La obsolescencia de un estatuto ¨¦tico

De unos a?os para ac¨¢ muchas profesiones se han autorregulado mediante c¨®digos de conducta que establecen deberes ¨¦ticos y delimitan el comportamiento deontol¨®gicamente aceptable.

En el ¨¢mbito de la funci¨®n p¨²blica esos deberes ¨¦ticos est¨¢n contemplados en el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico del a?o 2007 y entre ellos el de austeridad, conforme al cual los funcionarios no pueden utilizar los bienes y recursos p¨²blicos es provecho propio o de sus allegados. El incumplimiento de este deber tiene consecuencias disciplinarias, al margen de la existencia o no responsabilidad penal.

En el ¨¢mbito judicial no existe un r¨¦gimen tan meridiano, pese a que el propio Tribunal Supremo ha afirmado que ¡°la condici¨®n de juez, adem¨¢s de los deberes estrictamente profesionales, impone deberes de car¨¢cter ¨¦tico no susceptibles todos ellos de ser reconducidos a la competencia profesional¡±. (Sentencia del Tribunal Supremo 758/2009). Por eso, el problema generado por el Sr. D¨ªvar es una muestra m¨¢s de que la Justicia est¨¢ en la ¡°nube¡± pero no en el concepto tecnol¨®gico vigente sino en el sentido de que sigue anclada en paradigmas propios del siglo XIX.

El Tribunal Supremo puede no haber apreciado conducta delictiva en el caso de su presidente y del CGPJ, pero su comportamiento no es ¨¦ticamente aceptable. Nadie le est¨¢ enjuiciando desde un punto de vista moral, porque eso chocar¨ªa abiertamente con la prohibici¨®n constitucional de que existan Tribunales de Honor. Sin embargo, su condici¨®n de juez y el cargo desempe?ado conllevan una especial exigencia desde la ¨®ptica de la ¨¦tica p¨²blica dada su especial auctoritas sobre la sociedad y sus compa?eros, concepto acu?ado y explicado en profundidad por el profesor Gregorio Peces-Barba.

Por este motivo, el Sr. D¨ªvar debe presentar su dimisi¨®n, si no lo ha hecho a la fecha en que esta carta sea publicada.¡ª Daniel B. Entrena. Profesor de Derecho Administrativo. Abogado.