Una juez investiga si hubo delito en permitir la marcha del 8-M ante la expansi¨®n del coronavirus
La magistrada Rodr¨ªguez-Medel abre diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid
Los tribunales comienzan a poner la lupa en la respuesta del Ejecutivo a la crisis del coronavirus. La magistrada Carmen Rodr¨ªguez-Medel, responsable del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 51 de Madrid e impulsora de la investigaci¨®n del caso m¨¢ster que acab¨® con la carrera pol¨ªtica de Cristina Cifuentes, ha acordado abrir diligencias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, Jos¨¦ Manuel Franco, por permitir la celebraci¨®n de ...
Los tribunales comienzan a poner la lupa en la respuesta del Ejecutivo a la crisis del coronavirus. La magistrada Carmen Rodr¨ªguez-Medel, responsable del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 51 de Madrid e impulsora de la investigaci¨®n del caso m¨¢ster que acab¨® con la carrera pol¨ªtica de Cristina Cifuentes, ha acordado abrir diligencias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, Jos¨¦ Manuel Franco, por permitir la celebraci¨®n de actos multitudinarios en la regi¨®n ¡ªentre otros, la marcha del 8-M¡ª pese a la existencia de un informe del Centro Europeo para el Control y Prevenci¨®n de Enfermedades (ECDC) que ya llamaba, a principios de marzo, a ¡°evitar¡± este tipo de concentraciones. Seg¨²n un auto del 23 de marzo, la juez pide a la Guardia Civil y a los forenses que practiquen una bater¨ªa de pesquisas.
Rodr¨ªguez-Medel toma esta decisi¨®n al apreciar la existencia de posibles delitos de prevaricaci¨®n administrativa y lesiones por imprudencia profesional, a ra¨ªz de la presentaci¨®n de la denuncia de un particular. Este relataba en su escrito que en la Comunidad de Madrid se produjeron 77 reuniones multitudinarias desde que el Centro Europeo emitiera su informe. Y, por tanto, la juez quiere averiguar si en el momento en el que la delegaci¨®n del Gobierno decidi¨® permitirlas ¡°se ten¨ªan suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias¡±. Pese a ello, la propia magistrada reconoce la dificultad de saber si esta actitud ¡°merece reproche penal¡± debido a ¡°lo absolutamente excepcional de los hechos¡± y la falta de jurisprudencia.
Aun as¨ª, ¡°resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dir¨¢n, a fin de clarificar si estamos o no ante hechos delictivos¡±, prosigue entonces la instructora, que pone sobre la mesa una serie de preguntas planteadas tambi¨¦n previamente por el denunciante: ¡°?El informe del Centro Europeo fue remitido oficialmente a Espa?a?, ?a qu¨¦ autoridades?, ?lo recepcion¨® oficialmente la delegaci¨®n del Gobierno de Madrid?, ?se le inst¨® oficialmente a prohibir estas concentraciones en base al mismo o a otro documento oficial que alertara sobre los peligros para la salud p¨²blica debido al coronavirus?; por el contrario ?se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibirlas?¡±. ¡°Sobre estas cuestiones, todo son interrogantes¡±, apostilla Rodr¨ªguez-Medel.
Para resolver estas preguntas, la instructora encarga una serie de pesquisas al m¨¦dico forense y a la Guardia Civil. Entre otras, pide al primero un informe sobre si las manifestaciones ¡°fueron susceptibles de causar un riesgo para la vida e integridad f¨ªsica de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era cient¨ªficamente notoria con car¨¢cter previo a su celebraci¨®n¡±. Tambi¨¦n, si existen evidencias de que este peligro se ¡°materializ¨®¡±: ¡°A la vista de las personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus¡±.
Al instituto armado le solicita, por su parte, que siga el rastro del informe del Centro Europeo y si este se difundi¨® entre las administraciones espa?olas ¡ª¡°Concretamente, si se remiti¨® a la delegaci¨®n del Gobierno en Madrid¡±¡ª, adem¨¢s de averiguar si las autoridades sanitarias dieron alg¨²n tipo de recomendaci¨®n o advertencia al ¨®rgano encabezado por Franco de cara a las concentraciones.
Aunque Rodr¨ªguez-Medel aceptar dar este paso contra Franco, quien tambi¨¦n ocupa actualmente el cargo de secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), la juez rechaza abrir diligencias contra el resto de delegados auton¨®micos del Gobierno y contra el propio presidente, Pedro S¨¢nchez, como pretend¨ªa el denunciante. La magistrada recuerda en su auto que carece de competencia territoriales sobre los primeros y que, por su parte, el jefe del Ejecutivo se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo.
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