Nuevo procesamiento al expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Alfonso Rus, del PP
El juez acusa al que fuera presidente provincial popular, al ¡®yonki del dinero¡¯ y a seis personas m¨¢s por tr¨¢fico de influencias en la desaparecida empresa Imelsa en otra pieza del caso Taula
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 18 de Valencia ha dictado auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputaci¨®n Provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, y otros sei...
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 18 de Valencia ha dictado auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputaci¨®n Provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, y otros seis investigados m¨¢s en el marco de la pieza separada D del caso Taula, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicaci¨®n y prestaci¨®n de un servicio de atenci¨®n telef¨®nica. La empresa Imelsa ten¨ªa como objetivo la promoci¨®n, ayuda y participaci¨®n en actividades econ¨®micas, empresariales y sociales para el desarrollo socioecon¨®mico de la provincia de Valencia.
Se trata del segundo procesamiento en dos d¨ªas para Rus, ya que este martes se hizo p¨²blico que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Valencia le proces¨® junto a otras 25 personas m¨¢s por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas p¨²blicas Imelsa y Ciegsa, tambi¨¦n dentro del caso Taula dentro de la pieza tambi¨¦n denominada de los zombis, en alusi¨®n a la presunta contrataci¨®n de trabajadores que, en realidad, no trabajaban.
Seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el magistrado considera que la instrucci¨®n acredita, sin perjuicio de ulterior calificaci¨®n, la posible comisi¨®n de delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n administrativa, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude en la contrataci¨®n, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra Marcos Benavent, dos funcionarios de la Diputaci¨®n ¡ªque establecieron las puntuaciones para la adjudicaci¨®n¡ª, dos empresarios ¡ªuno de ellos, administrador de la adjudicataria¡ª y la esposa y la cu?ada de uno de ellos. En cambio, acuerda el sobreseimiento libre para un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el ex diputado provincial Rafael P¨¦rez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones.
El auto, que puede ser recurrido, declara concluida la investigaci¨®n y da un plazo de veinte d¨ªas a la Fiscal¨ªa para que solicite el sobreseimiento, la apertura de juicio oral o la pr¨¢ctica de nuevas diligencias.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa p¨²blica de la Diputaci¨®n de Valencia, adjudic¨® a Servimun S. L. el contrato para la prestaci¨®n de servicios a trav¨¦s de un centro de atenci¨®n multicanal (telef¨®nica y telem¨¢tica) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporaci¨®n provincial la gesti¨®n y recaudaci¨®n tributaria.
De acuerdo con la informaci¨®n recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibi¨® de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
En su declaraci¨®n ante la Guardia Civil en junio de 2015, seg¨²n consta en el auto, el arrepentido Benavent asegur¨® que a trav¨¦s de Imelsa se adjudic¨® ¡°a dedo¡± ¡ªposteriormente aclar¨® que de forma ¡°ama?ada¡±¡ª el call center a Servimun y que fue su exsuegro el que actu¨® de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa p¨²blica quien articul¨® el procedimiento para posibilitar esa adjudicaci¨®n.
El juez considera que pudo existir ¡°un prop¨®sito deliberado de adjudicar un contrato para la prestaci¨®n del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de de desviar y malgastar los recursos p¨²blicos¡±.
Esta conclusi¨®n, seg¨²n el auto, se fundamenta entre otros motivos en la ¡°relaci¨®n de vecindad y amistad¡± entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D. I., y el empresario Jos¨¦ Mariano L. S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y ten¨ªa un ¡°conocimiento estrecho¡± de Alfonso Rus.
Jos¨¦ Mariano L. S. percibi¨® unos 150.000 euros de Servimun S. L. a trav¨¦s de una sociedad mercantil, T¨¦cnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cu?ada. El juez considera ¡°evidente¡± que si el administrador de Servimun SL, Fernando Jos¨¦ P.Z., pag¨® tal cantidad al anterior es porque ¨¦ste ¡°alg¨²n favor le deb¨ªa¡± en relaci¨®n con el contrato, ¡°muy probablemente por actuar de conseguidor¡± ante el entonces presidente de la Diputaci¨®n o Salvador D.I.
De hecho, el juez detalla que la adjudicataria opt¨® al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibi¨® m¨¢s puntos aunque luego no lleg¨® a materializarlas. Por ejemplo, expone que el servicio desde el inicio y durante toda la duraci¨®n del contrato fue realizado por no m¨¢s de ocho agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestaci¨®n durante las ma?anas del s¨¢bado solo se llev¨® a cabo durante el primer mes y nunca se implant¨® un soporte t¨¦cnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones sino que todo el soporte t¨¦cnico corri¨® a cargo de personal de Imelsa, entre otros incumplimientos.
Un informe del Servicio Jur¨ªdico de Divalterra, empresa heredera de Imelsa, reflej¨® que delas 990.000 intervenciones telef¨®nicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de atenci¨®n telef¨®nica se recibieron ¨²nicamente 264.847 llamadas de las que ¨²nicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas.
Cierre de Divalterra, heredera de Imelsa
Este martes, el presidente de la Diputaci¨®n de Valencia, el socialista Toni Gaspar, anunci¨® el ¡°cierre ordenado y definitivo¡± de Divalterra, la empresa p¨²blica heredera de Imelsa, y avanz¨® que convocar¨¢ ¡°cuanto antes¡± una Junta General en la que se destituir¨¢ a los miembros del Consejo y se nombrar¨¢ a los liquidadores, paso previo a la disoluci¨®n, liquidaci¨®n y extinci¨®n de la empresa p¨²blica.
Gaspar dijo que esta medida ¡°permitir¨¢ la ¨²nica obsesi¨®n que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de Gobierno de la Diputaci¨®n, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra¡±. La anterior Imelsa est¨¢ inmersa en varios procesos de corrupci¨®n y enchufismo y Dilvalterra tambi¨¦n se situ¨® en el ojo del hurac¨¢n en el caso Alquer¨ªa, por el que el juez ha dictado apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Jorge Rodr¨ªguez, que fue expulsado del PSOE, y m¨¢s de una decena de excargos socialistas y de Comprom¨ªs en la corporaci¨®n provincial, por supuesta prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsedad en al contrataci¨®n de trabajadores afines a ambos partidos. El fiscal pide ocho de c¨¢rcel para Rodr¨ªguez, actual alcalde de Ontinyent, tras montar su propio partido.