El Supremo tambi¨¦n desautoriza a Font de Mora

La defensa numantina del Gobierno valenciano contra el t¨ªtulo universitario de Filolog¨ªa Catalana ha sufrido da?os que parecen irreparables. En un fallo conocido ayer el Tribunal Supremo desbarata la argumentaci¨®n de la Generalitat, da la raz¨®n al Sindicat de Treballadors del Pa¨ªs Valenci¨¤ (STEPV), respalda al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en 15 ocasiones ha sentenciado que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n no puede ignorar la carrera en el listado de t¨ªtulos que acreditan el conocimiento del valenciano, y sienta jurisprudencia.

Las 15 sentencias del TSJ y la del Supremo se refieren a lo mismo: la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, cuyo titular es Alejandro Font de Mora, convoca oposiciones de profesores no universitarios, publica una relaci¨®n de certificados que eximen de realizar el examen de valenciano, y deja fuera Filolog¨ªa Catalana. A continuaci¨®n, el STEPV o las universidades acuden a los tribunales, y ganan.

El fallo es coherente con el del Tribunal Constitucional que, en su d¨ªa, aval¨® la unidad del idioma cuando consider¨® que la Universitat de Val¨¨ncia puede emplear en los estatutos "lengua catalana" como sin¨®nimo de "valenciano". El Supremo se ha pronunciado ahora respecto a las convocatorias de profesorado, que se realizan al menos un par de veces al a?o. Eso explica el alto n¨²mero de reveses judiciales encajados por el departamento que dirige Alejandro Font de Mora. El STEPV considera que el consejero "puede incurrir en delito de prevaricaci¨®n si en la pr¨®xima convocatoria de oposiciones desobedece este mandato judicial y no reconoce el t¨ªtulo de Filolog¨ªa Catalana, ya que es ¨¦l quien firma las ¨®rdenes de convocatoria de oposiciones".

20 derrotas judiciales

Con el de ayer, el n¨²mero de varapalos judiciales que ha recibido el Consell por la vieja pol¨¦mica ling¨¹¨ªstica se eleva a 20. Y la sentencia de ayer es la primera en la que se le condena a pagar las costas, como se encarg¨® de recordar el STEPV. El Supremo establece, sin embargo, un importe m¨¢ximo de 1.500 euros para esas costas atendiendo, aparentemente sin iron¨ªa, a "que se trata de un recurso que no ha exigido una especial dedicaci¨®n para la formulaci¨®n de la oposici¨®n" por parte del sindicato.