Oportunidad para la colaboraci¨®n p¨²blico-privada

El programa Next Generation EU (NGEU) est¨¢ generando una enorme expectaci¨®n pol¨ªtica y empresarial. El impacto transformacional para la econom¨ªa espa?ola de las inversiones que se realizar¨¢n al amparo de esta iniciativa es enorme. La apuesta de Europa para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria generada por la covid-19 supone una hoja de ruta para modernizar el tejido productivo de nuestro pa¨ªs y sentar las bases de un modelo econ¨®mic...

El programa Next Generation EU (NGEU) est¨¢ generando una enorme expectaci¨®n pol¨ªtica y empresarial. El impacto transformacional para la econom¨ªa espa?ola de las inversiones que se realizar¨¢n al amparo de esta iniciativa es enorme. La apuesta de Europa para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria generada por la covid-19 supone una hoja de ruta para modernizar el tejido productivo de nuestro pa¨ªs y sentar las bases de un modelo econ¨®mico y social mucho m¨¢s s¨®lido; todo ello a trav¨¦s de un ambicioso plan de inversiones que se materializar¨¢ en los pr¨®ximos meses con la financiaci¨®n de proyectos enmarcados dentro de los cuatro pilares que se han erigido en los ejes prioritarios para su ejecuci¨®n: transformaci¨®n digital, transici¨®n ecol¨®gica, cohesi¨®n social y territorial e igualdad.

De acuerdo con el Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia (PRTR), presentado recientemente por el Gobierno espa?ol, y alineado con las directrices marcadas por la Comisi¨®n Europea, las oportunidades para las empresas del sector de infraestructuras se derivan no solo de los fondos preasignados para la inversi¨®n en infraestructuras y ecosistemas resilientes, sino tambi¨¦n de los preasignados a la agenda urbana y rural, transici¨®n energ¨¦tica y modernizaci¨®n y digitalizaci¨®n del tejido industrial y de la pyme, que tambi¨¦n pueden tener un efecto tractor relevante para el sector.

Si bien en algunos ¨¢mbitos se considera que el gran volumen de inversi¨®n que nuestro pa¨ªs llev¨® a cabo en las dos d¨¦cadas anteriores a la crisis financiera nos ha dotado de un stock de infraestructuras comparable al de los pa¨ªses de nuestro entorno, se trata de una conclusi¨®n que solo es parcialmente cierta en lo relativo a determinadas infraestructuras de transporte de alta capacidad, pero que no se corresponde con la realidad en lo que se refiere a otro tipo de infraestructuras. En este sentido, en la d¨¦cada posterior a la crisis financiera, los vol¨²menes de inversi¨®n en infraestructuras cayeron dram¨¢ticamente hasta unos niveles que el propio Banco de Espa?a ha manifestado repetidamente que apenas permiten cubrir la amortizaci¨®n de nuestro stock.

Nuestro pa¨ªs presenta en la actualidad ratios de stock por habitante en infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, el abastecimiento y la depuraci¨®n de aguas, el tratamiento de residuos y la infraestructura social muy inferiores a las de los principales pa¨ªses de nuestro entorno. Adicionalmente, llevamos casi 30 a?os incumpliendo la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y somos uno de los pa¨ªses de Europa con mayor porcentaje de residuos llevados a vertedero sin tratamiento previo.

En este contexto, el PRTR establece la colaboraci¨®n p¨²blico-privada como ¡°principio director indispensable¡± para aumentar la capacidad de inversi¨®n y sacar el m¨¢ximo partido del efecto multiplicador de las inversiones relacionadas con el programa, y apunta a un m¨²ltiplo de cuatro euros de financiaci¨®n privada por cada euro de inversi¨®n p¨²blica relacionada con el programa NGEU.

Las Administraciones y las empresas del sector tienen que ser conscientes tanto de la importancia del programa como del escaso tiempo disponible para la ejecuci¨®n de los proyectos, en un sector en el que el periodo medio desde que se planifica una gran infraestructura hasta que est¨¢ disponible suele estar entre los siete y los diez a?os. Creemos que el sector privado est¨¢ en condiciones de afrontar este enorme reto, pero para que esto suceda hacen falta dos condiciones previas indispensables.

Por un lado, adaptar los procedimientos de contrataci¨®n p¨²blica y mejorar el marco legal de los mecanismos de colaboraci¨®n p¨²blico-privada (CPP) para dotarlos de mayor agilidad, estabilidad y seguridad jur¨ªdica.

A diferencia de otros mercados europeos, en el mercado espa?ol no existe a¨²n una presencia muy relevante de inversores institucionales, excluyendo el mercado secundario, que generalmente no implica nueva inversi¨®n en infraestructuras. Este menor inter¨¦s se explica, principalmente, por las incertidumbres que plantea nuestro ordenamiento jur¨ªdico y marco competencial, as¨ª como por la percepci¨®n de ciertas deficiencias en materia de CPP en Espa?a, tanto en la preparaci¨®n de los contratos (tama?o de los proyectos, indefinici¨®n de riesgos) como en su licitaci¨®n y adjudicaci¨®n (rigidez del procedimiento), en su ejecuci¨®n (necesidad de seguridad jur¨ªdica y de medios ¨¢giles de resoluci¨®n de controversias) y en su terminaci¨®n (necesidad de determinar de manera clara las consecuencias jur¨ªdicas y econ¨®micas de la terminaci¨®n anticipada).

El segundo requisito indispensable lo encontramos en la creaci¨®n de las condiciones para hacer atractiva la colaboraci¨®n privada en la inversi¨®n en infraestructuras, en especial eliminando las restricciones que establece el Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley de Desindexaci¨®n y que limita la rentabilidad del capital privado en este tipo de contratos CPP al rendimiento medio de la deuda del Estado a 10 a?os (actualmente, en m¨ªnimos hist¨®ricos y por debajo del 0,2%) m¨¢s 200 puntos b¨¢sicos.

En este sentido, cualquier inversor racional sustenta sus decisiones de inversi¨®n considerando la rentabilidad y riesgos que ofrecen los proyectos de infraestructura con el contexto del conjunto de alternativas de inversi¨®n disponible. Esta es una cuesti¨®n fundamental de la teor¨ªa financiera, que establece una relaci¨®n directa entre el riesgo asumido en una actividad y el retorno exigido por los inversores. El retorno exigido actualmente por los inversores para activos de infraestructuras en econom¨ªas similares es claramente superior al establecido por la mencionada ley, y puede oscilar entre el 6% y el 7%, dependiendo de diversos factores.

Si se cumplen estos dos condicionantes previos, el sector privado estar¨¢ en disposici¨®n de ayudar a cumplir con los ambiciosos objetivos del PRTR aprovechando la elevada liquidez que existe en los mercados financieros, consiguiendo el efecto multiplicador previsto y aumentando el impacto transformacional que el NGEU puede tener en la econom¨ªa espa?ola.

Javier Parada es socio responsable global de Infraestructuras de Deloitte, y Enrique Guti¨¦rrez es socio director de Financial Advisory de Deloitte y col¨ªder del Centro Europeo para la Recuperaci¨®n y Resiliencia de Deloitte.