Desaforados

Una de las iniciativas legislativas de regeneraci¨®n democr¨¢tica que prepara el Gobierno como respuesta a la desafecci¨®n ciudadana hacia la pol¨ªtica y los pol¨ªticos es la de reducir dr¨¢sticamente el numero de aforados. El asunto es una derivaci¨®n algo parad¨®jica del debate suscitado por la situaci¨®n en que quedaba el rey Juan Carlos tras su abdicaci¨®n. Se consider¨® absurdo que el ex monarca perdiera la condici¨®n de aforado que se reconoc¨ªa a miles de cargos p¨²blicos y miembros del poder judicial. Pero ese argumento llev¨® a preguntarse por qu¨¦ hab¨ªa tantos aforados en Espa?a, y si no ser¨ªa conveniente revisar su fundamento.

El aforamiento se justifica cl¨¢sicamente como protecci¨®n de ciertos cargos p¨²blicos frente a intentos de presi¨®n mediante la falsa imputaci¨®n de delitos. El Tribunal Constitucional lo defini¨® en su d¨ªa como ¡°instrumento de salvaguardia de la independencia institucional tanto de las Cortes como del poder judicial¡±. Su consecuencia es que en caso de procesamiento la causa pasar¨ªa al Tribunal Supremo o Superior de la autonom¨ªa correspondiente. Se trata por tanto de una excepci¨®n al criterio general de atribuci¨®n de la causa al juez natural. Dada la tendencia de muchas personas a plantear demandas temerarias contra los pol¨ªticos y otros personajes p¨²blicos, el aforamiento se consider¨® una defensa l¨®gica, atribuy¨¦ndole efectos disuasorios.

Pero tambi¨¦n es l¨®gico que escandalice el n¨²mero. En Espa?a est¨¢n aforados todos los parlamentarios y miembros de los Gobiernos Nacional y auton¨®micos, los jueces y fiscales y miembros de otras instituciones como el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, etc. En total, seg¨²n el ministro de Justicia, 17.621 personas en la actualidad. En pa¨ªses como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido no hay aforados.

La reforma de Ruiz Gallard¨®n pretende mantener esa condici¨®n a solo 22 personas. Aparte de los miembros de la Casa Real, el presidente del Gobierno y los de las 17 autonom¨ªas, los de los Tribunales Constitucional y Supremo, y los del Congreso y del Senado. El problema es que as¨ª como para excluir a jueces y fiscales bastar¨ªa con reformar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, el aforamiento de parlamentarios y gobernantes est¨¢ constitucionalizado o incluido en los Estatutos correspondientes, por lo que habr¨ªa que reformar esas normas. Abrir ese mel¨®n solo para dicho fin ser¨ªa una imprudencia, pero si se abriera por otros motivos ser¨ªa conveniente incluir este asunto.

Sobre todo porque hoy existe una extraordinaria sensibilidad en relaci¨®n a lo percibido como privilegios de los pol¨ªticos, en particular en relaci¨®n a la Justicia. En un estudio sobre la calidad de la democracia en Espa?a publicado en 2010 partiendo de una encuesta del CIS, el 82% de los consultados opinaba que la justicia no trata igual a los pol¨ªticos que a la gente corriente; y la idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley era la que ocupaba el ¨²ltimo lugar entre los indicadores de calidad democr¨¢tica.