Credibilidad

Acuciados por el monumental enfado de la ciudadan¨ªa, los partidos pol¨ªticos con mayor n¨²mero de implicados en casos de corrupci¨®n reiteran las promesas de limpieza en el futuro. Pero la primera condici¨®n para que sus reacciones sean veros¨ªmiles es la credibilidad. Cumplir esa circunstancia exige depurar las estructuras ejecutivas o representativas en las que se hayan colado los corruptos, no hayan cuidado con rigor el comportamiento ¨¦tico o hayan permitido el crecimiento a su alrededor de enriquecimientos abusivos.

La actitud de la justicia y la actividad de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de las fuerzas de seguridad prueban que se equivocan los que predican la debilidad del Estado o dan por liquidado ¡°el r¨¦gimen del 78¡±, en expresi¨®n de los populistas. Esas instituciones est¨¢n llevando a cabo vigorosas investigaciones, como se est¨¢ comprobando. Es cierto que no lo parece tanto porque en Espa?a se tarda mucho tiempo en llegar a establecer la verdad judicial, debido a una mezcla entre complejidad de las investigaciones y aplicaci¨®n rigurosa de las garant¨ªas del Estado de Derecho, que retrasan las decisiones.

Sin embargo, no cabe aceptar la l¨®gica de aquellos responsables pol¨ªticos que durante a?os han sostenido que sus conmilitones son v¨ªctimas de oscuros ataques cuando se hurga en la raz¨®n de decisiones discrecionales o en sus patrimonios, o que pretenden aplazarlo todo hasta que haya sentencias judiciales.

Mar¨ªa Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, insisti¨® ayer en la l¨ªnea de que los dirigentes pol¨ªticos no pueden meter a la gente en la c¨¢rcel. Cierto, pero s¨ª pueden conducir indagaciones internas o aceptar comisiones de investigaci¨®n parlamentaria para casos importantes. Calificar de ¡°cobardes¡± a los que plantean an¨®nimamente la renovaci¨®n de la direcci¨®n del PP o un congreso para dar paso a una nueva generaci¨®n implica que la c¨²pula del partido gobernante sit¨²a el problema en t¨¦rminos de mantenimiento del poder, y no de regeneraci¨®n.

Los partidos pueden excluir de sus filas a los sospechosos de abusos o actuaciones ilegales ¡ªsolo muy recientemente han empezado a hacerlo¡ª y, por supuesto, dejarles fuera de las candidaturas electorales. Ha ocurrido demasiadas veces que personas implicadas en investigaciones penales son reconducidas al fort¨ªn de las listas electorales cerradas y bloqueadas, para buscar as¨ª ¡°el blanqueo¡± de conductas presuntamente oprobiosas. Hora es de poner fin a tales pr¨¢cticas.

Es verdad que la pol¨ªtica se encuentra sometida a un escrutinio muy intenso, pero eso se corresponde con su enorme presencia en la vida p¨²blica. Partidos de los que dependen estrechamente las instituciones son hoy el centro de las preocupaciones de muchos ciudadanos. Ayer mismo, los miembros del Instituto de Empresa Familiar expresaron su inquietud al respecto. Tiene raz¨®n Joaqu¨ªn Almunia, vicepresidente saliente de la Comisi¨®n Europea, cuando indica que el problema est¨¢ menos extendido de lo que parece, pero la salud de la democracia exige enfrentarse a una crisis pol¨ªtica que no deja de crecer.

Bien est¨¢ que el PSOE prepare una declaraci¨®n contundente para que se le perciba como un partido intransigente hacia la corrupci¨®n, y que el PP insista en algunas reformas legales, anunciadas numerosas veces y aplazadas en busca de un pacto con los socialistas que no se ha materializado. No sobran; pero hay que tomar medidas ejemplares, que hagan cre¨ªble la voluntad de adoptar una actitud mucho m¨¢s firme contra cualquier desviaci¨®n de los principios ¨¦ticos exigibles a los pol¨ªticos. No deber¨ªa olvidarse que los partidos canalizan la representaci¨®n de los ciudadanos y viven esencialmente de los contribuyentes.