Otros 17 detenidos en el caso de los ERE fraudulentos

La polic¨ªa judicial prosigue su investigaci¨®n por los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta andaluza, al margen del conflicto entre el Ejecutivo y la juez del caso y la bronca pol¨ªtica casi diaria entre PP y PSOE. Los agentes han detenido en las ¨²ltimas semanas a 17 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), que tras su declaraci¨®n fueron puestos en libertad. Adem¨¢s, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones, ha declarado en sede policial como imputado.

La Junta ya identific¨® a estas 17 personas en su investigaci¨®n interna, que elev¨® a 72 el n¨²mero de polizones. De este modo, la instrucci¨®n judicial acumula en total 32 detenidos y 14 imputados, estos ¨²ltimos acusados de malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n. Entre ellos est¨¢n el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cu?ada.

La investigaci¨®n tiene 14 imputados acusados de malversaci¨®n

Los intrusos est¨¢n acusados de un delito de tr¨¢fico de influencias, seg¨²n refleja un informe policial incorporado a las diligencias judiciales, aunque es previsible que sean acusados de cohecho, ya que percibieron p¨®lizas entre 100.000 y 200.000 euros solo por sus v¨ªnculos de amistad con pol¨ªticos e intermediarios. Entre los falsos prejubilados que declararon como detenidos destaca Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), al igual que Guerrero, y que ha entregado a la juez un acta notarial en la que consigna 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta.

Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabaj¨® all¨ª, y hace 20 d¨ªas manifest¨® ante la juez su sorpresa al percatarse de que su p¨®liza era ilegal. Su hijo, el exconcejal y empresario Juan Enrique Rosendo, fue copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, que percibi¨® 9,2 millones en subvenciones directas desde la Consejer¨ªa de Empleo.

Entre los detenidos tambi¨¦n figura una persona, de iniciales J. A. G. R., que cobr¨® una p¨®liza de 460.000 euros debido a una deuda que la Consejer¨ªa de Empleo ten¨ªa con la multinacional CFP Servicio de Prevenci¨®n por sus cursos y servicios. La Direcci¨®n General de Trabajo abon¨® el dinero a este particular sin vinculaci¨®n directa con la empresa vasca mediante el ERE de Cydeplast, subvencionado por la Junta con 6,6 millones en 2007.

Asimismo est¨¢ incluido el exconcejal y anterior secretario de pol¨ªtica municipal del PSOE en Camas (Sevilla), Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Prieto, que figura como intruso en dos ERE diferentes, pese a que nunca trabaj¨® en las empresas. Garc¨ªa Prieto percibi¨® 1.900 euros al mes como falso prejubilado desde 2003 y hasta 2008, cuando se jubil¨®.

Por otra parte, la magistrada del caso, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Jueces de Sevilla que la exima de otros asuntos ante la entidad de la instrucci¨®n de los ERE fraudulentos, inform¨® Europa Press. Alaya investiga otros asuntos complejos, como el supuesto delito societario del Betis.

Mientras, el PP exigi¨® ayer a la Junta que entregue a la juez las 480 actas del Consejo de Gobierno desde 2001, tras haberse negado el Ejecutivo por no ser una petici¨®n concreta. La portavoz parlamentaria, Esperanza O?a, acus¨® al gabinete de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n de trabar a la justicia y de mantener una postura "sin precedentes".