El Consell inspecciona las rutas de transporte escolar

La descoordinaci¨®n entre la consejer¨ªa de Educaci¨®n y la de Transportes -un defecto de origen que ya se advert¨ªa desde la primera normativa auton¨®mica de 1984 para regular el servicio escolar, a¨²n vigente- para delimitar sus funciones sobre el control del transporte de menores; la verificaci¨®n de las fuertes exigencias europeas en materia de seguridad del alumnado transportado y la obligaci¨®n legal de extremar la vigilancia sobre las autorizaciones de las licencias y la vigencia de las p¨®lizas y seguros a todo riesgo, ha forzado a la Generalitat valenciana a extremar los "controles sobre los concesionarios del transporte autonomico" y, concretamente, sobre las empresas adjudicatarias del transporte escolar para los pr¨®ximos cuatro a?os, ante el c¨²mulo de denuncias recientes.

Las infracciones van de carecer de seguro o autorizaci¨®n a alterar la parada

La Generalitat est¨¢ forzada a dise?ar, a corto plazo, un plan integral del sector

Todo ello en un sector disconforme con el modelo de adjudicaciones implantado hace dos a?os por Educaci¨®n, que ha degenerado en una bater¨ªa de recursos en los tribunales por parte de transportistas de las dos patronales, Adiva y Uvatra, que han impugnado varias licitaciones que ponen en jaque el 70% de las 218 rutas escolares de la provincia de Valencia, cuya concesi¨®n asciende a 72 millones.

Las inspecciones realizadas en noviembre y diciembre han destapado la caja de los truenos de un sinf¨ªn de irregularidades en el d¨ªa a d¨ªa del transporte de escolares que van desde: funcionar sin autorizaci¨®n de Transportes o carecer de tac¨®grafo hasta funcionar sin seguros a todo riesgo en vigor, utilizar taxis o furgonetas en vez de autobuses (algo totalmente prohibido en la normativa) o modificar los puntos de las paradas y recogidas y, por ejemplo, operar con matr¨ªculas distintas de las contratadas. Algo que ya denunciaron en 2006 tres empresarios de Utiel-Requena ante Educaci¨®n -y tambi¨¦n ante los tribunales presentando una bater¨ªa de pruebas documentales y gr¨¢ficas- en contra de la UTE que se hizo con la concesi¨®n en la comarca del Valle de Ayora.

Ante el volumen de infracciones denunciadas desde septiembre de 2006 -en unos casos, por parte de los propios transportistas; y, en otros, de los agentes de Tr¨¢fico especializados- la Direcci¨®n General de Transportes decidi¨® en noviembre de 2007, coincidiendo con una investigaci¨®n de este peri¨®dico, hacer "una campa?a para intensificar el control del transporte escolar en la provincia de Valencia".

En paralelo, Transportes ha contratado a una consultora catalana para que elabore un informe sobre los concesionarios del transporte auton¨®mico que operan en la provincia. Se trata de una medida para poner orden en un sector donde la dispersi¨®n de normas -contradictorias incluso entre ellas, como ocurre con el llamado derecho de preferencia (anulado en Bruselas, pero vigente en la ley auton¨®mica)- y la voracidad de la competencia de compa?¨ªas nacionales y extranjeras, obliga a la Generalitat a tener que "dise?ar a corto plazo un plan integral" que favorezca la concentraci¨®n de un sector econ¨®mico dif¨ªcil.

Dif¨ªcil, porque lo integran "unos 600 microempresarios que dan empleo a 2.000 trabajadores", la mayor¨ªa en precario o subcontratados -y con una flota media de entre 1 y 3 veh¨ªculos por cabeza- sin que haya mecanismos efectivos de verificaci¨®n y control de veh¨ªculos, facturaci¨®n y documentaci¨®n fiscal.

Transportes ha contratado para ello a una reconocida consultora catalana, Cinesi, experta en dise?ar planes de gesti¨®n del transporte regular o municipal con ¨¦xito como ya hizo en Barcelona o en Baleares. El proceso -que gest¨® en noviembre tras varias reuniones con las patronales Adiva y Uvatra- se puso en marcha formalmente el 28 de noviembre con el env¨ªo de una serie de formularios para conocer al detalle las tripas de cada uno de los concesionarios de servicios regulares de uso especial, l¨ªneas de transporte escolar o servicios de transporte urbano.