Penas de hasta nueve a?os por reformar pisos alquilados y subarrendarlos como tur¨ªsticos

La Fiscal¨ªa solicita penas de entre tres a?os y medio y nueve a?os de prisi¨®n para los diez acusados de formar un grupo criminal para alquilar viviendas en Barcelona utilizando documentaci¨®n falsa, reformarlas sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios para aumentar el n¨²mero de habitaciones y subarrendarlas como pisos tur¨ªsticos o compartidos pese a no tener licencia para ello.

Este lunes ha comenzado el juicio de la Secci¨®n 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se ha trasladado a una sala de la Ciutat de la Just¨ªcia de Barcelona habilitada para tal efecto por el elevado n¨²mero de acusados y de defensas. En esta primera sesi¨®n, dedicada a las cuestiones previas, dos de las defensas han aportado sentencias para alegar ¡°cosa juzgada¡±, es decir, para convencer al tribunal de que sus respectivos defendidos ya han sido condenados por algunos de los hechos que se enjuician en esta causa, unas resoluciones sobre las que la Fiscal¨ªa ha dicho que constituyen una prueba m¨¢s de su actividad delictiva. Los abogados tambi¨¦n han pedido que todos ellos puedan declarar en ¨²ltimo lugar, una vez se haya practicado la totalidad de la prueba, una solicitud a la que el magistrado presidente no se ha negado.

Los hechos por los que est¨¢n acusados sucedieron entre 2017 y 2020, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, que sostiene que actuaban de com¨²n acuerdo y que se repart¨ªan los beneficios en funci¨®n del papel que cada uno de ellos desempe?aba dentro del grupo criminal. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, los diez acusados ¡ªuno de ellos comparece por videoconferencia¡ª ¡°crearon un entramado cuyo objetivo era contactar con propietarios de bienes inmuebles que ten¨ªan publicitadas sus viviendas con la finalidad de formalizar un contrato de arrendamiento¡±.

Para ello, aportaban ¡°documentaci¨®n alterada¡± con el objetivo de aparentar solvencia econ¨®mica y, una vez consegu¨ªan alquilar las propiedades, dejaban de pagar tras abonar la fianza o la primera mensualidad para, seguidamente, realizar obras sin el conocimiento ni consentimiento de los propietarios. As¨ª, se?ala la fiscal, aumentaban el n¨²mero de habitaciones que posteriormente subarrendaban con fines tur¨ªsticos a trav¨¦s de dos conocidas p¨¢gina de Internet.

Todo ello, insiste el ministerio p¨²blico, ¡°sin contar con la preceptiva licencia para tal actividad¡± y a?ade que, una vez los propietarios descubr¨ªan estos hechos ya no pod¨ªan acceder a estas viviendas por estar ocupadas por el grupo criminal que, en sus palabras, creaba un clima de terror y miedo cuando estos acud¨ªan a pedirles explicaciones tras ser alertados por los vecinos del trasiego de turistas. En otras ocasiones, eran los propios acusados los que llamaban a los Mossos d¡¯Esquadra o la Guardia Urbana, a los que ense?aban los contratos de alquiler y solicitaban que expulsaran a los propietarios del inmueble.

En la c¨²spide de esta organizaci¨®n criminal, la Fiscal¨ªa sit¨²a a un padre y a un hijo y a dos mujeres como los presuntos cabecillas de la trama, a los que atribuye la gesti¨®n de las reformas para acondicionar las viviendas como pisos tur¨ªsticos, la administraci¨®n de toda la red de inmuebles y el cobro y reparto de los beneficios.

Una de ellas hab¨ªa adquirido junto a su marido ¡ªtambi¨¦n procesado¡ª una sociedad mercantil en 2018 que presuntamente usaban para crear contratos de trabajo que otros miembros de la trama presentaban a la hora de alquilar un piso para acreditar solvencia econ¨®mica ante los propietarios. El resto de los acusados aparecen ¡°como arrendatarios en numerosos contratos¡± de alquiler, aportando para ello documentaci¨®n alterada y son tambi¨¦n los titulares de cuentas bancarias con las que se realizaban los pagos de las mensualidades y fianzas.

La Fiscal¨ªa a?ade que ¡°ninguno de los acusados han trabajado en las empresas que refer¨ªan en los contratos de trabajo y n¨®minas por ellos aportados a los propietarios¡±, que comenzar¨¢n a declarar en calidad de testigos previsiblemente a partir de este jueves, seg¨²n han se?alado fuentes judiciales. El martes el juicio, que se alargar¨¢ durante dos semanas, se retomar¨¢ a las 10.00 con testificales de Mossos d¡¯Esquadra y Polic¨ªa Nacional; los acusados prestar¨¢n declaraci¨®n el 4 de diciembre.

Desde 2019

La primera denuncia la present¨® la due?a de un piso el 14 de mayo de 2019, despu¨¦s de que el Ayuntamiento de Barcelona realizara una inspecci¨®n en junio de 2018 en su propiedad e incoara un expediente de alojamiento tur¨ªstico sin licencia. En las entradas y registros efectuadas el 8 de julio de 2020 dictadas por el Juzgado de Instrucci¨®n 11 de Barcelona en los domicilios de los acusados se localizaron documentos relativos a estas viviendas, as¨ª como contratos de alquiler, juegos de llaves de m¨¢s de 20 domicilios, dinero en efectivo y escrituras de empresas que utilizaban para presuntamente simular las n¨®minas. Por los hechos de los que est¨¢n acusados, 48 en total, los propietarios reclaman m¨¢s de 600.000 euros por las rentas que dejaron de percibir y por los da?os que causaron en las propiedades con la realizaci¨®n de las obras.

En el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa ¡ªla acusaci¨®n particular ha desistido antes de comenzar la vista oral, aunque reclama los da?os y perjuicios¡ª se describen coacciones y amenazas a los propietarios, a los que presuntamente llegaron a pedir diversas cantidades de dinero por recuperar sus pisos. Tambi¨¦n se describen amenazas como ¡°te vamos a matar, hijo de puta, si no entregas las llaves te reventamos la puerta¡± hacia uno de los propietarios, que finalmente opt¨® por darles las llaves ese mismo d¨ªa pese a haber cambiado la cerradura con la intenci¨®n de echarlos.

A?ade que los acusados llegaron a colocar c¨¢maras de vigilancia en los pisos tur¨ªsticos y que, cuando ten¨ªan constancia de que los propietarios acud¨ªan a las propiedades, se desplazaban hasta las viviendas para exigirles ¡°que abandonasen el lugar bajo amenazas de llegar a causarles alg¨²n mal¡± o de llamar a los Mossos o la Guardia Urbana para que los expulsasen exhibiendo los contratos de alquiler.

Por estos hechos la Fiscal¨ªa pide penas de entre tres a?os y medio y nueve como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad de documento mercantil, tres delitos de extorsi¨®n y un delito leve de coacciones, as¨ª como que indemnicen a los perjudicados con la cantidad que se acuerde en ejecuci¨®n de sentencia.