Pugna pol¨ªtica por el ERE de Riotinto

La semana pasada el PP intent¨® responsabilizar al presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, de las irregularidades en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) porque era consejero de Econom¨ªa cuando se produjeron. La consejera de Presidencia de la Junta, Mar¨ªa del Mar Moreno, advirti¨® el pasado domingo de que ese argumento es peligroso porque el presidente del PP, Javier Arenas, era ministro de Trabajo entre 1996 y 1999 y no utiliz¨® la inspecci¨®n.

Ayer el ministro de Trabajo e Inmigraci¨®n, Valeriano G¨®mez, se uni¨® a este argumento al apuntar que en uno de los expedientes cuestionados, el referido a la miner¨ªa en Riotinto, particip¨® el Ministerio cuando gobernaba el PP, por lo que van a revisarlo. No obstante precis¨® que, "si hubiera algo que revisar y esclarecer presuntas irregularidades, no ser¨ªa una decisi¨®n administrativa, sino de los tribunales". "Cualquier revisi¨®n de prestaci¨®n p¨²blica en el ¨¢mbito de las pensiones no lo puede hacer la Seguridad Social ni el Ministerio, sino que ser¨¢n los tribunales de lo Social los que decidan", indic¨®.

El acta final de la comisi¨®n t¨¦cnica para aplicar el estatuto del minero y el listado de trabajadores presentado por los sindicatos y que aprobaba las certificaciones correspondientes para Minas de Riotinto se elev¨® en febrero de 2003 para su aprobaci¨®n al Delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa por aquel entonces, Juan Ignacio Zoido, hoy candidato del PP a la alcald¨ªa de Sevilla. En junio de ese a?o la Inspecci¨®n de Trabajo determin¨® los coeficientes reductores de la edad de jubilaci¨®n de los trabajadores junto al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, en funci¨®n de la aplicaci¨®n del estatuto del minero.

Esta comprobaci¨®n de los puestos de trabajo para determinar las personas que se pod¨ªan prejubilar en las minas ha sido motivo de conflicto la semana pasada entre PP y PSOE. En 2003, mientras que la Junta se comprometi¨® al pago del 50% de las p¨®lizas de las prejubilaciones junto al ministerio, la elecci¨®n de las personas prejubilables fue una competencia estatal. Finalmente en diciembre de 2003 el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, concedi¨® las ayudas extraordinarias destinadas al pago del convenio especial y a financiar el plan de prejubilaciones.

"Los ERE llevan aparejados en ocasiones el reconocimiento de prestaciones, desempleo, jubilaci¨®n o pensiones, donde no solo decide la comunidad a qui¨¦n afecta el expediente y cu¨¢l es el contenido del mismo, sino que tambi¨¦n la Seguridad Social o el Servicio P¨²blico de Empleo tienen competencias en ese sentido para reconocer esas prestaciones, remach¨® el ministro G¨®mez.