¡°Objetivo: sustracci¨®n de pruebas¡±. El relato del juez sobre la operaci¨®n para salvar al PP
Recorrido por dos a?os de investigaci¨®n sobre la trama policial Kitchen financiada con fondos p¨²blicos para espiar ilegalmente a B¨¢rcenas
Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupci¨®n de una amplia gama de colores pol¨ªticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que hab¨ªa usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operaci¨®n secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupci¨®n...
Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupci¨®n de una amplia gama de colores pol¨ªticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que hab¨ªa usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operaci¨®n secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupci¨®n del partido que gobernaba en esos momentos en Espa?a.
Fue ese a?o 2019 cuando la investigaci¨®n del caso T¨¢ndem, la mafia policial dirigida por el comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo que oper¨® durante 20 a?os en Espa?a cometiendo todo tipo de abusos e ilegalidades, destap¨® una operaci¨®n dise?ada en 2013 desde el Ministerio del Interior para obstruir la investigaci¨®n judicial de la financiaci¨®n ilegal del PP. Una actividad ilegal pagada con dinero p¨²blico, ejecutada por funcionarios policiales y pensada para evitar que el Estado de Derecho pudiera combatir la corrupci¨®n pol¨ªtica, seg¨²n la investigaci¨®n judicial.
El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, que instruye el caso desde hace m¨¢s de dos a?os, resumi¨® el contenido de las pesquisas desarrolladas hasta ahora en un auto firmado el pasado 31 de mayo, en el que denegaba una serie de diligencias que ped¨ªa la Fiscal¨ªa. Su relato es el que sigue:
Una trama para robar material sensible. ¡°La trama, desde la provisionalidad de este momento procesal, puede afirmarse que habr¨ªa consistido en la captaci¨®n y manipulaci¨®n de Sergio Javier R¨ªos Esgueva, a la saz¨®n conductor de Rosal¨ªa Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP, Luis Francisco B¨¢rcenas Guti¨¦rrez, como colaborador informante del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, para obtener de dicho colaborador, en cuanto persona de la m¨¢xima confianza del matrimonio, informaci¨®n concreta sobre el lugar en el que Luis B¨¢rcenas y su esposa ocultar¨ªan material documental, relacionado con el referido partido pol¨ªtico y altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribuci¨®n mensual con cargo a gastos reservados y el acceso de Sergio Javier R¨ªos Esgueva al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa a modo de recompensa, con el fin de acceder a dicho material antes de que fuera conocido por la autoridad judicial en la investigaci¨®n que se llevaba a cabo en el seno de la pieza separada de las diligencias previas 275/08 del juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional¡±.
El juez se atreve a afirmar, indiciariamente, que la operaci¨®n policial se pag¨® con fondos reservados, incluy¨® regalar un puesto de funcionario en la polic¨ªa al confidente y consisti¨® en robar documentaci¨®n, ¡°antes de que fuera conocida¡± por el juez que investigaba la financiaci¨®n ilegal del PP. Todo esto ocurri¨® cuando gobernaba el PP con mayor¨ªa absoluta y, por tanto, controlaba el ministerio desde donde presuntamente se ejecut¨® la operaci¨®n.
Participaci¨®n de comisarios. ¡°Las actuaciones practicadas en el seno de la presente pieza separada n¨²mero 7 vienen acreditando, con car¨¢cter indiciario, la participaci¨®n de distintos funcionarios policiales, ya formalmente investigados¡±, prosigue el juez. ¡°Por lo que respecta a este marco exclusivamente policial, la puesta en marcha de esta il¨ªcita operaci¨®n policial se habr¨ªa producido en el ¨¢mbito de la Direcci¨®n Adjunta Operativa (DAO) a cargo por entonces del investigado Eugenio Pino S¨¢nchez¡±. Este, ¡°con abuso de sus funciones¡±, se?ala Garc¨ªa Castell¨®n, habr¨ªa encomendado la operaci¨®n a Marcelino Mart¨ªn Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, a los comisarios Enrique Garc¨ªa Casta?o, Jos¨¦ Manuel Villarejo y Andr¨¦s G¨®mez Gordo. El objetivo era ¡°obtener ¡®del cocinero¡¯ o ¡®K2¡¯, esto es Sergio Javier R¨ªos Esgueva, a cambio de la entrega mensual de 2.000 euros m¨¢s gastos procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, informaci¨®n que les permitiera sustraer de alg¨²n lugar cerrado al que definen como ¡®zulo¡¯ documentaci¨®n comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesi¨®n de Luis B¨¢rcenas Guti¨¦rrez y de su esposa Rosal¨ªa Iglesias Villar¡±.
Dinero desviado de los fines legales. ¡°Los comisarios tuvieron conocimiento de la denominada Operaci¨®n Kitchen as¨ª como de su car¨¢cter il¨ªcito al tener como objetivo la sustracci¨®n de pruebas de un procedimiento judicial y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que ser¨ªan de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorizaci¨®n y uso¡±, dice el juez.
Pol¨ªticos imputados por mensajes cruzados
El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha imputado en la pieza separada n¨²mero 7 del caso T¨¢ndem, que investiga la denominada Operaci¨®n Kitchen, a todos los funcionarios policiales citados en su relato judicial. Pero tambi¨¦n a varios dirigentes del Gobierno de Mariano Rajoy ¡ªlos que fueran ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez; y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez¡ª y del Partido Popular ¡ªMar¨ªa Dolores de Cospedal, secretaria general en aquellos a?os¡ª.
En el caso de los dos m¨¢ximos responsables pol¨ªticos del Ministerio del Interior, el juez tiene varios indicios para culparles de la operaci¨®n: el testimonio de los polic¨ªas y los mensajes telef¨®nicos cruzados entre el ministro y el secretario de Estado. Jorge Fern¨¢ndez niega que los mensajes que supuestamente envi¨® y que le inculpan salieran de su tel¨¦fono m¨®vil, algo imposible de comprobar porque no ha aportado ese aparato a la causa. Mart¨ªnez, que le acusa, levant¨® acta notarial de su tel¨¦fono para probar que los mensajes eran reales.