El Supremo pide opini¨®n a la Fiscal¨ªa sobre 51 querellas y denuncias contra el Gobierno por la gesti¨®n de la crisis de la covid-19

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscal¨ªa que d¨¦ su opini¨®n sobre 51 denuncias y querellas presentadas desde la declaraci¨®n del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la crisis del coronavirus. Seg¨²n la informaci¨®n difundida este jueves por la Sala de lo Penal, hasta el momento se han tramitado 36 denuncias (que se?al...

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscal¨ªa que d¨¦ su opini¨®n sobre 51 denuncias y querellas presentadas desde la declaraci¨®n del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la crisis del coronavirus. Seg¨²n la informaci¨®n difundida este jueves por la Sala de lo Penal, hasta el momento se han tramitado 36 denuncias (que se?alan hechos presuntamente delictivos) y 15 querellas (dirigidas contra miembros por una conducta supuestamente criminal). Una vez que el fiscal informe, el tribunal decidir¨¢ sobre cada una de ellas.

La sala le ha pedido al ministerio p¨²blico que se pronuncie tanto sobre la competencia, como sobre el fondo de las denuncias y las querellas y sobre la posibilidad de acumular algunas de ellas que se centran en los mismos hechos. Desde que el pasado 14 de marzo se declar¨® el estado de alarma el Supremo ha registrado un goteo de denuncias contra el Gobierno formuladas por partidos (sobre todo Vox), sindicatos y asociaciones profesionales, de consumidores o de abogados a t¨ªtulo particular, pero tambi¨¦n de familiares de v¨ªctimas de la covid-19.

Hasta ahora el tribunal no hab¨ªa movido ficha y se ha dedicado a revisar y organizar las denuncias y las querellas que iban llegando. En el caso de las querellas presentadas por asociaciones, el tribunal ha pedido como hace siempre una fianza (habitualmente de 12.000 euros) para poder seguir adelante con la acusaci¨®n. Entre los miembros del Ejecutivo se?alados est¨¢n el presidente, Pedro S¨¢nchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero hay tambi¨¦n algunas que apuntan a otros ministros o a altos cargos como el director Centro de Coordinaci¨®n de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sim¨®n.

Las denuncias ponen el foco en distintos hechos y decisiones del Gobierno, desde la supuesta tardanza en actuar para declarar el estado de alerta, a si el Ejecutivo ha aplicado de forma correcta esta figura, la decisi¨®n de no suspender manifestaciones en los primeros d¨ªas de marzo (como la marcha feminista del 8-M) o la falta de equipos y material de protecci¨®n frente al virus para profesionales de distintos sectores, especialmente el sanitario.

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