Los municipios pierden m¨¢s de 800 millones por los cambios en el impuesto de plusval¨ªa

Los cambios que ha sufrido el impuesto de plusval¨ªa en el ¨²ltimo a?o y medio han hecho mella en los recursos municipales. La declaraci¨®n de inconstitucionalidad del tributo, las devoluciones derivadas de ello y la posterior reformulaci¨®n del sistema para calcularlo restaron en 2022 unos 830 millones a las finanzas de los Ayuntamientos, seg¨²n c¨¢lculos elaborados a partir de los ¨²ltimos datos del Ministerio de Hacienda. En total, la aportaci¨®n del gravamen a las arcas locales cay¨® un 40% hasta los 1.300 millones, frente a los 2.141 del periodo anterior. Es la cifra m¨¢s baja en una d¨¦cada, incluso inferior a lo ingresado en la pandemia. Y no es la ¨²nica anomal¨ªa registrada en las cuentas de las corporaciones locales: el pasado ejercicio incurrieron en su primer d¨¦ficit desde 2011. En este caso, el saldo negativo se explica, al menos en parte, por un efecto contable, causado por los ajustes del sistema de financiaci¨®n.

La plusval¨ªa municipal grava la revalorizaci¨®n del suelo donde est¨¢n ubicados los inmuebles cuando se venden, heredan o reciben en donaci¨®n. Es el segundo impuesto m¨¢s importante para las haciendas locales, solo por detr¨¢s del IBI, con unos ingresos anuales que suelen rebasar los 2.000 millones. Su recaudaci¨®n cay¨® sin embargo ¡°en torno a un 39%¡± en 2021, en contraste con la subida generalizada de los ingresos. Un comportamiento ocasionado, ¡°entre otras razones, por el impacto de las sentencias del Tribunal Constitucional y la modificaci¨®n de la Ley para su c¨¢lculo¡±, se?ala la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), el ¨®rgano dependiente de Hacienda y gestor de la contabilidad p¨²blica.

Entre 2017 y 2021, el Constitucional emiti¨® tres sentencias en contra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ¡ªnombre oficial de la plusval¨ªa¡ª, que fueron poco a poco desmontando el tributo. Las primeras dos eliminaron la posibilidad de que el gravamen se exigiera cuando la operaci¨®n reportara p¨¦rdidas o la cuota a pagar por ello fuera superior a la ganancia obtenida, circunstancias que empezaron a darse con frecuencia con el traspaso de inmuebles adquiridos durante el bum del ladrillo. El ¨²ltimo fallo, de octubre de 2021, fue m¨¢s all¨¢ y supuso un giro de 180 grados para los municipios: el dictamen imposibilit¨® de facto el cobro del impuesto, al declarar nulo el m¨¦todo para calcularlo.

El fallo gener¨® un vac¨ªo legal que el Gobierno sali¨® a enmendar a toda prisa, ante el riesgo de que causara una sangr¨ªa en las finanzas municipales. Dos semanas despu¨¦s de la sentencia, el Consejo de Ministros aprob¨® un decreto ley que fijaba un nuevo m¨¦todo de c¨¢lculo. Ahora, el contribuyente puede elegir entre dos alternativas para determinar la base imponible del gravamen: a partir de unos coeficientes que recogen la evoluci¨®n del mercado o a trav¨¦s de la ganancia real obtenida por el contribuyente. Adem¨¢s, el Constitucional restringi¨® la posibilidad de reclamar solo a aquellos contribuyentes que ya tuvieran un recurso abierto antes de la sentencia.

Aun as¨ª, la recaudaci¨®n por plusval¨ªa se derrumb¨®. Tan solo las 24 mayores corporaciones locales tuvieron que devolver unos 300 millones el a?o pasado como efecto de la declaraci¨®n de inconstitucionalidad, seg¨²n las estimaciones que los mismos consistorios han remitido a la Autoridad Fiscal (Airef). La previsi¨®n para este a?o ronda los 85 millones.

Los menores ingresos por plusval¨ªa tambi¨¦n han contribuido a que los recursos no financieros del conjunto de los municipios avanzaran en 2022 la mitad que los desembolsos. Los primeros aumentaron un 7,7%, hasta un total de 87.508 millones; los segundos un 14,6% (en total, 89.155 millones), empujados por el repunte de la inversi¨®n y del gasto corriente. El resultado: el ejercicio termin¨® en negativo en una d¨¦cima del PIB (correspondiente a 1.647 millones), el primer agujero presupuestario en una d¨¦cada para las corporaciones locales.

Sistema de financiaci¨®n

No solo los Ayuntamientos, todas las Administraciones cerraron 2022 en n¨²meros rojos. En conjunto, el desfase entre ingresos y gastos p¨²blicos fue del 4,8% del PIB, equivalente a unos 60.000 millones de euros y reflejo de unas cuentas que a¨²n no se han recuperado del batacazo de la pandemia. Para ponerlo en contexto, es un tercio de lo que se paga al a?o en pensiones.

Pero el desfase de los municipios es particularmente llamativo porque estas entidades acumulaban super¨¢vits desde 2012, fruto de un r¨ªgido cors¨¦ presupuestario impuesto por la Ley de Estabilidad que entonces entr¨® en vigor. Tambi¨¦n han influido unos gastos e ingresos menos sensibles al ciclo econ¨®mico con respecto a otros subsectores como las comunidades aut¨®nomas, responsables de gestionar los servicios p¨²blicos b¨¢sicos como sanidad y educaci¨®n, que siempre presionan al alza.

El a?o de la pandemia, sin embargo, fue excepcional para ambas Administraciones. El Estado reparti¨® tanto a los consistorios como a las autonom¨ªas m¨¢s dinero del que les correspond¨ªa del sistema de financiaci¨®n. Y es en 2022 cuando se recoge el desajuste, debido a que el sistema de financiaci¨®n se liquida con dos a?os de desfase: prev¨¦ que los recursos se calculen en funci¨®n de la previsi¨®n de crecimiento para el ejercicio siguiente y que a los dos a?os se ajusten cuentas. Si el dinero asignado ha sido superior a la evoluci¨®n real de la econom¨ªa, las entidades deben devolver la parte recibida de m¨¢s; en caso contrario, es el Estado quien debe reintegrarles la diferencia.

En 2020, Hacienda mantuvo la estimaci¨®n de crecimiento y las asignaciones calculadas antes de la pandemia, lo que gener¨® un saldo a su favor, ya que la econom¨ªa se derrumb¨® un 11%. Seg¨²n las reglas del sistema, los Ayuntamientos hubieran tenido que devolver este a?o lo ingresado de m¨¢s, pero el Gobierno decidi¨® perdonar esta liquidaci¨®n, de m¨¢s de 3.000 millones.

Sin embargo, los municipios deben apuntarse de todas formas el saldo negativo, bajo forma de una transferencia a favor del Estado. Esta se compensa con un traspaso de igual importe por parte del Estado, pero ¡ªotra vez¡ª con un desfase temporal: mientras que los n¨²meros rojos de la liquidaci¨®n se contabilizan en su totalidad en 2022 en t¨¦rminos de contabilidad nacional, los flujos en entrada se asimilan a una liquidaci¨®n positiva y se reparten en tres a?os (en este caso, 2022, 2023 y 2024), seg¨²n establece la ley de haciendas locales. Eso implica que tras el impacto negativo de 2022, en los dos pr¨®ximos dos ejercicios los consistorios tendr¨¢n ingresos extra. De hecho, las ¨²ltimas estimaciones oficiales apuntan a que este a?o vuelvan a su conducta habitual, y consigan un super¨¢vit del 0,1%.

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