Bajo siete llaves

Los secretos oficiales se rigen en Espa?a por una ley promulgada en tiempos de Franco y modificada parcialmente en 1978, antes de que fuera promulgada la Constituci¨®n. Todos los intentos realizados para desclasificar documentos se estrellan contra esa ley, que ning¨²n Gobierno democr¨¢tico ha querido reformar, y que centraliza en el Consejo de Ministros y en la c¨²pula militar la capacidad para permitir el conocimiento p¨²blico de cualquier materia reservada o secreta. No se discute el derecho del Estado a mantener bajo reserva documentos recientes, sobre todo los que afectan a la seguridad p¨²blica, sino el acceso a los de valor hist¨®rico al cabo de 25 o 30 a?os, como se act¨²a en otras democracias.

Investigadores e historiadores son los afectados m¨¢s directos, impotentes para trabajar en Espa?a como se hace en Estados Unidos o en Reino Unido. Pero en realidad es la ciudadan¨ªa la que se ve perjudicada al desconocer detalles de su propia historia como pa¨ªs. Tambi¨¦n los dirigentes pol¨ªticos se han acostumbrado a tomar decisiones sin tener en cuenta los fundamentos hist¨®ricos de determinados temas, algo que s¨ª se se hace en otros pa¨ªses occidentales, pero que casi nunca ocurre en Espa?a.

En la ¨¦poca de Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Defensa prepar¨® la desclasificaci¨®n de 10.000 documentos correspondientes al periodo entre 1936 y 1968, en los que parece existir informaci¨®n sobre unidades militares, campos de concentraci¨®n, conflictos con Marruecos o el apoyo estadounidense. Sin embargo, Defensa paraliz¨® esa desclasificaci¨®n una vez instalado el PP en el poder. En cuanto a la documentaci¨®n diplom¨¢tica, que fue declarada secreta en la ¨¦poca socialista, contin¨²a exactamente igual. Una iniciativa reciente de Izquierda Plural para levantar el velo ha sido rechazada en el Congreso, bajo el argumento de que hace falta m¨¢s tiempo y mayores recursos para organizar los documentos del archivo de Exteriores, que hace a?o y medio fueron dispersados entre el Archivo Hist¨®rico Nacional y el Archivo General de la Administraci¨®n.

La reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia no ha cambiado tal estado de cosas. De poco sirve proclamar ret¨®ricamente la voluntad de transparencia, si no se interioriza la idea de que la documentaci¨®n p¨²blica debe ser accesible por principio; y que las restricciones a ese derecho solo pueden justificarse por la protecci¨®n de otros derechos e intereses leg¨ªtimos, como establece el Consejo de Europa. Mantenerlo todo bajo secreto es incompatible con la transparencia y la libertad de conocimiento. El Gobierno deber¨ªa decidirse a permitir la desclasificaci¨®n de documentos de valor hist¨®rico, poniendo fin as¨ª a una anomal¨ªa fabricada de silencios y ocultaciones. No puede ser que solo se obtengan detalles de nuestra historia a medida que se desclasifican documentos en Estados Unidos o en Gran Breta?a.