Trastorno econ¨®mico a los consumidores

Cuando en 1986 Espa?a ingres¨® en la Comunidad Econ¨®mica Europea, muchos ciudadanos respiraron con alivio por la protecci¨®n que significaba para una democracia tan fr¨¢gil. Era dif¨ªcil vislumbrar entonces el impacto de aquella decisi¨®n en la elevaci¨®n de derechos esenciales.

Durante la ¨²ltima d¨¦cada numerosas directivas y sentencias europeas han forzado cambios sustanciales en las leyes y principios jur¨ªdicos espa?oles que han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, que hasta 2013 se pod¨ªa iniciar un procedimiento de desahucio por un solo impago de la cu...

Cuando en 1986 Espa?a ingres¨® en la Comunidad Econ¨®mica Europea, muchos ciudadanos respiraron con alivio por la protecci¨®n que significaba para una democracia tan fr¨¢gil. Era dif¨ªcil vislumbrar entonces el impacto de aquella decisi¨®n en la elevaci¨®n de derechos esenciales.

Durante la ¨²ltima d¨¦cada numerosas directivas y sentencias europeas han forzado cambios sustanciales en las leyes y principios jur¨ªdicos espa?oles que han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, que hasta 2013 se pod¨ªa iniciar un procedimiento de desahucio por un solo impago de la cuota mensual de una hipoteca y hoy al menos han de transcurrir 12 incumplimientos. Mejoras relevantes menos conocidas se han registrado en medio ambiente. Han sido avances importantes precedidos e impulsados por movilizaciones sociales en muchos campos que todav¨ªa tienen urgentes desaf¨ªos pendientes.

El debate de fondo siempre es el mismo. Es el que se libra entre las instituciones espa?olas, que han priorizado los intereses de los poderes econ¨®micos, y las europeas que abogan por considerar tambi¨¦n los derechos de los ciudadanos. En 2013, el Tribunal Supremo neg¨® el resarcimiento completo a los hipotecados con las abusivas cl¨¢usulas suelo con la excusa de que se podr¨ªa generar un ¡°riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden p¨²blico econ¨®mico¡±. El Alto Tribunal asumi¨® una extrema preocupaci¨®n por la estabilidad del sistema financiero que no le correspond¨ªa. Le apoyaron las m¨¢ximas instancias desde el Banco de Espa?a, la Fiscal¨ªa y el Gobierno con la Abogac¨ªa del Estado, con razones que no merecieron ninguna consideraci¨®n de la UE.

Entonces los magistrados de la Audiencia de Alicante no se amilanaron y plantearon al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) si en los supuestos trastornos graves para el orden p¨²blico econ¨®mico no se deb¨ªa tomar en cuenta tambi¨¦n ¡°el quebranto que se ocasione a los consumidores¡±.

Pasan los a?os y la batalla contin¨²a. El pasado 3 de marzo el TJUE anul¨® por segunda vez la estrategia de la banca de sustituir las cl¨¢usulas suelo por otras menos costosas, pero tambi¨¦n abusivas, a condici¨®n de que los afectados renunciaran a reclamar. La abusiva renuncia fue avalada por el Tribunal Supremo en 2018, que despu¨¦s empez¨® a corregir. Esta vez fueron los magistrados de la Audiencia de Zaragoza los que cuestionaron la validez de las renuncias impuestas, que el TJUE ha vuelto a anular con mayor contundencia.

Es un viejo asunto con millones de familias atrapadas desde 2009, con juicios pendientes hasta 2024, que los jueces fallan a favor de los ciudadanos en un 97 % de los casos.

Javier de la Torre, un abogado perseverante en esta contienda, conf¨ªa en la justicia pero lamenta que ¡°el Tribunal Supremo siempre vaya un paso por detr¨¢s¡±. Y reprocha que ¡°sus errores han supuesto importantes perjuicios para miles de personas que no podr¨¢n recuperar lo perdido¡±. En la crisis actual, autoridades e instituciones no deber¨ªan repetir los errores de anteponer los intereses de los poderes econ¨®micos a los de los ciudadanos a los que se deben.