L¨ªmites sobrepasados

La irrupci¨®n del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pasado domingo en el Parlamento acompa?ado de polic¨ªas y militares armados con el fin de forzar la celebraci¨®n de una sesi¨®n legislativa constituye un acto absolutamente inaceptable en cualquier democracia. La condena internacional del hecho y la pronta reacci¨®n de la Corte Constitucional, que ha ordenado al mandatario no volver a utilizar a los uniformados en favor de sus fines pol¨ªticos ¡ªorden que Bukele ha acatado por escrito en un comunicado¡ª, han frenado una grav¨ªsima crisis institucional.

Bukele accedi¨® en junio de 2019 a la presidencia de El Salvador con un discurso rompedor respecto a los partidos pol¨ªticos tradicionales que se han turnado en el poder desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 tras una sangrienta guerra civil. El presidente, un heterodoxo conocido por el ¨¦xito de su gesti¨®n como alcalde de la capital salvadore?a, sus denuncias contra la corrupci¨®n y su lucha contra la violencia en las calles del pa¨ªs, ha acusado a la Asamblea de bloquear sistem¨¢ticamente su gesti¨®n. La chispa que ha desatado la crisis ha sido un pr¨¦stamo de 109 millones de d¨®lares procedentes del Banco Centroamericano de Integraci¨®n Econ¨®mica que es clave para financiar la estrategia de seguridad p¨²blica ¡ªuno de los mayores ¨¦xitos de Bukele, que desde su llegada al poder ha reducido casi a la mitad los homicidios violentos¡ª que el Legislativo se resist¨ªa a tramitar. El domingo Bukele, acompa?ado de hombres armados e implorando el derecho divino, orden¨® el inicio de la sesi¨®n y llam¨® a una insurrecci¨®n popular. El mandatario invoc¨® un art¨ªculo de la Constituci¨®n para adoptar esta medida. Sobre este punto existe una controversia pol¨ªtica de interpretaci¨®n, pero lo que resulta del todo indefendible desde el punto de vista democr¨¢tico es la utilizaci¨®n del Ej¨¦rcito y el llamamiento a la insurrecci¨®n. Y, desde luego, la invocaci¨®n de una fuente de derecho medieval no recogida en el ordenamiento jur¨ªdico salvadore?o.

Podr¨ªa ser cierto que, en lo que respecta al cr¨¦dito en disputa, la oposici¨®n salvadore?a ha estirado la legalidad hasta l¨ªmites frustrantes y, sobre todo, da?inos para la ciudadan¨ªa, que es la beneficiaria final de la lucha contra la violencia. Pero esto no da ning¨²n derecho a Bukele a saltarse esa misma legalidad y colocar al pa¨ªs al borde de una peligrosa situaci¨®n potencialmente da?ina para la democracia. Dentro de un a?o, El Salvador celebrar¨¢ elecciones legislativas en las que las encuestas le dan el 70% de los diputados. Hasta entonces, el presidente leg¨ªtimo tendr¨¢ que lidiar con una Asamblea en contra, pero tambi¨¦n leg¨ªtima. Y ambos deber¨¢n cumplir el mandato popular de respetar escrupulosamente la Constituci¨®n.