El catal¨¢n y la Constituci¨®n: todo en juego

Algunos altavoces estridentes vienen propagando una supuesta posici¨®n de desventaja del castellano en Catalu?a. Cualquier observador ecu¨¢nime sobre el terreno sabe que ello no se corresponde con la realidad. Aunque tambi¨¦n es cierto que las mentiras, debidamente repetidas, son tomadas por verdades y resultan muy eficaces a los fines perseguidos. Por ello, es importante recelar de las sobreactuaciones y tratar de desvelar lo que esconden. M¨¢s a¨²n cuando los estados de opini¨®n que intentan generar pueden incidir en algunas decisiones dif¨ªcilmente reversibles, como ocurre ahora mismo en el comp¨¢s de espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Todas las mediciones y encuestas -acad¨¦micas, period¨ªsticas o gubernamentales- ponen de manifiesto lo mismo: la inercia predominante del castellano y la dificultad del catal¨¢n por recuperar terreno. Por otro lado, es evidente que la finalidad real de las desinformaciones divulgadas no es otra que deslegitimar la interpretaci¨®n constitucional que ha primado hasta hoy y promover otra de signo inverso, que condenar¨ªa al catal¨¢n a una posici¨®n de inferioridad legal insalvable.

La propaganda sobre la "desventaja" del castellano busca legitimar una regresi¨®n constitucional

Veamos. Cuando los constituyentes catalanes asumieron que la lengua catalana ser¨ªa oficial en Catalu?a, como el castellano lo ser¨ªa en toda Espa?a, entendieron que ello comportaba para la lengua catalana, como ocurr¨ªa con la oficialidad de la lengua castellana, "el deber de conocerla y el derecho de usarla", con lo cual se establec¨ªa la equiparaci¨®n jur¨ªdica de ambas en Catalu?a.

Sobre esta base, se construy¨® el modelo ling¨¹¨ªstico catal¨¢n, mediante el cual se ha garantizado hasta ahora que todos los alumnos acaben sus estudios obligatorios dominando ambas lenguas, con mecanismos de atenci¨®n en "la lengua habitual" de quienes lo solicitan, pero sin que ello divida a la poblaci¨®n escolar por raz¨®n de lengua y garantizandoque toda la poblaci¨®n escolar, sea cual fuere la realidad socioling¨¹¨ªstica de partida, pueda progresar hacia el pleno dominio del catal¨¢n como del castellano. Un modelo que ha obtenido un amplio consenso social en Catalu?a y que ha sido ensalzado por los m¨¢ximos expertos en el plano internacional.

Este modelo trataba de servir a dos finalidades fundamentales, vitales, para Catalu?a, contra las cuales no hab¨ªa pacto constituyente posible. Por una parte, trataba de recuperar al catal¨¢n del grave intento de liquidaci¨®n de que hab¨ªa sido objeto desde el siglo XVIII y muy especialmente durante el franquismo, objetivo que, a pesar de los avances conseguidos, queda todav¨ªa lejos. Y, por otra parte, trataba de establecer una condici¨®n clave para la convivencia y la unidad civil del pueblo catal¨¢n: la "escuela com¨²n", frente a la hip¨®tesis de una doble red escolar que segregara a los alumnos por raz¨®n de lengua. Al respecto, merece la pena se?alar que, en un principio, no hab¨ªa consenso en el Parlamento catal¨¢n. Alianza Popular estaba por lo segundo, y tambi¨¦n lo estaba un cierto "nacionalismo catal¨¢n" deseoso de escuelas s¨®lo en catal¨¢n, sin m¨¢cula de castellano. Una vez m¨¢s, los extremos se tocaron. Fue la posici¨®n del socialismo catal¨¢n y del entonces PSUC la que forz¨® el establecimiento de la "escuela com¨²n" en la ley de la lengua de 1983, asumida finalmente por una ampl¨ªsima mayor¨ªa de la C¨¢mara.

En el Estatuto catal¨¢n de 1979 se hab¨ªa explicitado ya la mencionada interpretaci¨®n constitucional: "La Generalitat garantizar¨¢ el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomar¨¢ las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear¨¢ las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalu?a". Se trataba del "deber de conocer y el derecho de usar" constitucional, referido ahora de manera expl¨ªcita a las dos lenguas, esa condici¨®n que les confer¨ªa igualdad jur¨ªdica en Catalu?a y que ten¨ªa que ser decisiva contra la doble red escolar y en favor de la voluntad integradora de la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos de Catalu?a, de nacimiento como de opci¨®n. El Estatuto de 2006 ha redundado en la misma direcci¨®n, de manera m¨¢s clara si cabe. Dice sobre las dos lenguas que "los ciudadanos de Catalu?a tienen el derecho y el deber de conocerlas. (...) No puede haber discriminaci¨®n por el uso de cualquiera de ambas lenguas".

La propaganda sobre la supuesta posici¨®n de inferioridad del castellano en Catalu?a trata, en realidad, de legitimar una interpretaci¨®n constitucional regresiva, que refiera "el deber de conocer" exclusivamente al castellano, rompiendo la equiparaci¨®n legal de ambas lenguas en Catalu?a. Es decir, propugnando una juridicidad de "nueva planta" que sit¨²e al castellano en posici¨®n de privilegio legal frente al catal¨¢n. De ese modo, siendo que la oficialidad del catal¨¢n no supondr¨ªa deber alguno de conocerlo, podr¨ªa enmendarse finalmente el camino andado y propiciar escuelas s¨®lo en castellano (¨²nica lengua obligatoria), panacea ¨¦sta del neo-lerouxismo siempre latente y hasta ahora fracasado.

Semejante deriva no atentar¨ªa s¨®lo contra el Estatuto de 2006, sino contra el Estatuto de 1979 y contra el esp¨ªritu de los constituyentes catalanes de 1978, sobre cuya base se ha construido el modelo ling¨¹¨ªstico vigente durante 30 a?os. Y, con ello, se derrumbar¨ªa la pared maestra que fundamenta la recuperaci¨®n del catal¨¢n y la unidad civil del pueblo de Catalu?a. Ni m¨¢s ni menos.

Jordi Font es director de l'Institut del Teatre de Barcelona y ha sido secretario de Cultura del PSC.