a su hijo, que entonces ten¨ªa dos a?os y medio, y a su esposa, son algo casi familiar.

Vargas recuerda, adem¨¢s, que la misma sentencia de la Audiencia Nacional que deneg¨® las indemnizaciones a 25 personas, las reconoci¨® para otras seis. Los jueces les otorgaron entre 600.000 y dos millones de pesetas (3.600 a 12.000 euros) porque a?os despu¨¦s de celebrarse el primer juicio contra los etarras Mercedes Arneaga y Domingo Troiti?o, en el a?o 1989, les aparecieron nuevas secuelas que no se reflejaban en aquellas sentencias condenatorias.

"Lo que no se entiende es que haya dos varas de medir. Yo pensaba que la ley era igual para todos", se lamenta Vargas. "Que nos den una explicaci¨®n. A lo mejor si me lo explican lo entiendo, pero hasta ahora s¨®lo s¨¦ que hay dos sentencias favorables para unos cuantos y otra desfavorable para la mayor¨ªa".

El pasado 19 de junio se celebr¨® el 20? aniversario del atentado. En los a?os del plomo de ETA, s¨®lo las v¨ªctimas se acordaban de la efem¨¦ride, pero este a?o asistieron infinidad de cargos p¨²blicos. Entre otros, el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, quien escuch¨® las reclamaciones de las v¨ªctimas y se comprometi¨® a buscar una soluci¨®n para combatir "la tediosa burocracia". La culpable, en su opini¨®n, de que Vargas y el resto a¨²n no hayan cobrado. Rubalcaba les reclam¨® todos los documentos de su largo periplo por los tribunales y la administraci¨®n. Desde hace unos d¨ªas ya los tiene en el ministerio para estudiar una soluci¨®n.

"Es m¨¢s f¨¢cil una nueva resurrecci¨®n de Jesucristo que el reconocimiento de su error por parte de los jueces. Por eso pienso que s¨®lo un acuerdo del Gobierno puede arreglar este caso", explica este catal¨¢n de adopci¨®n, antes de lamentarse de la "pasividad y dejaci¨®n" con la que, a su entender, actu¨® el abogado que deb¨ªa defenderles. As¨ª se entiende la contundencia de sus afirmaciones. "En la Justicia hace mucho tiempo que no creo, pero en los jueces, menos".

Afirma la Audiencia Nacional que, al margen de que la reclamaci¨®n se present¨® fuera de plazo, las v¨ªctimas no tienen derecho a indemnizaci¨®n porque las secuelas que dicen sufrir no son consecuencia del atentado "sino de razones diferentes en relaci¨®n a pronunciamientos contenidos en la sentencia penal" contra los terroristas. El informe que avalaba la petici¨®n de Vargas estaba redactado por el gabinete psicol¨®gico de la Asociaci¨®n V¨ªctimas del Terrorismo (AVT). Los jueces sentenciaron que eso no bastaba y que, ese informe s¨®lo ratifica "el s¨ªndrome depresivo postraum¨¢tico con agresividad continuada" que sufre. Como ning¨²n certificado avala que Vargas recibi¨® o est¨¢ recibiendo asistencia m¨¦dica o psicol¨®gica, no puede cobrar.

A rengl¨®n seguido de su caso se relata el de otra v¨ªctima. El caso es semejante, que no id¨¦ntico, pero el pronunciamiento judicial radicalmente distinto. Ese reclamante sufri¨® heridas en ambas manos y le quedaron como secuelas unas cicatrices queloideas diseminadas. La Audiencia Nacional consider¨® que el derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial del Estado tambi¨¦n est¨¢ prescrito, pero matiza que persiste el perjuicio est¨¦tico de las lesiones y que eso incide en el "s¨ªndrome depresivo postraum¨¢tico" del afectado. Ese demandante tuvo m¨¢s suerte que Vargas y en su d¨ªa cobr¨® dos millones de pesetas.

Puestos ya a explicar las heridas todav¨ªa abiertas del atentado de Hipercor, Vargas relata otro dato poco conocido. Y es que nueve heridos que tienen derecho a ser indemnizaci¨®n a ra¨ªz de la Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo que se aprob¨® en 1999 nunca fueron localizados. Se ignora si cambiaron de domicilio, si han renunciado deliberadamente al dinero que les corresponde o qu¨¦ pudo ocurrir. "Estoy seguro de que si fuesen ellos los que tuviesen que pagar, el Estado ya les habr¨ªa localizado de una manera u otra", se lamenta con sorna.

Dos d¨¦cadas despu¨¦s del atentado y ya con 56 a?os, Vargas dedica casi todo su tiempo libre a la Asociaci¨®n Catalana de V¨ªctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), creada tras la escisi¨®n de la AVT. "Es una cuesti¨®n de dignidad, no de dinero, Al fin y al cabo yo sufr¨ª cuatro heridas y lo puedo contar pero hay gente a la que le mataron a la mujer y a los hijos", afirma.

"Si es cierta la sensibilidad y la solidaridad con las v¨ªctimas que tanto se pregona, esperamos una llamada del ministerio y poder cerrar esta herida para siempre", remata Robert Manrique, empleado de Hipercor y v¨ªctima de atentado, adem¨¢s de vicepresidente de la ACVOT. ?l tuvo m¨¢s suerte y ya fue indemnizado. Adem¨¢s, lo puede contar.