El juez apartado en Figueres hizo crecer un 50% en 18 meses los casos sin revisar

Durante el casi a?o y medio que el juez inhabilitado de Figueres (Alt Empord¨¤), Sergio Molina, estuvo al frente del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la ciudad, los asuntos penales pendientes aumentaron un 50%. Ese es uno de los argumentos esgrimidos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) para pedir el cese del abogado, que ejerc¨ªa como sustituto.
El tribunal destac¨® tambi¨¦n en el expediente una "importante disfunci¨®n": "el largo retraso del se?or Molina en atender una diligencia de levantamiento de cad¨¢ver". Tambi¨¦n se?al¨® las "quejas verbales" de algunos letrados al presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba. Precisamente, Lacaba solicit¨® en mayo a la Sala de Gobierno del TSJC que examinase el caso de Molina. Para ello present¨® varias sentencias civiles dictadas por el juez y una copia de una inspecci¨®n.
Las sentencias "ponen en evidencia unas resoluciones estereotipadas en su mayor extensi¨®n", en las que no se hace "ninguna valoraci¨®n de la prueba practicada", apunt¨® la Sala del Gobierno del tribunal. En la inspecci¨®n en el juzgado, se constat¨® que Molina "no daba instrucciones al personal" sobre los asuntos penales "a no ser que fuera requerido para ello por el personal o la secretaria judicial", recogi¨® el acta. Molina adujo en su defensa que nadie le comunic¨® "por correo de y manera fehaciente" los asuntos pendientes al dejar el juzgado y que ignoraba si era correcto el an¨¢lisis del juez que le precedi¨®.
Por todo lo anterior, la comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial acord¨® el 7 de septiembre el cese de Sergio Molina. Consider¨® acreditada su "falta de aptitud e idoneidad" para ejercer de juez como consecuencia de la falta "de conocimientos jur¨ªdicos te¨®ricos y pr¨¢cticos". Contra la decisi¨®n, Molina puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
Adem¨¢s, la fiscal¨ªa investiga el hallazgo de parte de un sumario en las oficinas de un burdel cuyos due?os estaban sometidos a escuchas telef¨®nicas. Eso supone que los investigados pod¨ªan estar al corriente de que les hab¨ªan intervenido los m¨®viles.
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