Las fusiones transfronterizas como la de Ferrovial ser¨¢n vigiladas por el Registro Mercantil
El Gobierno traspone la directiva europea para extremar los controles de estas operaciones y proteger a accionistas y acreedores
Las fusiones transfronterizas como la que llev¨® a cabo recientemente Ferrovial para trasladar su sede a Pa¨ªses Bajos deber¨¢n contar con un certificado del Registro Mercantil, que ser¨¢ el organismo encargado de vigilar la legalidad del proceso. As¨ª consta en el real decreto-ley de apoyo al impacto de la guerra y otras situaciones de vulnerabilidad que aprob¨® el Gobierno el pasado martes y publica este jueves el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE).
La nor...
Las fusiones transfronterizas como la que llev¨® a cabo recientemente Ferrovial para trasladar su sede a Pa¨ªses Bajos deber¨¢n contar con un certificado del Registro Mercantil, que ser¨¢ el organismo encargado de vigilar la legalidad del proceso. As¨ª consta en el real decreto-ley de apoyo al impacto de la guerra y otras situaciones de vulnerabilidad que aprob¨® el Gobierno el pasado martes y publica este jueves el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE).
La norma transpone una directiva europea para regular las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, El anteproyecto de esta ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de febrero, antes de que Ferrovial anunciase su intenci¨®n de trasladarse a Pa¨ªses Bajos, pero la disoluci¨®n de las Cortes Espa?a ha obligado al Ejecutivo a tramitarlo por en el decreto-ley ¨®mnibus del ¨²ltimo Consejo de Ministros, seg¨²n adelant¨® Cinco D¨ªas. La Comisi¨®n Europea abri¨® un expediente sancionador a Espa?a por no trasponer la directiva antes del 1 de enero. En ese texto, el Ejecutivo ya expon¨ªa que la movilidad de las empresas dentro de Europa deb¨ªa de ser promovida ¡°con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior¡±.
De hecho, la norma facilita y simplifica el trabajo jur¨ªdico a la hora de analizar las operaciones de modificaci¨®n estructural de sociedades mercantiles en operaciones internas europeas y extraeuropeas. No obstante, tambi¨¦n introduce algunas limitaciones, habilitando al Registro Mercantil a controlar la legalidad de la operaci¨®n y a expedir un certificado previo que acredite que se han cumplido todas las condiciones exigidas.
Si no se cumplen todas las condiciones exigidas, el Registro no expedir¨¢ el certificado previo e informar¨¢ a la sociedad de los motivos de su decisi¨®n y le ofrecer¨¢ la oportunidad de subsanar los defectos observados en un plazo no superior a 30 d¨ªas. De no producirse la subsanaci¨®n en este plazo, el Registro denegar¨¢ el certificado previo y la operaci¨®n no podr¨¢ llevarse a cabo. Excepcionalmente, el plazo inicial de tres meses se ampliar¨¢ por un m¨¢ximo de tres meses m¨¢s si a resultas de la documentaci¨®n e informaci¨®n presentadas, el Registro tuviera sospechas fundadas de que la operaci¨®n sometida se realiza con fines abusivos o fraudulentos, que tengan por objeto o produzcan el efecto de eludir el derecho de la Uni¨®n Europa o el espa?ol, o sirva a fines delictivos.
Otro aspecto importante de las operaciones de modificaci¨®n estructural transfronteriza es el relativo a la publicidad preparatoria de los acuerdos de las juntas generales, siendo necesario, como se recoge en la directiva, que la informaci¨®n que las sociedades publiquen, al menos un mes antes de la celebraci¨®n de la junta general, sea exhaustiva y permita a los interesados valorar las consecuencias de la operaci¨®n prevista, seg¨²n la norma que publica el BOE.
La directiva tambi¨¦n obliga a la empresa a redactar un informe para los socios y trabajadores en el que se explique el proyecto transfronterizo, adem¨¢s de exigirle otro realizado por un experto independiente de cara a fijar la compensaci¨®n ofrecida a los socios en caso de que ejerciten el derecho de separaci¨®n. La norma refuerza el derecho de separaci¨®n, que habilita a los accionistas que se opongan a la operaci¨®n vender las acciones a la compa?¨ªa por una compensaci¨®n en efectivo siempre que voten en contra en la junta de accionistas, un derecho que aplicar¨¢ tambi¨¦n a quienes tengan derechos econ¨®micos pero no pol¨ªticos.
El decreto establece salvaguardas materiales y procesales a favor de los acreedores que se puedan ver perjudicados por una operaci¨®n que implique un traslado de domicilio de las empresas participantes, y por consiguiente, pueda poner en riesgo el cobro de los cr¨¦ditos. Tambi¨¦n regula que la compa?¨ªa ofrezca garant¨ªas a los acreedores que se oponga a una operaci¨®n transfronteriza.
Para poder materializar la fusi¨®n, la empresa en cuesti¨®n tendr¨¢ que encontrarse tambi¨¦n al corriente de sus deberes fiscales. As¨ª, recoge de nuevo el texto, el proyecto de fusi¨®n deber¨¢ incluir ¡°la acreditaci¨®n de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante la aportaci¨®n de los correspondientes certificados, v¨¢lidos y emitidos por el ¨®rgano competente¡±.
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