El viaje de Ibarretxe a Estrasburgo

Durante los seis a?os que han transcurrido desde la primera entrega del plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco (septiembre de 2002), su promotor ha tratado reiteradamente de dirigir nuestras miradas hacia el exterior, de focalizar nuestra atenci¨®n m¨¢s all¨¢ de nuestras fronteras. Frente a las objeciones que se opon¨ªan a su pretensi¨®n, Ibarretxe trataba de mostrar que lo que tanto sorprend¨ªa en Espa?a, lo que entre nosotros se consideraba inaceptable, era moneda com¨²n en otras partes del mundo y, en primer lugar, en Europa.

Ahora Ibarretxe prosigue por ese mismo camino con una iniciativa inscrita en similares pretensiones de fondo. Al demandar a Espa?a ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) quiere transmitir la idea de que, negando la capacidad de las instituciones vascas para realizar la consulta aprobada por ley del Parlamento auton¨®mico, se contradice el est¨¢ndar democr¨¢tico europeo, vulnerando, en este caso, un derecho considerado fundamental y garantizado como tal en Europa. Por ello es necesario que las instituciones europeas -el TEDH, en este caso- vengan a poner las cosas en su sitio, corrigiendo las grandes limitaciones de la democracia espa?ola.

Ni la autodeterminaci¨®n ni la primac¨ªa del refer¨¦ndum forman parte del est¨¢ndar europeo

La autonom¨ªa garantiza la "identidad como pueblo" de los vascos, y nuestra democracia es solvente

Pero la iniciativa actual tiene unas connotaciones muy diferentes. Ya no se trata de ignorar las razones de quienes objetan la validez de los ejemplos utilizados, o, incluso, su mismo relato, por mostrar una realidad tergiversada. El desprecio de estas razones, con la despreocupada facilidad con que se ha venido haciendo, carec¨ªa de consecuencias. Ahora, sin embargo, la pretensi¨®n de Ibarretxe ser¨¢ sometida a un contraste irrefutable: la decisi¨®n del Tribunal de Estrasburgo. La iniciativa, si finalmente se materializa, tendr¨¢ que superar un primer rasero formal sobre la admisibilidad de la demanda y, en su caso, si lo salvase, un examen definitivo sobre el fondo del asunto.

Se han puesto ya ampliamente de manifiesto las serias dificultades que plantea, desde el punto de vista del procedimiento, la admisibilidad a tr¨¢mite de una demanda como la que se pretende. La naturaleza jur¨ªdica internacional del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) (CEDH) configura un sistema de garant¨ªas de car¨¢cter supletorio, para cuya activaci¨®n deben agotarse, previamente, las posibilidades de protecci¨®n dentro de cada Estado; es decir, los recursos judiciales internos (art¨ªculo 35 del CEDH). Las caracter¨ªsticas del sistema espa?ol de protecci¨®n judicial de los derechos fundamentales, que culmina con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, convierte en una tarea de extraordinaria dificultad la pretensi¨®n de que se admita la demanda sin que sus promotores hayan agotado los recursos internos, por resultar in¨²tiles o impracticables.

Pero el problema de la iniciativa de Ibarretxe, por encima de todo, es de fondo, de identificaci¨®n del derecho vulnerado entre los contemplados en el CEDH. ?Tienen los ciudadanos vascos demandantes, al amparo del CEDH, un derecho a ser consultados por las autoridades regionales sobre la situaci¨®n pol¨ªtica en su comunidad o sobre el estatus futuro de la misma sin que sea necesario requerir autorizaci¨®n del Estado? O, ?tienen los partidos pol¨ªticos derecho a llevar adelante, a trav¨¦s de las instituciones representativas regionales, una iniciativa similar? Porque ¨¦sta es la cuesti¨®n a la que tendr¨¢n que enfrentarse los jueces de Estrasburgo. Y ninguno de los derechos amparados por el CEDH alberga un contenido como el pretendido, lo que abocar¨ªa al directo rechazo de la iniciativa.

Las serias dificultades para engarzar la pretensi¨®n de Ibarretxe en el cat¨¢logo de derechos del Convenio Europeo tienen un significado trascendental, que va m¨¢s all¨¢ de esta concreta iniciativa: ponen de relieve que la concepci¨®n de la democracia que sostiene Ibarretxe, lo que es sustancial en ella, no se corresponde con el est¨¢ndar democr¨¢tico europeo.

Ibarretxe viene afirmando con reiteraci¨®n, desde el debate de pol¨ªtica general de septiembre de 2003, que negar el derecho de autodeterminaci¨®n -y, ahora, negar el "derecho de decidir"- no s¨®lo es "negar la identidad de los vascos como pueblo", sino, tambi¨¦n, "negar la democracia"; lo mismo que negar la capacidad del lehendakari para consultar directamente a su pueblo.

Ibarretxe viene expresando durante estos a?os una concepci¨®n muy simplista de la democracia, articulada sobre dos fundamentos que, pudiendo parecer contradictorios, tienen una profunda complementariedad: la construcci¨®n de un liderazgo que pretende concentrar el poder pol¨ªtico de forma absorbente -como representante directo del pueblo- y el establecimiento de la participaci¨®n directa de la ciudadan¨ªa, a trav¨¦s de la forma de refer¨¦ndum, como expresi¨®n suprema y fundamento de la aut¨¦ntica democracia. Y se trata, adem¨¢s, de una concepci¨®n peligrosa. Los padres fundadores de la democracia americana, especialmente James Madison y Alexander Hamilton, comprendieron muy pronto, frente al b¨ªblico Thomas Jefferson, que una democracia no puede ser viable si sus leyes fundamentales quedan sometidas a continua revisi¨®n por el poder constituyente del pueblo. La viabilidad del sistema democr¨¢tico descansa sobre el establecimiento de un adecuado sistema de controles y equilibrios (checks and balances) entre las diferentes instituciones que ejercen poder pol¨ªtico. Como expresa Gore Vidal (Inventing a Nation) con su habitual agudeza, para ellos era necesario construir una democracia "tan cuidadosamente sometida a controles y equilibrios que ning¨²n C¨¦sar, ni mucho menos la muchedumbre, pudieran secuestrarla f¨¢cilmente". Porque ¨¦sos son los riesgos a los que aboca la concepci¨®n de la democracia que Ibarretxe ha pretendido imponernos.

Europa viene preocup¨¢ndose desde hace muchos a?os por la democracia; y viene preocup¨¢ndose por la protecci¨®n de las minor¨ªas nacionales desde la reordenaci¨®n de nuestro continente tras la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn, por referirnos a nuestra historia m¨¢s reciente. Y ni el derecho de autodeterminaci¨®n forma parte del est¨¢ndar europeo de protecci¨®n de las minor¨ªas nacionales, ni la consulta a los ciudadanos a trav¨¦s de refer¨¦ndum forma parte del est¨¢ndar b¨¢sico de la democracia europea. Aunque le disguste a Ibarretxe, la autonom¨ªa de que disfrutamos garantiza la "identidad como pueblo" de los vascos; y nuestra democracia es solvente. Porque la concepci¨®n europea de la democracia se asienta sobre la representaci¨®n y el ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos; y los institutos de democracia directa no forman parte del n¨²cleo fundamental de ese est¨¢ndar democr¨¢tico, precisamente, por la facilidad con que, en determinadas condiciones, pueden ser manipulados en contra de la democracia.

Los partidos que sostienen el Gobierno vasco, especialmente el PNV, empiezan a mostrarse conscientes de estas dificultades, lo que hace m¨¢s dif¨ªcil de entender la iniciativa de Ibarretxe y la convicci¨®n aparente con que la lanz¨®. Ibarretxe actu¨® de forma irreflexiva; o est¨¢ tan ensimismado en su construcci¨®n argumental que no es consciente de la distancia entre ¨¦sta y la realidad.

La iniciativa conten¨ªa los elementos propios de una operaci¨®n de consumo interno, terreno en el que el nacionalismo ha demostrado una contrastada sagacidad. Pero en una sociedad como la actual, esta operaci¨®n presenta grandes dificultades. Los excesos verbales de Ibarretxe cuando pontifica sobre democracia pasar¨¢n ahora, por su propia decisi¨®n, un examen europeo. Un examen que tiene que tener consecuencias. De la misma forma que la iniciativa, si prosperase, tendr¨ªa consecuencias ineludibles, debe tenerlas si no prospera.

Una apuesta de esta naturaleza, con el pulso pol¨ªtico extremo que contiene, no puede ser intrascendente si fracasa. Es la propia credibilidad de Ibarretxe como gobernante la que se pone en juicio. Si como ciudadano tiene derecho a defender su concepci¨®n de la democracia y como representante pol¨ªtico a tratar de hacerla realidad, siempre que respete los l¨ªmites impuestos por las leyes, como gobernante no puede embarcar a la sociedad en una iniciativa similar sin asumir las consecuencias de su fracaso. ?Preferir¨¢ la sociedad vasca seguir regode¨¢ndose en la par¨¢lisis?

Alberto L¨®pez Basaguren es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.