Los cinco jueces que decidir¨¢n si se investiga a Pablo Iglesias
El pasado mi¨¦rcoles el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n envi¨® al alto tribunal una exposici¨®n razonada en la que apreciaba que hay indicios suficientes para citar a Iglesias
Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deber¨¢n decidir si se abre una investigaci¨®n contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por revelaci¨®n de secretos, da?os inform¨¢ticos y denuncia falsa en el llamado caso Dina. El pasado mi¨¦rcoles el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n envi¨® al alto tribunal una exposici¨®n razonada en la que apreciaba que hay indicios suficientes para citar a Iglesias como imputado por supuestamente apoderarse durante meses de una tarjeta de tel¨¦fono m¨®vil que hab¨ªa sido robada a su colaboradora Dina Bous...
Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deber¨¢n decidir si se abre una investigaci¨®n contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por revelaci¨®n de secretos, da?os inform¨¢ticos y denuncia falsa en el llamado caso Dina. El pasado mi¨¦rcoles el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n envi¨® al alto tribunal una exposici¨®n razonada en la que apreciaba que hay indicios suficientes para citar a Iglesias como imputado por supuestamente apoderarse durante meses de una tarjeta de tel¨¦fono m¨®vil que hab¨ªa sido robada a su colaboradora Dina Bousselham y parte de cuyo contenido hab¨ªa sido publicado en el digital OK Diario.
El juez Garc¨ªa-Castell¨®n considera que los pantallazos de conversaciones de dirigentes de Podemos que fueron publicados por ese medio digital fueron enviados a alguien por Bousselham en una ¨¦poca anterior a la sustracci¨®n de su tel¨¦fono, y que Pablo Iglesias y los l¨ªderes de Podemos usaron la denuncia del robo para hacerse pasar por v¨ªctimas de las cloacas policiales que se investigan en el caso Villarejo.
La Sala de Admisi¨®n del Supremo est¨¢ formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, Andr¨¦s Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. Estos son sus perfiles.
- Andr¨¦s Palomo. El ponente. Andr¨¦s Palomo (1954) ingres¨® en la carrera judicial en 1981 y pertenece desde hace seis a?os a la Sala de lo Penal. El encargado de redactar el auto de admisi¨®n, o no, de la causa contra Pablo Iglesias, no est¨¢ afiliado a ninguna asociaci¨®n judicial. Entre 1998 y 2004 fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y antes ejerci¨® en Salamanca y Extremadura.
- Andr¨¦s M. Arrieta. El veterano. Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta (1955) es el magistrado m¨¢s veterano de la sala de admisi¨®n: ingres¨® en la carrera en 1979 y en el Supremo en 1998. En ese momento fue el magistrado m¨¢s joven en acceder al alto tribunal. Afiliado a la centrista Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, Arrieta presidi¨® la sala que recientemente confirm¨® la inhabilitaci¨®n del expresidente catal¨¢n Quim Torra.
- Ana Ferrer. Pionera progresista. La magistrada Ana Ferrer (1959) fue la primera mujer en convertirse en magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo (2014). Afiliada a Juezas y Jueces por la Democracia, Ferrer fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y es vocal permanente de la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n, ¨®rgano que asesora al ministro de Justicia en la preparaci¨®n de leyes.
- Manuel Marchena. El presidente. Tras dirigir el juicio del proc¨¦s, cuya sentencia tambi¨¦n redact¨®, es, quiz¨¢, el magistrado m¨¢s conocido de Espa?a. Marchena (1959), fiscal de carrera, ingres¨® en la Sala de lo Penal del Supremo en 2007 y alcanz¨® la presidencia en 2014. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. No pertenece a ninguna asociaci¨®n judicial.
- Eduardo de Porres. El m¨¢s reciente. El magistrado Eduardo de Porres accedi¨® en julio de 2018 a la Sala de lo Penal para cubrir la plaza que dej¨® C¨¢ndido Conde-Pumpido al pasar al Tribunal Constitucional. De Porres, que fue abogado antes de ingresar en la carrera en 1986, fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y acumula una amplia experiencia docente en materia de derecho procesal.