Reveses en la batalla sindical para conseguir mascarillas

La falta de material de protecci¨®n frente al coronavirus ha llevado a muchos sindicatos y asociaciones profesionales a buscar en los tribunales una orden judicial que obligara de forma inmediata a los responsables del sector a facilitar las mascarillas, guantes o batas que reclamaban los trabajadores. Tras varias resoluciones discrepantes, la decisi¨®n del Tribunal Supremo de ...

La falta de material de protecci¨®n frente al coronavirus ha llevado a muchos sindicatos y asociaciones profesionales a buscar en los tribunales una orden judicial que obligara de forma inmediata a los responsables del sector a facilitar las mascarillas, guantes o batas que reclamaban los trabajadores. Tras varias resoluciones discrepantes, la decisi¨®n del Tribunal Supremo de rechazar la petici¨®n formulada por la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos para que el Ministerio de Sanidad facilitara en 24 horas material de protecci¨®n a todos los centros sanitarios p¨²blicos y privados ha servido para unificar criterios en el resto de tribunales, aunque algunos jueces ordinarios se han desmarcado de ese camino.

El Supremo quiso dejar claro que ampara el derecho de los m¨¦dicos a ¡°contar con todos los medios necesarios¡± para su protecci¨®n, pero desestima que, como denunciaban los sindicatos, la falta de material sea achacable a la ¡°inactividad¡± de Sanidad. ¡°No consta ninguna actuaci¨®n contraria a esa exigencia y s¨ª son notorias las manifestaciones de responsables p¨²blicos insistiendo en que se est¨¢n desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla¡±, se?al¨® el alto tribunal. Un argumento que, precisamente, han ido adoptando despu¨¦s muchos jueces para rechazar peticiones similares.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional recuper¨® dicha tesis el pasado martes, con tres contundentes autos donde denegaba a tres sindicatos policiales la exigencia de que Interior les dotase ipso facto de equipos de protecci¨®n y de tests de detecci¨®n del virus. Los magistrados recordaron que el pa¨ªs se encuentra ¡°desbordado¡± ¡ª¡°No se dispone de los medios suficientes para que todos aquellos que deben seguir prestando sus servicios lo hagan con la debida protecci¨®n¡±¡ª e insistieron, en l¨ªnea tambi¨¦n con la Abogac¨ªa del Estado, en que esta escasez ha llevado a priorizar a algunos colectivos frente a otros. Una decisi¨®n que corresponde tomar a las autoridades sanitarias.

Los jueces de la Audiencia recalcaron, como el Supremo, que el debate jur¨ªdico en este tema gira en torno a si las Administraciones hacen lo posible para dotar a sus trabajadores de material de protecci¨®n. Y, seg¨²n el tribunal, en el caso del Ministerio del Interior queda demostrado que ha hecho un ¡°ingente esfuerzo¡± para ¡°intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Polic¨ªa Nacional¡±. ¡°Sin que este cauce procesal sea el id¨®neo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas¡±, afearon los magistrados a las asociaciones.

Pese a las resoluciones, la Uni¨®n Federal de Polic¨ªa (UFP) insiste en que existe una ¡°inactividad¡± de Interior, que obvia sus peticiones de forma reiterada. El Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) tambi¨¦n remarca que ¡°los trabajadores tienen derecho a una protecci¨®n eficaz, lo que constituye un deber de las Administraciones p¨²blicas¡±. Una tesis que defienden la mayor¨ªa de colectivos.

M¨¢s duro que la Audiencia Nacional se mostr¨® Antonio Seoane, responsable del juzgado de lo Social 34 de Madrid. En un auto dictado la pasada semana, el magistrado no solo hizo hincapi¨¦ en las dificultades que Espa?a est¨¢ encontrando para adquirir material en el mercado debido a los ¡°abusos que en estas circunstancias suelen producirse¡±; tambi¨¦n arremeti¨® contra los promotores de toda esta bater¨ªa de demandas.

¡°Resulta sorprendente el goteo de solicitudes de medidas cautelar¨ªsimas que se est¨¢ produciendo¡±, se arrancaba en su escrito el magistrado, que segu¨ªa: ¡°Sorprende que no sean los sindicatos de clase mayoritarios del pa¨ªs, los m¨¢s representativos, los que planteen tales medidas. Sino sindicatos defensores de los intereses corporativos, alguno de ellos con unas cuotas de representaci¨®n minoritaria en sus respectivos cuerpos funcionariales, y otros con opciones ideol¨®gicas, igualmente leg¨ªtimas, en clara oposici¨®n al color del Gobierno¡±. Esa estrategia, dec¨ªa el juez, parece querer usar los juzgados ¡°como arma propagand¨ªstica¡± para ganar afiliados o ¡°para desgastar al Gobierno¡±.

Rectificaciones

En las ¨²ltimas semanas, sindicatos y colectivos profesionales han recurrido a los tribunales contra los Gobiernos central y auton¨®micos para pedir que adopten medidas cautelar¨ªsimas, una f¨®rmula utilizada para que los jueces tomen una decisi¨®n urgente salt¨¢ndose los tr¨¢mites habituales que obligan a escuchar a las partes. Este mismo mi¨¦rcoles se conocieron m¨¢s resoluciones, como la del Tribunal Superior de Andaluc¨ªa, que rechaz¨® la exigencia de CSIF de que la Junta dotase de medios de protecci¨®n a los profesionales de la sanidad en menos de 24 horas.

Tambi¨¦n ha habido desmarques: sendos juzgados de lo Social de Soria y ?vila mantuvieron las medidas cautelar¨ªsimas e instaron a la Administraci¨®n regional a dotar en 72 horas a los sanitarios de todo el material exigido. E incluso correcciones: una juez de lo Social de Madrid rectific¨® y, tras ordenar en un primer momento a la Consejer¨ªa de Sanidad que proveyese de material en 24 horas, acept¨® despu¨¦s las alegaciones del Gobierno auton¨®mico y concluy¨® que los equipos de protecci¨®n solo deb¨ªan aportarse cuando se tuviesen. Eso s¨ª, ¡°en el mismo instante en el que los reciban¡±, incidi¨®.

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