El 60% de las medidas alternativas a la c¨¢rcel est¨¢n por cumplir

El 60% de las medidas penales alternativas al ingreso en prisi¨®n que dictan los jueces en Catalu?a est¨¢n pendientes de cumplirse. En t¨¦rminos absolutos son 7.886 casos, una cifra muy abultada si se compara con las 2.292 medidas pendientes que hab¨ªa al inicio de 2007. Montserrat Tura, consejera de Justicia, afirm¨® ayer que ninguna de estas penas ha prescrito, aunque nada asegura que no pueda pasar en el futuro.

El tiempo de espera para iniciar el cumplimiento de una medida penal alternativa es de seis a siete meses. Los delitos menores prescriben a los tres a?os, las faltas, a los seis meses. Justicia estudia c¨®mo afrontar la marabunta de penas alternativas que est¨¢n imponiendo los jueces desde la reforma del C¨®digo Penal, que ampli¨® el cat¨¢logo de delitos contra la seguridad colectiva o de tr¨¢fico.

Esa reforma es la que ha motivado que de las 11.630 demandas de medidas penales alternativas que impusieron los jueces de Catalu?a el a?o pasado, 7.755 estuviesen relacionadas con el tr¨¢fico. O sea, el 63,57% y cuatro veces m¨¢s que antes de la reforma. El secretario general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitaci¨®n de la Generalitat, Albert Batlle, volvi¨® a reclamar ayer que antes de iniciarse una reforma penal se eval¨²e su impacto econ¨®mico y se dote del presupuesto necesario para hacerla posible.

B¨²squeda de recursos

La pr¨¢ctica habitual en Espa?a, salvo para los casos de violencia dom¨¦stica, ha sido modificar el C¨®digo Penal sin aumentar el n¨²mero de juzgados. En el caso de las medidas penales alternativas, adem¨¢s, se pasa la patata caliente a la Generalitat, como al resto de las administraciones, que se ven obligadas a buscar los recursos para que los condenados puedan cumplir las penas sin entrar en la c¨¢rcel.

Para ello, se firman convenios con ayuntamientos, entidades y otros organismos para poder realizar trabajos en beneficio de la comunidad, que es la m¨¢s habitual. En otros casos se impone al condenado la obligaci¨®n de acudir a cursos o programas formativos o tratamiento ambulatorio.

La bolsa de casos pendientes no para de aumentar desde hace a?os. En 2008, por ejemplo, se estaban ejecutando 10.322 medidas penales, pero se impusieron 11.630. Un preso cuesta cada d¨ªa 78,29 euros a la Generalitat, frente a los 3,58 euros de una medida penal alternativa.