Corromper la econom¨ªa

Los corruptos degradan la pol¨ªtica. Y da?an a la econom¨ªa. Imitando a Keynes, alguien debiera escribir un tratado sobre Las consecuencias econ¨®micas de la corrupci¨®n.

Mientras llega, apuntemos algunas que se producen, en todo o en parte, en los casos actuales.

La corrupci¨®n desacredita los sistemas p¨²blicos de contrataci¨®n. A?ade a las obras sobrecostes de efectos inflacionarios (?el famoso 3% que denunci¨® Pasqual Maragall?). Alimenta el d¨¦ficit, al hinchar las partidas de gasto. Erosiona la conciencia fiscal (con peligro para la recaudaci¨®n), al desincentivar al contribuyente pulcro, que constata el mal uso de (parte) de sus impuestos. Distorsiona la competencia entre empresas licitadoras, generando oligopolios subterr¨¢neos. Inhibe el aumento de la competitividad, al dedicar energ¨ªas a esquivar las, falseadas, ventajas competitivas de aqu¨¦llos. Ralentiza o paraliza la toma de decisiones por las Administraciones econ¨®micas. Pone en riesgo instituciones y empresas.

Caja Madrid, G¨¹rtel, Millet y otros casos erosionan empresas y falsean el mercado

El diccionario de la RAE distingue dos conceptos de corrupci¨®n. El primero, digamos light, consiste en el hecho de "alterar y trastocar la forma de alguna cosa" (primera acepci¨®n), o de "echar a perder, depravar, da?ar, podrir" (segunda). S¨®lo en la tercera acepci¨®n recoge la idea popular, hard, "sobornar a alguien con d¨¢divas". O sea, meter indebidamente en el bolsillo, propio o ajeno, dinero, habitualmente p¨²blico.

La corrupci¨®n light es caldo de cultivo propicio para la hard. Suele inquietar menos, por su menor o nulo impacto judicial o moral, y porque se produce m¨¢s bien en el ¨¢mbito de la decisi¨®n y la responsabilidad pol¨ªtica: cuando se interviene en lo que no se debe o no se act¨²a donde procede. Pero econ¨®mica e institucionalmente no es menor.

Es evidente que el follet¨®n de Caja Madrid amenaza con "alterar" y "pudrir" la cosa. Casi todos los responsables pol¨ªticos de esa comunidad, desde Esperanza Aguirre a Tom¨¢s G¨®mez, est¨¢n contraviniendo la Ley (31/85) sobre ?rganos Rectores de las Cajas. Su art¨ªculo 20 atribuye la competencia exclusiva para nombrar presidente, no a Mariano Rajoy, sino al Consejo de Administraci¨®n; y la de elegir a sus miembros, a los consejeros generales (art¨ªculo 14/a). Al usurpar ilegalmente sus funciones, desnaturalizan la instituci¨®n. Y quiz¨¢ acaben erosionando su cuenta de resultados, como actuaciones parecidas han erosionado al Tribunal Constitucional o a los organismos reguladores. Intervenciones que no tocan.

Otra decisi¨®n que no tocaba: los gobernantes (encabezados por Jordi Pujol) que eligieron en junio de 1983 a F¨¦lix Millet presidente ejecutivo del Consorcio del Palau de la M¨²sica, sab¨ªan que s¨®lo un mes antes hab¨ªa sido procesado y encarcelado por estafa (fue condenado, en 1984, por falsedad) en el caso Renta Catalana. De aquellos polvos...

Asunto de distinto grado es la corrupci¨®n directamente hard. Conviene dirimir si es epis¨®dica (afecta a escasas personas) o sist¨¦mica (corroe instituciones). En el caso G¨¹rtel, todo indica (su operativa, sus ramificaciones territoriales, las vinculaciones de altos dirigentes del PP) que es sist¨¦mica. En el asunto del Palau, hay evidencias de que Millet actuaba como la caja B del conglomerado CiU/Fundaci¨®n Trias Fargas.

Y en la red catalana desventrada por Baltasar Garz¨®n tambi¨¦n apuntan indicios graves. De que el poder metropolitano del PSC sea un queso de apariencia gruy¨¨re y olor a recalificaciones roquefort, y de que la tolerancia infinita de la ¨¦poca Pujol (Maci¨¤ Alavedra es su tercer consejero de Econom¨ªa con problemas judiciales personales) fuese una escuela autominada de heterodoxia.

Bien est¨¢ la presunci¨®n de inocencia en la que se enroca CiU, como hizo antes (y ahora) el PP con los hombres-correo de Correa. Pero ?no debe ser modulada, por cuanto el dinero de Alavedra y Prenafeta cuyo destino investiga Garz¨®n proced¨ªa del sospechoso origen del para¨ªso fiscal de Jersey? ?C¨®mo y cu¨¢ndo se acumul¨®? ?Acaso se declar¨® al fisco?

El overbooking de corrupciones no debe conducir al populismo de la antipol¨ªtica. Hay tratamiento. Uno es el socorrido (quiz¨¢ necesario) expediente de las reformas legales: endurecimiento de penas, incremento de transparencia de las fundaciones, mayor vigilancia a la correcta financiaci¨®n de los partidos.

Pero mil reformas no bastar¨¢n. Urge un cambio cultural de muchos pol¨ªticos, por el que se autoimpongan el imperativo de cumplir la norma, el esp¨ªritu de la ley y el simple mandato de la sensatez. Urge tambi¨¦n volver a poner el ¨¦nfasis en la lucha contra el fraude fiscal, y en su dotaci¨®n. Porque es abono, puente y fruto de todas las corrupciones.