La Audiencia condena a la direcci¨®n del colegio investigado en Granada
Los directores del San Isidoro desviaron unos 400.000 euros a cuentas personales desde 2003
La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a los dos directores del colegio San Isidoro, acusado de un grave fraude por una inspecci¨®n de la Junta, a rendir cuentas con los socios minoritarios del centro. La cantidad pendiente de distribuir alcanza el mill¨®n de euros, seg¨²n un informe pericial. Adem¨¢s, los hermanos Molina Galdeano desviaron desde 2003 a sus cuentas personales alrededor de 400.000 euros procedentes de la subvenci¨®n de la Junta, para sufragar cuantiosos lujos.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada es firme y sanciona con severa contundencia la gesti¨®n de los hermanos Antonio y Jos¨¦ Manuel Molina Galdeano al frente del colegio concertado San Isidoro: "Los apelantes se desentendieron de rendir cuentas y facilitar los documentos contables cuantas veces fueron requeridos notarialmente". Asimismo, el tribunal censura que ambos directores ignoraran su obligaci¨®n "¨¦tica y legal" de compartir los beneficios generados y subraya la "muy l¨®gica, leg¨ªtima y elemental condena a rendir cuentas".
El centro, que comenz¨® a impartir sus clases hace una semana, est¨¢ pendiente de una resoluci¨®n de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que podr¨ªa costarle la retirada del concierto tras incurrir en seis faltas graves. Dos informes alertaron de que el colegio infl¨® su n¨²mero de alumnos y de horas trabajadas por ocho maestros para recibir mayores subvenciones, y permiti¨® que nueve profesores impartieran clases sin contar con la titulaci¨®n exigida.
La secci¨®n Tercera de la Audiencia ha confirmado el pasado 14 de septiembre una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada, en favor de la familia Molina ?lvarez de Cienfuegos, que reclama la parte correspondiente al 33% de los beneficios del centro s¨®lo durante los ejercicios de 2002 y 2003. La sentencia no especifica la cantidad exacta que debe repartirse y decreta que "se precisar¨¢ en otro proceso de ejecuci¨®n", debido a que no es posible acreditar los estados contables y resultados anuales. Un informe pericial encargado por la parte demandante de la familia que gestiona el centro estima que esta cantidad pendiente de reparto asciende a 959.170 euros.
Ambos directores del centro presentaron alegaciones a la primera sentencia, las cuales la Audiencia ahora ha criticado: "Ambos atacan los dos pronunciamientos que le son adversos, aunque a costa de diseccionar cada p¨¢rrafo de la sentencia, tergiversar su sentido y atacar las conclusiones probatorias". A continuaci¨®n, la sentencia abunda en el intento porque el dinero no resulte compensado: "Han tratado de impedirlo y lo siguen haciendo... con toda clase de pretextos y reticencias... y vienen a alegar hasta la irritaci¨®n".
Al margen de la sentencia, las irregularidades financieras de los directores han sido numerosas durante los ¨²ltimos a?os. La Junta ha otorgado al colegio una subvenci¨®n anual en torno a los 140.000 euros. Desde 2003, las transferencias que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n efectu¨® a la cuenta de la comunidad de bienes fueron puntualmente desviadas a las cuentas personales de ambos directores hasta completar unos 400.000 euros. Debido a esta irregularidad, el Banco Popular bloque¨® dichas operaciones un tiempo hasta que comenzaron a recibir el dinero a trav¨¦s de una cuenta corriente de Bankinter. Entre las facturas m¨¢s llamativas figura una de 10.765 euros para un equipo de televisi¨®n de lujo instalado en el domicilio de uno de los directores, seg¨²n refleja el auditor.
Irregularidades de una turbia gesti¨®n
Las graves irregularidades en la gesti¨®n del colegio San Isidoro durante los ¨²ltimos a?os salen a la luz una tras otra. Mientras, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n decide estos d¨ªas la cuant¨ªa de la multa que impondr¨¢ al centro, que podr¨ªa alcanzar el mill¨®n de euros y costarle la p¨¦rdida del concierto.
Por un lado, dos inspectores de la Consejer¨ªa denunciaron en 2005 y 2007 "la perturbaci¨®n manifiesta en la prestaci¨®n del servicio de la ense?anza". Los ejemplos han dejado perplejos a los responsables pol¨ªticos que ignoraron durante dos a?os las denuncias. Adem¨¢s de la falsificaci¨®n de libros de escolaridad, los docentes imparten materias seg¨²n un criterio muy particular: Una profesora de Lengua Castellana imparte Franc¨¦s tras acreditar s¨®lo un curso de 120 horas de "grado elemental", un licenciado en F¨ªsica y Qu¨ªmica figura como profesor de Econom¨ªa y un especialista en Dibujo ense?a Econom¨ªa.
Por otro lado, las cuentas no salen. Los miembros de la familia Molina de Cienfuegos, expulsados como titulares de las cuentas bancarias y del Consejo Escolar, han interpuesto una querella por falsedad documental y estafa procesal contra los hermanos Molina Galdeano, directores del centro.
La querella denuncia el "aumento ficticio" del n¨²mero de alumnos matriculados, el "falseamiento de los libros de escolaridad" y el "mantenimiento ilegal" de actividades extraescolares lucrativas, as¨ª como irregularidades en la admisi¨®n y evaluaci¨®n de los alumnos. El cisma en la direcci¨®n del colegio se desencaden¨® tras la muerte de uno de los tres hermanos Molina Galdeano en 2002.
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