La magistratura carga contra Marlaska
Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces piden medidas tras las ¡°injerencias¡± del ministro
Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del pa¨ªs han cargado este martes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, despu¨¦s de que se publicase un documento reservado donde se indica que se destituy¨® al coronel Diego P¨¦rez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil por ¡°p¨¦rdida de confianza¡± al ¡°no informar del desarrollo de investigaciones y actuacione...
Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del pa¨ªs han cargado este martes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, despu¨¦s de que se publicase un documento reservado donde se indica que se destituy¨® al coronel Diego P¨¦rez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil por ¡°p¨¦rdida de confianza¡± al ¡°no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Polic¨ªa Judicial, con fines de conocimiento¡±. Los colectivos de magistrados, que piden que se tomen medidas tras la pol¨¦mica, consideran que la actuaci¨®n del miembro del Gobierno supone un ataque a ¡°la separaci¨®n de poderes¡±.
La conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado donde se?ala que el mencionado documento reservado revela que ¡°fue la negativa del coronel a incumplir la ley lo que motiv¨® su cese¡±. Seg¨²n la versi¨®n de P¨¦rez de los Cobos, antes de comunicarle su salida del puesto, varios cargos de Interior le telefonearon el domingo 24 de mayo para preguntarle por un informe que agentes de su Comandancia hab¨ªan enviado a la juez Carmen Rodr¨ªguez-Medel, que investiga las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la expansi¨®n del coronavirus ¡ªentre ellas, la marcha feminista del 8-M¡ª. Seg¨²n fuentes del entorno del coronel, ¨¦l les comunic¨® que desconoc¨ªa los detalles y les inform¨® de que tampoco podr¨ªa facilitar datos porque, en estas pesquisas, el instituto armado act¨²a como Polic¨ªa Judicial. Pese a ello, a continuaci¨®n, le transmitieron que quedaba cesado.
Grande-Marlaska, que en un primer momento neg¨® que esta destituci¨®n se encontrase relacionada con el caso 8-M, mantiene que nunca le solicitaron a P¨¦rez de los Cobos datos sobre la investigaci¨®n. Una versi¨®n que no se creen tres de las cuatro principales asociaciones judiciales ¡ªtodas, excepto la progresista Juezas y Jueces para la Democracia¡ª. ¡°La decisi¨®n del ministro de Interior, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho¡±, se?ala la APM, que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ¡°adopte las medidas necesarias para proteger y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna¡±.
En la misma l¨ªnea se ha pronunciado la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en representaci¨®n. Seg¨²n ha se?alado este colectivo, que ha pedido el cese o la dimisi¨®n del ministro, Marlaska ha ¡°perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo¡± y recuerda que es juez de carrera. ¡°Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar as¨ª¡±.
Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociaci¨®n en n¨²mero de adscritos, considera que los ¡°hechos son muy graves¡±. ¡°El ministro ha mentido y ha atentado contra la separaci¨®n de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en ¨²ltima instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte¡±. Este colectivo pide que se impulsen reformas que ¡°pongan fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la pol¨ªtica, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricci¨®n o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial¡±.