El Superior avala el recorte salarial a los empleados de las empresas p¨²blicas

El Gobierno ha salido bien librado de la primera batalla judicial en defensa del recorte salarial a todos los empleados del sector p¨²blico, al lograr que el Superior no pregunte al Tribunal Constitucional sobre la aplicaci¨®n en Euskadi de la rebaja de sueldos a la que le obliga el decreto ley del Ejecutivo central y d¨¦ por buena su actuaci¨®n.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior ha dictado su primera sentencia sobre una demanda sindical contra este recorte salarial al personal de las empresas p¨²blicas. El fallo supone un importante rev¨¦s a la pretensi¨®n sindical de dejar fuera de la rebaja a ese colectivo. La demanda fue interpuesta por los cuatro sindicatos presentes en el comit¨¦ de empresa de ETB (ELA, CCOO, LAB y KLB) , que hab¨ªan denunciado la conculcaci¨®n de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la negociaci¨®n colectiva, y hab¨ªan pedido que se restituyeran las retribuciones pactadas en el convenio del ente audiovisual.

Un voto particular respalda que se elevase la cuesti¨®n al Constitucional

La Sala afirma que "no se ha cercenado un derecho fundamental", ni el que protege la negociaci¨®n colectiva ni el sindical, y estima que el convenio se mantiene, aunque limitado por una ley, m¨¢s elevada en la jerarqu¨ªa normativa.

Con este pronunciamiento judicial el Gobierno gana en el supuesto que m¨¢s dudas pod¨ªa ofrecer, el del personal de las empresas p¨²blicas, ya que con m¨¢s razones ser¨ªan aplicables los recortes al personal laboral al servicio de los organismos y entes p¨²blicos de derecho privado , y, m¨¢s a¨²n, al personal laboral de las Administraciones en general. Se trata, en total, de un colectivo de 22.488 personas. La mayor¨ªa de ellas -cerca de 16.000- pertenecen a los organismos aut¨®nomos, entes y empresas p¨²blicas del Gobierno (8.838), las tres Diputaciones (2.888) y los Ayuntamientos (4.152). El rev¨¦s jur¨ªdico y pol¨ªtico y el quebranto econ¨®mico que habr¨ªa supuesto para las arcas p¨²blicas un pronunciamiento en sentido contrario resulta evidente.

El Superior se distancia as¨ª de lo que hasta ahora ha hecho la Audiencia Nacional, donde se han visto demandas similares planteadas en otros puntos de Espa?a, bien por tratarse de empresas de ¨¢mbito general, bien por tener centros de trabajo en m¨¢s de una comunidad. En el caso vasco no se han considerado como tales las corresponsal¨ªas en Pamplona y Madrid. Las restantes demandas se han sustanciado en la elevaci¨®n de las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad al m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna.

En Catalu?a s¨ª se ha registrado una sentencia, contraria a la reclamaci¨®n sindical y favorable a la Generalitat, pero en ese caso se trataba de personal al servicio de la Administraci¨®n, una figura que ofrec¨ªa menos dudas. En Euskadi, sin embargo, los sindicatos empezaron por tantear por el terreno m¨¢s resbaladizo para el Gobierno, el de las empresas p¨²blicas.

Lo novedoso del pronunciamiento del Superior vasco es que, a diferencia de la Audiencia Nacional, s¨ª ha entrado en el fondo de la cuesti¨®n y dictado sentencia, desestimando en este caso la demanda sindical.

Uno de los tres magistrados de la Sala, Jos¨¦ Luis Asenjo, firma un voto particular con su desacuerdo, al considerar que existen al menos tres causas para haber actuado en el mismo sentido que la Audiencia Nacional y plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad.

La sentencia afecta en sentido estricto solo al personal de ETB (650 empleados), pero en breve la misma Sala fallar¨¢, previsiblemente en el mismo sentido, sobre la demanda relativa a EITB y a las sociedades de las radios p¨²blicas. Los sindicatos pueden ahora recurrir ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno se arriesgaba a dem¨¢s a un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los propios presupuestos, tanto los de 2010, por el decreto que recogi¨® su modificaci¨®n para aplicar la rebaja salarial a partir de julio pasado, como los actuales. Este aval judicial al recorte llega cuando los empleados p¨²blicos han acusado m¨¢s la rebaja, con la reducci¨®n de sus pagas de Navidad en un 30%.