El Estado se endeudar¨¢ en 638 millones para indemnizar a la banca por el cierre de la plataforma Castor

Hacienda se endeudar¨¢ para hacer frente a una parte de los 1.350 millones de euros con los que debe indemnizar a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por el cierre de Castor, el almac¨¦n submarino de gas ubicado frente a las costas de Tarragona y Castell¨®n. Seg¨²n explica el Gobierno en un real decreto-ley publicado este mi¨¦rcoles en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, el Fondo de Contingencia no cuenta con recursos suficientes para financiar esa cantidad debido a los desembolsos que el Estado ha tenido que afrontar p...

Hacienda se endeudar¨¢ para hacer frente a una parte de los 1.350 millones de euros con los que debe indemnizar a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por el cierre de Castor, el almac¨¦n submarino de gas ubicado frente a las costas de Tarragona y Castell¨®n. Seg¨²n explica el Gobierno en un real decreto-ley publicado este mi¨¦rcoles en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, el Fondo de Contingencia no cuenta con recursos suficientes para financiar esa cantidad debido a los desembolsos que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos de la pandemia. Por ello, la norma permite a Hacienda endeudarse por 638 millones de euros para hacer frente al desembolso. Esta ampliaci¨®n de cr¨¦dito, se?ala el BOE, se realizar¨¢ con cargo a deuda p¨²blica y ¡°se ampliar¨¢ hasta el importe total de la sentencia¡±.

La ejecuci¨®n del pago proviene de un fallo emitido por el Tribunal Supremo en octubre, en el que se reconoc¨ªa el derecho de los tres bancos de ser indemnizados por el Gobierno. Las tres entidades aportaron 1.350 millones de euros a la concesionaria de la instalaci¨®n, Enag¨¢s, despu¨¦s de que esta se hiciera con la instalaci¨®n en 2014 de manos de la empresa constructora (Escal). Esta renunci¨® a la adjudicaci¨®n de la plataforma tras una serie de terremotos provocados por la inyecci¨®n de gas en el almac¨¦n submarino que se sintieron en localidades de Tarragona y Castell¨®n.

La alarma social que levantaron los temblores de tierra llevaron al Ejecutivo a decretar la hibernaci¨®n de Castor, por lo que Escal renunci¨® a la concesi¨®n y pidi¨® que se le indemnizara con 1.350 millones. El Gobierno adjudic¨® entonces el almac¨¦n a Enag¨¢s y le orden¨® que realizase el pago. Adem¨¢s, en compensaci¨®n por ese desembolso, le concedi¨® por medio de un real decreto de 2014 un derecho de cobro de esa cantidad a cuenta de los peajes y c¨¢nones del sistema gasista. Enag¨¢s recibir¨ªa ese dinero en un plazo de 30 a?os, con un primer pago previsto en enero de 2016.

El decreto tambi¨¦n permit¨ªa a Enag¨¢s transmitir el derecho de cobro total o parcialmente, cosa que hizo a favor de las tres entidades, mediante un contrato firmado en octubre de 2014. Los bancos, pues, pagaron a Enag¨¢s y comenzaron a recibir los pagos correspondientes, que abonaba la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, el Parlamento y la Generalitat de Catalu?a, as¨ª como 50 diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados, recurrieron el derecho de cobro de Enag¨¢s ante el Constitucional. Este Tribunal declar¨® en diciembre de 2017 que dicho derecho de cobro y sus condiciones eran inconstitucionales. Entre otras cosas, el TC afirmaba que no encontraba las razones de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± necesarias para tramitarlos mediante un decreto ley.

En enero de 2018 la CNMC dej¨® de realizar los pagos a los bancos y en julio de 2019 les reclam¨® las cantidades abonadas hasta entonces: m¨¢s de 1.300 millones de euros. Antes de eso, a mediados de 2018, los bancos ya hab¨ªan iniciado un proceso reclamando al ¡°Estado legislador¡± (es decir, por los efectos producidos a ra¨ªz de un acto legislativo) da?os y perjuicios, al quedarse sin derecho a cobrar la cantidad y haber tenido que devolver lo recibido.

El pasado octubre, el Tribunal Supremo dio la raz¨®n a estas tres entidades. ¡°Es m¨¢s que evidente que en esa situaci¨®n en que, a la postre, se le impone por la declaraci¨®n de inconstitucionalidad, existe un m¨¢s que evidente da?o que no puede quedar hu¨¦rfano de resarcimiento¡±, recogi¨® el alto tribunal en la sentencia.

El ingreso m¨ªnimo vital, exento de IRPF

Por otro lado, el mismo real decreto-ley se?ala que el ingreso m¨ªnimo vital (IMV) quedar¨¢ exento a partir de ahora del Impuesto de Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) siempre que, unido a otras ayudas y prestaciones, no supere 1,5 veces el indicador p¨²blico de rentas de efectos m¨²ltiples (IPREM). Este baremo se ha situado en los ¨²ltimos tres a?os en los 6.454,03€ en 12 pagas.

Las prestaciones que computan para ese c¨¢lculo son, seg¨²n el BOE: ¡°La renta m¨ªnima de inserci¨®n, as¨ª como las dem¨¢s ayudas a colectivos en riesgo de exclusi¨®n social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentaci¨®n, escolarizaci¨®n y dem¨¢s necesidades b¨¢sicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios econ¨®micos suficientes¡±.

Con esta medida, el Gobierno pretende ¡°para garantizar recursos econ¨®micos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos¡± durante el azote de la pandemia. Seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, el IMV alcanz¨® en diciembre a 160.000 hogares, unas 460.000 personas, del 1,1 millones de solicitudes que ha recibido el ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones en los seis primeros meses de prestaci¨®n.