Garz¨®n lanza la mayor investigaci¨®n sobre los desaparecidos del r¨¦gimen de Franco

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha recabado informaci¨®n del Gobierno, la Conferencia Episcopal, varios ayuntamientos y hasta de una universidad, la de Granada, para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, d¨ªa del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres a?os despu¨¦s, a la dictadura de Franco. Garz¨®n quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represi¨®n franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en alg¨²n registro.

El objetivo de estas diligencias es recabar informaci¨®n suficiente para decidir si es competente para investigar las denuncias que le presentaron 13 asociaciones para la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica de diferentes comunidades aut¨®nomas (entre ellas Catalu?a, Valencia, Arag¨®n y la localidad pontevedresa de Ponteareas), el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos ¨²ltimos a?os, con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

La Conferencia Episcopal deber¨¢ abrir las parroquias a los investigadores

El fiscal pide archivar el caso, en contra de las asociaciones de memoria hist¨®rica

La decisi¨®n de solicitar toda esta informaci¨®n -la actuaci¨®n judicial m¨¢s importante realizada en Espa?a sobre los represaliados de Franco, seg¨²n fuentes de la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH)- llega en un momento muy preliminar del proceso. Garz¨®n pide todas esas actuaciones para decidir si admite a tr¨¢mite el caso. La fiscal¨ªa, en contra del criterio de los denunciantes, ha pedido al juez el archivo de la causa.

Lo que el juez quiere saber es n¨²mero de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, jornada previa al denominado por los ganadores de la guerra como d¨ªa del "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administraci¨®n que se?ale el organismo del Estado que puede informar sobre el n¨²mero de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificaci¨®n "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".

Otro de los organismos estatales requeridos para el recuento de v¨ªctimas de la represi¨®n es el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar sobre si se encuentran a su disposici¨®n "los ficheros del Tribunal especial para la Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo y si existe alg¨²n estudio sobre los casos del mismo". A la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclama que informe "si existe alg¨²n tipo de documentaci¨®n relacionada con desaparecidos" y comunique "a todos los Registros Civiles de Espa?a" que deber¨¢n permitir el acceso a la polic¨ªa judicial para la identificaci¨®n de las posibles v¨ªctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.

Con esa misma finalidad solicita a la Conferencia Episcopal "que comunique a todas y cada una de las parroquias de Espa?a" que permitan la entrada de los agentes para su investigaci¨®n. Otro de los organismos religiosos a los que se dirige el juez es la abad¨ªa que gestiona el Valle de los Ca¨ªdos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos. Los religiosos deber¨¢n proporcionar "oportuna informaci¨®n sobre los nombres de las personas que en este lugar est¨¦n enterradas, procedencia geogr¨¢fica de los restos y causas del enterramiento all¨ª hecho".

A los ayuntamientos de Granada, C¨®rdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes" en los cementerios, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si las muertes constan en alg¨²n registro p¨²blico.

La Ley de la Memoria, aprobada el 31 de diciembre de 2007, obliga a las Administraciones a elaborar y poner a disposici¨®n de las familias de los fusilados y desaparecidos "mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos" y el Gobierno debe hacer uno de todo el pa¨ªs. El hispanista Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y en los primeros a?os de dictadura fueron 180.000. El historiador Santos Juli¨¢, bas¨¢ndose en estudios realizados en 36 provincias, dio una cifra m¨ªnima de 90.000.

Una Comisi¨®n Interministerial de V¨ªctimas de la Guerra Civil del Gobierno ya elabor¨® un informe sobre las v¨ªctimas. Pero concluy¨® que hay "enterramientos por toda la geograf¨ªa de Espa?a, cuyo n¨²mero y ubicaci¨®n precisos a¨²n se desconocen". Y revel¨® la "inexistencia de un censo de personas desaparecidas".