El lastre de la energ¨ªa

Los mercados energ¨¦ticos en Espa?a son la mejor demostraci¨®n de que la pol¨ªtica de reformas econ¨®micas proclamada durante la legislatura anterior por el Gobierno de Rajoy es una etiqueta vac¨ªa. Mientras el mercado de los carburantes sigue en el mismo estado estructural que lo dej¨® el ¨²ltimo gobierno de Felipe Gonz¨¢lez (precios liberalizados con regulaciones espor¨¢dicas e insuficientes para impedir el dominio de mercado y garantizar una imputaci¨®n correcta de los costes que se trasladan al consumidor), el mercado el¨¦ctrico ¡ªregulado¡ª sigue sumido en una situaci¨®n ca¨®tica que se manifiesta en exceso de capacidad instalada, un precio que pesa como una losa sobre la competitividad de la producci¨®n final (en algunos casos est¨¢ un 30% por encima de lo que pagan los competidores europeos por su electricidad), deficientes se?ales econ¨®micas para invertir y una normativa descoordinada que castiga al consumidor, impide el ahorro y produce desgracias como la muerte de la anciana en Reus debido al corte de electricidad (cuyas responsabilidades locales y empresariales tienen que depurarse) u otros de la llamada pobreza energ¨¦tica.

El nuevo ministerio de Industria y Energ¨ªa tiene un camino muy duro por delante. Su objetivo principal deber¨ªa ser el de abaratar el coste de la energ¨ªa (en particular de la electricidad, por que constituye un input cuantioso en el producto final) para las empresas y para los consumidores. La estructura administrativa elegida, que ha preferido segregar las atribuciones de Energ¨ªa de las de Industria (atribuidas a Econom¨ªa) ya es un grave h¨¢ndicap, en tanto que cercena la coordinaci¨®n entre las decisiones sobre ambos ¨¢mbitos. Con todo, el gobierno tiene que enfrentarse con decisi¨®n a cambios significativos de los mercados. Incluso aunque no se atreva ¡ªque no se atrever¨¢¡ª a impulsar un cambio legal dr¨¢stico para favorecer otra estructura en los mercados, tiene que iniciar una l¨ªnea de acci¨®n en defensa de la competitividad del sistema productivo.

Unas condiciones necesarias de esa l¨ªnea de acci¨®n exigen, de entrada, eliminar los impuestos a?adidos sobre la generaci¨®n y reducir el IVA de la electricidad al 10%. No es mediante grav¨¢menes esparcidos por todas las fuentes de producci¨®n como se acaba con el d¨¦ficit de tarifa, sino reduciendo los costes que pesan sobre el precio final del kilowatio. Con el mismo criterio, los costes de las extrapeninsulares (unos 900 millones anuales) tienen que pagarse en Presupuestos. Y, para completar la transparencia de los costes, la producci¨®n hidroel¨¦ctrica y la nuclear tienen que salir del mercado y retribuirse a sus costes reconocidos. Es producci¨®n ya amortizada por los consumidores. Si, adem¨¢s, se negocia alg¨²n tipo de exenci¨®n de la parte de la tarifa que se paga por las renovables a las empresas m¨¢s intensivas en consumo el¨¦ctrico, los pr¨®ximos cuatros a?os no habr¨¢n transcurrido en vano.

Es importante que se admita que, en en su estructura de mercados actual, la energ¨ªa constituye una r¨¦mora para la productividad empresarial y un factor de malestar creciente para el ciudadano en funci¨®n inversa a la renta. La reforma de la energ¨ªa es una de las olvidadas. La raz¨®n es sencilla: lleva a un enfrentamiento con los grupos energ¨¦ticos.