Dos magistrados progresistas y uno conservador decidir¨¢n si el aval de la Generalitat es legal

La Sala de Justicia que tomar¨¢ la decisi¨®n definitiva sobre el aval de la Generalitat a los 34 exaltos cargos y funcionarios a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros estar¨¢ compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primera instancia, es la delegada instructora del expediente, Esperanza Garc¨ªa, la que tiene que admitir o no las f¨®rmulas que le propongan las defensas para aseguramiento de dicha cantidad. Pero su deci...

La Sala de Justicia que tomar¨¢ la decisi¨®n definitiva sobre el aval de la Generalitat a los 34 exaltos cargos y funcionarios a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros estar¨¢ compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primera instancia, es la delegada instructora del expediente, Esperanza Garc¨ªa, la que tiene que admitir o no las f¨®rmulas que le propongan las defensas para aseguramiento de dicha cantidad. Pero su decisi¨®n es recurrible ante la Sala de Justicia del tribunal, compuesta por su presidente, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano ¨Cnombrado a propuesta del PP-, Mar¨ªa Antonia Lozano ¨Cdesignada por iniciativa de IU- y Felipe Garc¨ªa Ort¨ªz, propuesto por el PSOE.

Es muy probable que la delegada instructora no tome decisi¨®n alguna hasta finales de julio, ya que el plazo que tienen los investigados para afianzar la mencionada suma termina el pr¨®ximo d¨ªa 21, y lo m¨¢s habitual en estos procesos es que se agote el plazo. Una vez hecha la propuesta sobre la f¨®rmula de aseguramiento de la cantidad reclamada, la instructora del expediente no tiene un l¨ªmite de tiempo concreto para decidir sobre la admisibilidad o no del aval que desea presentar la Generalitat. Por pronto que lo resuelva, el Tribunal de Cuentas estar¨¢ en puertas de un per¨ªodo inh¨¢bil, el del mes de agosto, seg¨²n sus normas de funcionamiento. Por tanto, la resoluci¨®n de cualquier recurso que pueda presentarse ¨Cy lo habr¨¢ con toda seguridad- no se llevar¨ªa a cabo hasta septiembre pr¨®ximo.

Felipe Garc¨ªa Ortiz, uno de los integrantes de la Sala de Justicia que deber¨ªa resolver sobre este asunto ya formul¨® una abierta cr¨ªtica a los resultados de la investigaci¨®n preliminar relativa a los gastos de la Generalitat en acci¨®n exterior. Garc¨ªa Ortiz se quej¨® por escrito de la amplitud del informe elaborado a este respecto y de que las reiteraciones en la exposici¨®n lleven a que ¡°no se pueda inferir de forma concreta ni el n¨²mero ni la cuant¨ªa de las deficiencias e irregularidades que se denuncian y que, por tanto, se pueda estar ofreciendo una visi¨®n aumentada, no objetiva y ponderada de las mismas¡±.

Al margen de la postura que adopte la Fiscal¨ªa sobre el aval, si este mecanismo es aceptado, la impugnaci¨®n proceder¨¢ de Societat Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constituci¨®n, que participan en el proceso como acci¨®n popular. Y si la propuesta por la Generalitat fuera rechazada, ser¨ªan los implicados que hubieran aceptado acogerse a la mencionada f¨®rmula de afianzamiento los que presentar¨ªan recurso, para que les dejaran pagar por esta v¨ªa. Por un camino u otro, en definitiva, la impugnaci¨®n sobre el aval llegar¨¢ a la Sala de Justicia, que resolver¨¢ definitivamente sobre el asunto.

El caso se simplificar¨ªa mucho, por tanto, si antes del pr¨®ximo mes de septiembre la Generalitat puede haber despejado las dudas que existen sobre la legalidad del aval que pretende utilizar. Ello evitar¨ªa el recurso del Gobierno, que de presentarse supondr¨¢ muy probablemente la suspensi¨®n del decreto ley del Govern hasta que el Constitucional decida sobre el fondo de la cuesti¨®n, es decir, sobre si la iniciativa incurre o no en motivos de inconstitucionalidad.

En medios del propio Tribunal de Cuentas se admite que la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para eliminar de la iniciativa todo rastro de ilegalidad ¨Cderivada del uso indebido de fondos p¨²blicos para el aval¨C aliviar¨ªa mucho el peso y las consecuencias que este procedimiento pueda suponer para los magistrados. En el tribunal ha llamado la atenci¨®n, en este sentido, que el l¨ªder del PP, Pablo Casado, haya advertido de la posibilidad de pedir la inhabilitaci¨®n de los funcionarios que contribuyan a dar viabilidad a la propuesta de la Generalitat, por considerarla manifiestamente contraria a la ley, al suponer un uso indebido de fondos p¨²blicos para defender a personas a las que se acusa de haber desviado dinero asimismo p¨²blico con un fin il¨ªcito, como buscar apoyo internacional al proc¨¦s.