?ltimos cartuchos

El ministerio fiscal quem¨® ayer sus ¨²ltimos cartuchos procesales en su intento de parar la inminente apertura de juicio oral a Baltasar Garz¨®n por la causa relativa a las fosas donde todav¨ªa yacen sin identificar numerosas v¨ªctimas del franquismo. A los argumentos hasta ahora esgrimidos por el fiscal en su firme oposici¨®n a que la controvertida pero jur¨ªdicamente sostenible actuaci¨®n del juez de la Audiencia Nacional sea considerada un acto prevaricador, ha a?adido uno nuevo: la deslegitimaci¨®n procesal de los querellantes, el sindicato ultra Manos Limpias y Falange Espa?ola de las JONS, para sentar a Garz¨®n en el banquillo.

La tesis que sustenta el ministerio fiscal, y que le da pie para pedir una vez m¨¢s el sobreseimiento de la causa deriva de la llamada doctrina Bot¨ªn sobre la acci¨®n popular que, aunque enmendada poco despu¨¦s por la misma Sala Segunda del Supremo por la llamada doctrina Atutxa, fue mantenida por el instructor de la causa contra Garz¨®n, Luciano Varela, en un voto particular discordante con el llamativo cambio de criterio de sus compa?eros. La doctrina Bot¨ªn y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusaci¨®n popular carece de legitimaci¨®n por s¨ª sola, a falta de acusaci¨®n particular o de acusaci¨®n p¨²blica, para llevar a un ciudadano a juicio en los llamados procedimientos abreviados, relativos a los delitos menos graves.

La causa contra Garz¨®n encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusaci¨®n particular, por la sencilla raz¨®n de que no existen perjudicados, ni tampoco acusaci¨®n p¨²blica porque ning¨²n da?o ha producido Garz¨®n al "inter¨¦s p¨²blico y social" en su intento de prestar una tutela judicial efectiva a los familiares de las v¨ªctimas del franquismo que acudieron a su jurisdicci¨®n. La causa s¨®lo se sustenta en una acusaci¨®n popular a la que el propio instructor Varela, con una benevolencia y compresi¨®n que ya quisieran para s¨ª otros querellantes, ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares -el derecho al honor de los falangistas o revindicaciones de "un alto grado ideol¨®gico"- al amparo de una presunta defensa del inter¨¦s social.

Es cierto que la doctrina Atutxa sobre la acci¨®n popular es la vigente, y no la doctrina Bot¨ªn, pero el hecho de que est¨¦ recurrida ante el Tribunal Constitucional prueba que es una cuesti¨®n todav¨ªa abierta y sobre la que no se ha dicho la ¨²ltima palabra. El instructor Varela ha pasado por alto en sus autos este debate doctrinal, a pesar del papel se?alado que ha jugado en ¨¦l. Pero nunca es tarde. El fiscal le ha recordado que ese debate existe y que deber¨ªa llevar o bien al sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garz¨®n. Porque podr¨ªa suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Bot¨ªn y que Garz¨®n hubiera sido juzgado con una interpretaci¨®n inadecuada de las leyes procesales.